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El saqueo a la obra más cara del país empezó en el norte en 2018

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Con 11 imputados, 327 caños recuperados y un prófugo la causa federal abierta en Salta por el desmantelamiento del Gasoducto NEA (GNEA) aún tiene muchos puntos oscuros y responsables que permanecen en las sombras. Uno de ellos es Adrián Antonio Vera, quien desde la clandestinidad sigue saqueando caños de Enarsa, ahora en la zona de Cañuelas (Buenos Aires), con camionetas robadas y maquinarias rentadas con cheques falsos.

La organización ilícita que tiene a Vera como pieza clave se aceitó mucho antes de que el intendente Jorge Prado asumiera el cargo en Aguaray y dictara la controvertida resolución 1.215, con la que el 23 de diciembre de 2019 dejó en manos de la banda mendocina 35 kilómetros de la obra de interconexión regional más cara del país en la fronteriza jurisdicción municipal del departamento San Martín.

De acuerdo con nuevos elementos que resaltan en la investigación que dirige el fiscal general del distrito Salta, Eduardo Villalba, el saqueo comenzó en el norte a mediados de 2018, ni bien el gobierno de Mauricio Macri dio por caída la licitación nacional que apuntaba a reactivar las obras en el tramo salteño de 230 kilómetros que la empresa Servicios Vertúa había abandonado, en diciembre de 2015, con un avance del 48%, en medio de conflictos sociales y denuncias cruzadas.

En la audiencia judicial del pasado martes, en la que Villalba y los fiscales José Luis Bruno (Orán) y Marcos Romero (Tartagal) ampliaron los cargos contra Prado y otros diez acusados ante el juez Gustavo Montoya, el fiscal general aludió, de pasada, a algunas denuncias "indolentes". Estas, según constancias documentales, fueron presentadas por inspectores de obra de la empresa pública Enarsa (hoy Ieasa) mucho antes de que la resolución 1.215 se prestara como paraguas para que cientos de caños del GNEA atravesaran controles camineros de cinco provincias y terminaran reducidos, desde chatarrerías de Buenos Aires, en el mercado negro.

El prófugo Adrián Vera, saqueando un gasoducto de Buenos Aires con total impunidad.

Las 19 denuncias que pudieron haber evitado el descomunal saqueo de los caños, valuados en 5.000 dólares cada uno, tuvieron más de un aspecto llamativo. Todas fueron realizadas por "inspectores de obras" de la empresa nacional de energía, cuando el estado de paralización que presentaba el proyecto desde fines de 2015 recomendaba pedir el resguardo de los costosos tubos a las "fuerzas federales" de seguridad.

Más curioso aun es que, lejos de ser presentadas en destacamentos de Gendarmería Nacional, fueron radicadas en seccionales de la Policía de Salta que carecían de recursos para poder intervenir ante los hechos denunciados. Por esa elemental razón, desde septiembre de 2018 hasta el 12 de noviembre, cuando casualmente se toparon con un camión varado con caños cerca de Alto la Sierra, efectivos policiales no recuperaron un solo tubo ni pudieron detener a un implicado.

La primera de aquellas indolentes denuncias se radicó el 20 de septiembre de 2018 en la comisaría 46 de Aguaray. En la misma seccional, a lo largo de 2019, hubo una docena de presentaciones el 20 y 27 de junio; el 1 y 30 de julio; el 5, 16, 22 y 28 de agosto; el 15 de octubre; el 15 y 20 de noviembre. A comienzos de año, antes de que Gendarmería secuestrara los primeros 30 caños en Aguaray, alertada por el funcionario provincial Adrián Zigarán, ingresaron a la comisaría de esa localidad tres denuncias más el 15, 20 y 28 de enero.

Otras dos denuncias se radicaron en la comisaría 44 de Morillo el 29 de mayo y el 10 de junio, mientras que la comisaría de Tartagal recibió otra el 27 de octubre de 2019.

Ante los hechos una doble pregunta es inevitable: ¿por qué funcionarios de Ieasa (Enarsa), sabiendo que los caños son del Estado nacional, radicaron las denuncias en destacamentos policiales ubicados lejos del trazado del Gasoducto? ¿No era más lógico presentar las denuncias en Gendarmería para parar el saqueo?

Impunidad

Desde 2018, el prófugo Vera había comandado robos en gasoductos de Chubut, La Pampa y Catamarca. Antes de recalar en Salta había sido detenido en La Pampa y Santa Fe, pero salió en días con insólitos beneficios y vistas gordas. El saqueo al GNEA, sin dudas, contó con complicidades políticas, policiales y judiciales que esperan ser esclarecidas ante una sociedad que está harta de ver corrupción en distintos niveles institucionales.

 

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