El fraude detectado en prestaciones oftalmológicas del PAMI no solo expone un esquema de corrupción en prestadores médicos: también deja al descubierto fallas estructurales de conducción política y control estatal.

Quién tiene la responsabilidad directa

En términos institucionales, la primera responsabilidad recae sobre la conducción del organismo. El PAMI depende del Poder Ejecutivo Nacional, hoy encabezado por Javier Milei, y su gestión operativa está en manos de sus autoridades designadas.

Esto implica tres niveles de responsabilidad:

• Responsabilidad de gestión actual:
  La administración vigente tiene la obligación de auditar, detectar y corregir irregularidades. El hecho de que el fraude haya sido detectado por auditorías internas es positivo, pero también confirma que los mecanismos de control fallaron previamente.
• Responsabilidad heredada (gestiones anteriores):
  El tipo de maniobras detectadas —prestaciones fantasma, sobrefacturación sistemática— no se construyen en meses. Todo indica que el esquema podría haberse consolidado durante administraciones anteriores, especialmente durante el ciclo del Alberto Fernández, donde el PAMI fue fuertemente cuestionado por el manejo de prestadores.
• Responsabilidad política territorial:
  El PAMI tiene delegaciones en todo el país, muchas veces vinculadas a estructuras políticas provinciales o locales. Allí aparece un punto crítico:
  la designación de autoridades regionales con lógica política y no técnica.

El rol de los prestadores y la “zona gris” política

El fraude no se explica sin la participación de:

• Clínicas
• Oftalmólogos
• Ópticas
• Redes de derivación

Pero el dato clave es otro: estos actores operan bajo convenios autorizados por el propio PAMI.

Ahí aparece una “zona gris” donde confluyen intereses:

• Prestadores con histórico vínculo político
• Intermediarios que funcionan como armadores territoriales
• Sistemas de facturación que pasan controles administrativos

En términos simples:
sin cobertura administrativa, el fraude masivo es inviable.

¿Hay un sector político detrás?

No hay, hasta el momento, una causa judicial que identifique a un partido político específico como responsable directo. Sin embargo, sí hay patrones:

• El PAMI históricamente fue un organismo con fuerte loteo político, utilizado por distintos gobiernos
• Durante años, fue un espacio de influencia tanto del peronismo como de estructuras provinciales
• La lógica de designaciones políticas facilitó redes de prestadores con protección institucional

Esto no es un fenómeno exclusivo de una gestión:
es un problema estructural del sistema.

Más que un fraude, un síntoma del sistema

El escándalo en oftalmología no es un hecho aislado. Es la evidencia de:

• Falta de controles eficaces
• Politización del sistema de salud para jubilados
• Redes de prestadores con capacidad de operar durante años

La discusión de fondo no es solo quién robó, sino quién permitió que esto ocurra durante tanto tiempo.

Porque cuando el Estado falla en controlar, el costo no es abstracto:
lo pagan los jubilados con peor atención y menos recursos.