Gremios y empresas no consensuaron este jueves un aumento en el salario mínimo, vital y móvil que establezca un nuevo piso de remuneraciones laborales por lo que la Secretaría de Trabajo lo determinará por decreto ante la falta de acuerdo. El nuevo monto tendrá además un impacto fiscal, ya que modifica el valor de algunos programas sociales clave como el Potenciar Trabajo o las Becas Progresar.

De la reunión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, que se realizó de manera virtual, participaron autoridades de la cartera laboral que dirige Omar Yasín, representantes de cámaras como la Unión Industrial Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y dirigentes gremiales que pertenecen a la CGT, y las dos CTA. Cerca de las 19.30 fuentes oficiales confirmaron a Infobae que no hubo acuerdo y que la Secretaría de Trabajo laudaría a través de una resolución una cifra nueva a partir de febrero. La CGT, por caso, reclamaba un incremento desde $156.000 hasta $288.600.

“Rompiendo una larga tradición de dialogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo”, dijo la CGT en un comunicado.

“El Gobierno evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad, los empresarios encabezados por la Unión Industrial Argentina fueron complacientes con esa estrategia y no formularon ninguna propuesta. Los mismos empresarios que en la OIT defienden el diálogo social y los consensos colectivos como herramienta fundamental para el desarrollo económico y social del país, hoy borraron con los hechos lo que pregonan con palabras en los foros internacionales”, cuestionaron desde la central obrera. “La irresponsabilidad social puesta de manifiesto hoy por la Secretaría de Trabajo no hace más que confirmar la absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos”, concluyeron.

En términos prácticos la actualización del piso remunerativo tiene mayor influencia en el gasto del propio Estado que en el mercado laboral privado, pues hay varias prestaciones sociales que otorga el Poder Ejecutivo atadas al valor del salario mínimo, mientras que la mayoría de los convenios colectivos de trabajo ya tienen salarios que superan el SMVM.

El SMVM se toma como referencia para cinco programas sociales. Uno de ellos es “Potenciar Trabajo”, que equivale al 50% de un salario mínimo. También se verá afectada la Prestación por desempleo, cuyo valor será a partir de octubre equivalente al 75% de un SMVM. Influye también en el Programa Acompañar (beneficios para mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género). Las beneficiarias de ese plan perciben el total de una remuneración mínima.

Por otro lado, el salario mínimo sirve como tope para otros programas administrados por Anses. Es el caso de las Becas Progresar. La reglamentación establece que para acceder al subsidio, el grupo familiar del solicitante no debe superar los tres pisos remunerativos.

Un cambio en el salario mínimo también impacta en parte del sistema previsional. Es el caso de las jubilaciones de personas que completen los 30 años de aportes: sus haberes deberán ser como mínimo equivalentes al 82% del salario mínimo, vital y móvil.

El gasto social forma parte de las erogaciones que el ministro de Economía Luis Caputo busca recortar en el marco de su plan de ajuste fiscal para llegar este año al déficit cero. La parte que corresponde a programas sociales -principalmente el Potenciar Trabajo- implicaría según la hoja de ruta del Palacio de Hacienda, unos 0,4% del PBI, que equivalen a $750.000 millones.

Fuente: Infobae