La senadora salteña de La Libertad Avanza planteó una cuestión de privilegio contra Mario “Pato” Russo, director general del Cuerpo de Asesores de la Presidencia del Senado.

Lo vinculó con presuntas amenazas contra Cristian Larsen, funcionario parlamentario del bloque oficialista. El caso ya se encuentra en la Justicia federal.

La interna que atraviesa distintos sectores de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación sumó este jueves 6 de agosto un capítulo de alto voltaje político e institucional. La senadora nacional por Salta María Emilia Orozco utilizó el recinto para presentar una cuestión de privilegio contra Mario “Pato” Russo, principal asesor político de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y reclamó su remoción de la estructura de la Cámara alta.

Orozco, que representa a Salta por La Libertad Avanza desde diciembre de 2025, fundamentó su planteo en una denuncia por presuntas amenazas contra Cristian Larsen, prosecretario parlamentario del bloque oficialista y colaborador cercano de la titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich.

La amenaza que Orozco llevó al recinto

Durante su exposición, la legisladora salteña hizo referencia a un mensaje que Russo presuntamente habría enviado a Larsen y que posteriormente originó una denuncia judicial. Orozco leyó en el Senado parte de ese mensaje:

“Me vas a encontrar y te voy a tirar por la ventana”.

La existencia de una denuncia judicial no es solamente parte del discurso político. El caso había trascendido públicamente desde el 20 de julio y quedó radicado ante el Juzgado Federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Ante la presentación de Larsen, el magistrado dispuso que contara con custodia mientras desarrollaba sus tareas dentro del Congreso.

Posteriormente, la Justicia también citó a Patricia Bullrich para declarar en el expediente. Al 23 de julio, fuentes cercanas a Russo señalaban que el asesor todavía no había sido formalmente notificado de la causa. Por lo tanto, resulta importante remarcar que estamos ante presuntas amenazas sometidas a investigación judicial y no ante hechos cuya responsabilidad penal haya sido determinada por una sentencia.

Orozco pidió directamente su remoción

La intervención de la senadora salteña fue más allá de expresar solidaridad con Larsen o reclamar una investigación. Orozco pidió concretamente que Mario “Pato” Russo sea removido de su cargo en el Senado, al considerar incompatible la permanencia del funcionario con la gravedad de los hechos denunciados.

Russo ocupa el cargo de director general del Cuerpo de Asesores de la Presidencia del Senado y es considerado uno de los hombres de mayor confianza política de Victoria Villarruel. Antes de incorporarse al entorno de la vicepresidenta había participado en el armado político de Javier Milei durante los primeros años de La Libertad Avanza.

De allí surge una de las dimensiones políticas más fuertes del episodio: Orozco no cuestionó a un empleado de segunda línea, sino a una pieza relevante del equipo político de la propia presidenta del Senado.

¿Qué significa una “cuestión de privilegio”?

Este punto es importante porque una cuestión de privilegio no equivale automáticamente a echar a Russo.

El artículo 140, inciso 6, del Reglamento del Senado establece que una cuestión de privilegio puede plantearse como una moción de orden. Una vez formulada, el senador dispone de un tiempo específico para fundamentarla y, como regla general, el presidente debe remitirla a la Comisión de Asuntos Constitucionales, salvo que dos tercios de los miembros presentes resuelvan darle tratamiento preferente.

En términos jurídicos-parlamentarios, se trata de un mecanismo utilizado cuando un legislador considera que existe una conducta capaz de afectar los privilegios, el decoro o el normal funcionamiento de una Cámara legislativa. Puede estar dirigida contra otro legislador o incluso contra terceros.

En el caso planteado por Orozco, el pedido fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por lo tanto, la presentación no produjo por sí misma la remoción de Russo: abrió formalmente una instancia parlamentaria para analizar el reclamo de la legisladora salteña.

De una denuncia judicial a una cuestión institucional

Ese es posiblemente el punto de mayor peso de la intervención de Orozco.

Hasta ahora, el episodio entre Russo y Larsen podía ser leído fundamentalmente como una disputa entre colaboradores de sectores enfrentados dentro del oficialismo. Larsen se encuentra políticamente ligado a Bullrich, mientras que Russo integra el círculo de confianza de Villarruel.

La presentación de una cuestión de privilegio cambia la dimensión del conflicto, porque lleva la controversia desde los despachos y la Justicia hacia el funcionamiento institucional del Senado.

Orozco sostuvo, en esencia, que si existe una denuncia por amenazas contra una persona que desempeña funciones dentro de la Cámara alta, el propio Senado no puede permanecer ajeno y debe evaluar la permanencia del funcionario acusado.

Un nuevo capítulo en la tensión Villarruel-Bullrich

El conflicto tiene además un antecedente político inmediato. En julio había quedado expuesta una fuerte disputa entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, precisamente alrededor del funcionamiento del Senado y del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Poco después apareció la denuncia de Larsen contra Russo.

Ambas dirigentes mantuvieron posteriormente una reunión para intentar establecer una convivencia institucional y bajar el nivel de confrontación. Sin embargo, la intervención de Orozco demuestra que el conflicto alrededor del asesor de Villarruel continúa abierto.

La diferencia es que ahora existe un planteo efectuado formalmente en el recinto por una senadora de La Libertad Avanza.

El peso político de la intervención de Orozco

La presentación coloca a la senadora salteña en un lugar particularmente relevante dentro de esta discusión.

Orozco decidió transformar una denuncia que hasta ahora involucraba fundamentalmente a funcionarios parlamentarios en una cuestión institucional que deberá ser considerada dentro del Senado. Y lo hizo reclamando la máxima consecuencia administrativa posible respecto de Russo: su salida.

Esto genera presión política sobre la Presidencia de la Cámara, porque Russo no es un funcionario ajeno a Villarruel sino uno de sus colaboradores más cercanos.

Pero también obliga a separar dos planos.

En el plano judicial, deberá determinarse si existieron efectivamente las amenazas denunciadas y qué responsabilidad, en su caso, le corresponde a Russo.

En el plano político e institucional, el Senado deberá analizar si la conducta denunciada resulta compatible con la permanencia de un alto funcionario de la Cámara, aun cuando el proceso penal continúe abierto.

Un dato importante

El sitio oficial del Senado ya registra la sesión del 6 de agosto de 2026 como “Ordinaria Continuación”, reunión número 8, aunque al momento de esta investigación todavía no estaba publicada allí la versión taquigráfica completa de esa jornada.

Por eso, los detalles específicos de la intervención de Orozco surgen de la cobertura periodística y del registro audiovisual público de la sesión, mientras que el procedimiento aplicable a la cuestión de privilegio sí está expresamente contemplado por el Reglamento parlamentario.

La clave

El hecho central puede resumirse de esta manera:

Orozco no pidió simplemente que se investigue a Mario “Pato” Russo: pidió su remoción del Senado.

Y utilizó para ello una herramienta formal del Reglamento de la Cámara.

Ahora el foco se traslada a Asuntos Constitucionales y, particularmente, a la conducción del Senado. La pregunta política será si la denuncia quedará como un nuevo episodio de la interna libertaria o si la Cámara avanzará efectivamente en analizar la responsabilidad institucional de uno de los principales hombres de confianza de Victoria Villarruel.

Mientras tanto, la causa judicial por las presuntas amenazas continúa siendo el elemento central que deberá determinar si lo denunciado contra Russo puede ser probado.