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Elaboran un planteo legal para que la Iglesia entregue datos sobre abuso eclesiástico

Elaboran un planteo legal para que la Iglesia entregue datos sobre abuso eclesiástico

La Fiscalía General busca declarar ilegal un concordato papal firmado por la Argentina y el Vaticano en 1966. La decisión es a raíz de las acusaciones de abuso sexual que pesan contra el sacerdote José Carlos Aguilera, caso en el que la Iglesia no entregó la información solicitada. 

El Procurador General de Salta, Abel Cornejo, elabora un planteo legal para declarar inconstitucional un concordato papal firmado por la Argentina y el Vaticano en 1966, el acuerdo en el que desde entonces se ampara la Iglesia para negarse a entregar a la justicia las investigaciones canónicas sobre pedofilia.

"Esta procuración tiene una postura muy firme, acá no hay códigos paralelos, la Iglesia es una institución de derecho público y como tal tiene una obligación mayor, no se trata de colaborar sino de proporcionar las pruebas que tiene en su poder", dijo el fiscal general a Télam.

Cornejo, quien asumió el pasado 16 de mayo, explicó que presentará un nuevo requerimiento de prueba en el que se pedirá la inconstitucionalidad del concordato, cuya nulidad reclaman víctimas de abusos de religiosos católicos y dos organizaciones no gubrenamentales (ONG) internacionales.

El concordato, firmado durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía (1966-1970), le reconoce a la Iglesia una "jurisdicción" sobre la Argentina.

Aunque el texto no especifica hasta dónde llega esa jurisdicción, lo concreto es que cada vez que la Justicia pidió acceso a investigaciones canónicas en casos de abusos cometidos por religiosos chocó con la negativa del Vaticano.

La decisión de Cornejo de pedir la ilegalidad del acuerdo de 1966 responde a la negativa del arzobispado de Salta a entregar las pruebas que haya recolectado en el proceso canónico que se le sigue al sacerdote José Carlos Aguilera por abuso sexual "gravemente ultrajante, agravado por ser ministro de culto", delito que investiga la justicia salteña.

A fines de abril pasado, la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Salta, María Luján Sodero Calvet, había pedido la documentación al arzobispado salteño, que respondió que la solicitud debía hacerse al Vaticano. 

El vocero del arzobispado salteño, el padre Loyola Pinto y de Sancristóval, explicó a Télam que "se contestó que ha de pedir las actas al dueño, que es la Congregación de la Doctrina de la Fe", organismo vaticano encargado de investigar casos de abuso eclesiástico.

"Desde un principio el obispado ha tratado de influir en la investigación", se lamentó Sodero Calvet al ser consultada por Télam. 

Entre las irregularidades, la fiscal salteña mencionó que el obispado se negó a dar a las víctimas una copia de su propia declaración ante los encargados de la investigación canónica.

"Todas las personas tienen derecho a saber qué es lo que están declarando, y es absolutamente falso el argumento de que lo hacen para cuidar la identidad de las víctimas", subrayó.

Aguilera está detenido con el beneficio de prisión domiciliaria y sin tobillera electrónica, a pesar de los reclamos de Sodero Calvet, quien sostiene que el sacerdote busca presionar a las víctimas intentando comunicarse con ellas o sus familias.

Hasta ahora, Aguilera se negó a un careo con las víctimas y tampoco aceptó someterse a pericias psicológicas.

La Justicia salteña no autorizó un allanamiento en el arzobispado, a cargo Mario Cargnello, como pidió la fiscal.

Además de Aguilera, los sacerdotes salteños denunciados por abuso son Emilio Lamas, Agustín Rosas, Nicolás Parma, Néstor Aramayo, Abel Balbi y el ex obispo de Orán Gustavo Zanchetta, quien por orden del papa Francisco fue trasladado al Vaticano. 

Los sacerdotes Lamas y Rosas afrontan causas penales.

"Son hechos aberrantes que no pueden quedar impunes y la Justicia debería tener una postura más clara en este sentido, esto está por encima de cualquier acuerdo firmado con el Vaticano", señaló el fiscal general Cornejo.

La causa penal contra Aguilera se inició a fines del año pasado, cuando dos jóvenes pidieron declarar bajo identidad reservada y el sacerdote estaba a cargo de la Pastoral de la Universidad Católica de Salta.