La Fiscalía investiga al expresidente por su presunta participación como instigador en los bloqueos y protestas que paralizaron Bolivia durante 53 días. Morales ya tenía otra orden de aprehensión por una causa de trata agravada de personas.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió este miércoles 29 de julio una nueva orden de aprehensión contra el expresidente boliviano Evo Morales, a quien investiga por su supuesta participación en las protestas y bloqueos de rutas registrados entre mayo y junio de 2026.

La medida fue dictada dentro de una causa que atribuye al exmandatario seis presuntos delitos: alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

La orden no constituye una condena. Morales mantiene su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme y tendrá derecho a ejercer su defensa ante la Justicia boliviana.

La causa por los 53 días de bloqueos

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada a comienzos de julio por dirigentes del Comité Pro Santa Cruz. Posteriormente se incorporó como denunciante el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo.

Además de Morales, la causa alcanza al dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y al dirigente campesino de La Paz Vicente Salazar. Este último se encuentra detenido preventivamente en el marco de otra investigación relacionada con los mismos hechos.

Los denunciantes responsabilizan a los dirigentes por haber promovido o respaldado los bloqueos que mantuvieron interrumpidas numerosas rutas bolivianas durante aproximadamente siete semanas.

Las protestas comenzaron en medio de una profunda crisis económica, luego de medidas adoptadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz para reducir subsidios a los combustibles y contener el déficit fiscal. Con el paso de las semanas, los reclamos incorporaron aumentos salariales, soluciones al desabastecimiento de dólares y combustibles y, finalmente, el pedido de renuncia del mandatario.

Evo Morales niega haber organizado las protestas

El Gobierno boliviano sostiene que Morales habría utilizado su influencia sobre organizaciones campesinas y sindicales para promover los bloqueos y desestabilizar al presidente Rodrigo Paz.

Morales rechaza esa acusación. El exmandatario afirma que las movilizaciones surgieron como consecuencia del deterioro económico y de demandas sociales incumplidas, y niega haber organizado personalmente una acción para derribar al Gobierno.

Sin embargo, durante el conflicto mantuvo contactos con dirigentes de las protestas y expresó públicamente que el presidente tenía como alternativas militarizar el país o convocar a elecciones anticipadas. En una entrevista concedida en junio, también manifestó que deseaba la renuncia de Paz, aunque negó haber instigado la violencia.

Determinar si esas declaraciones y contactos constituyen respaldo político, instigación o participación penal será una de las cuestiones centrales de la investigación.

Muertes, desabastecimiento y pérdidas millonarias

Los cortes de rutas provocaron graves consecuencias económicas y humanitarias. Las ciudades más afectadas registraron faltantes de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.

Según el reporte de EFE, el conflicto dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos vinculados con la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo, y pérdidas económicas estimadas en más de 3.000 millones de dólares.

Reuters documentó hospitales con dificultades para recibir pacientes, escasez de medicamentos y cierres masivos de establecimientos gastronómicos en La Paz. Los bloqueos dejaron camiones varados y dispararon los precios de productos básicos.

El Gobierno declaró el estado de excepción el 20 de junio y desplegó fuerzas policiales y militares para despejar las carreteras. La mayor parte de los bloqueos fue levantada, aunque algunos sectores mantuvieron protestas en Cochabamba, principal bastión político de Morales.

Evo Morales ya tenía otra orden de captura

Esta nueva disposición se suma a una orden anterior relacionada con una causa por trata agravada de personas.

En mayo, un tribunal de Tarija declaró en rebeldía al expresidente porque no se presentó al inicio del juicio oral. La acusación sostiene que Morales habría mantenido una relación con una adolescente durante su mandato y que de ese vínculo habría nacido una hija.

La Fiscalía boliviana asegura haber presentado más de 170 elementos de prueba. Morales niega las acusaciones y sostiene que el proceso forma parte de una persecución política. La presunta víctima también solicitó que la causa fuera archivada, pero la Fiscalía rechazó ese planteo y mantuvo vigente la acusación.

Por lo tanto, el expresidente enfrenta actualmente dos mandamientos de aprehensión vigentes:

1. Uno por la causa de trata agravada de personas tramitada en Tarija.

2. Otro por los bloqueos y los presuntos delitos contra la seguridad del Estado investigados en Santa Cruz.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Rómer Saucedo, afirmó que ambas órdenes deben ser ejecutadas por la Policía y que no tienen fecha de vencimiento.

Protegido en el Trópico de Cochabamba

Morales permanece desde 2024 en el Trópico de Cochabamba, región productora de coca y principal base de apoyo político y sindical del exmandatario.

Allí cuenta con la protección de organizaciones campesinas y cocaleras que instalaron dispositivos de vigilancia para impedir su detención. Las fuerzas de seguridad han evitado hasta ahora ingresar de manera directa en la zona ante el riesgo de enfrentamientos y una escalada de violencia.

La Policía boliviana sostiene que las órdenes están vigentes, pero que espera condiciones operativas adecuadas para ejecutarlas. La eventual detención de Morales podría generar una nueva movilización de sus seguidores y profundizar la división política del país.

Una crisis judicial con fuerte impacto político

El pedido de captura se produce en un escenario de profunda polarización. Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 y todavía conserva una importante capacidad de movilización, especialmente entre organizaciones indígenas, campesinas y cocaleras.

El Gobierno de Rodrigo Paz considera que el exmandatario intenta utilizar la conflictividad social para recuperar protagonismo, evitar las causas judiciales y debilitar a la nueva administración.

Morales, en cambio, denuncia una estrategia de persecución política destinada a excluirlo definitivamente de la vida pública.

La Justicia deberá establecer si existen pruebas suficientes para vincularlo penalmente con los bloqueos, las muertes, los daños económicos y los ataques contra servicios públicos. La responsabilidad política por respaldar una protesta no es automáticamente equivalente a responsabilidad penal: para sostener la acusación será necesario demostrar una participación concreta, instrucciones, financiamiento o actos de instigación vinculados con los delitos investigados.

Conclusión

La nueva orden de captura agrava considerablemente la situación judicial de Evo Morales y eleva la tensión política en Bolivia.

El expresidente ya no enfrenta solamente la causa por trata agravada de personas. Ahora también está acusado de seis delitos relacionados con los bloqueos que paralizaron al país durante 53 días.

El próximo paso corresponde a la Policía boliviana, que deberá decidir cómo y cuándo ejecutar los mandamientos sin provocar una confrontación de mayor escala en el Trópico de Cochabamba.

Mientras tanto, Morales permanece protegido por sus seguidores y sostiene que las causas son parte de una persecución política. La Fiscalía afirma que existen elementos suficientes para detenerlo y someterlo al proceso judicial.