El Gobierno nacional creó un sistema para detectar e inhabilitar teléfonos utilizados ilegalmente dentro de establecimientos penitenciarios.

Las provincias deben adherir para incorporarse. Salta todavía no confirmó oficialmente su ingreso al programa, aunque el Senado provincial ya aprobó un proyecto para prohibir celulares a los internos y reforzar los mecanismos tecnológicos de control.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso para combatir uno de los problemas más graves de los sistemas penitenciarios: la utilización clandestina de teléfonos celulares desde las cárceles para coordinar delitos en el exterior.

Este martes 25 de agosto, mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, se creó oficialmente el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios.

El objetivo es impedir que integrantes de organizaciones criminales alojados en cárceles puedan utilizar teléfonos móviles para planificar o coordinar maniobras ilícitas.

Pero la pregunta para nuestra provincia es inmediata:

¿SALTA VA A ADHERIR?

Porque la incorporación de las cárceles provinciales no es automática.

La Resolución 806/2026 invita expresamente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse mediante la firma de un convenio de adhesión con el Ministerio de Seguridad Nacional.

Hasta el cierre de esta nota, no encontramos una comunicación oficial del Gobierno de Salta confirmando que la Provincia haya suscripto ese convenio.

Medios salteños que informaron este martes sobre la nueva disposición nacional tampoco registraban todavía una adhesión oficial de Salta.

NO SE TRATA SIMPLEMENTE DE “CORTAR LA SEÑAL”

La nueva herramienta merece una explicación.

Nación ya había autorizado en abril, mediante la Resolución 336/2026, que el Servicio Penitenciario Federal instalara dispositivos de detección y bloqueo de IMEI e IMSI en las cárceles federales.

Ahora ese mecanismo puede extenderse a las provincias.

El IMEI es el identificador único del aparato celular.

El IMSI está asociado a la identidad de la tarjeta SIM utilizada por el abonado.

La Resolución 734/2026 del ENACOM establece que las empresas prestadoras deberán bloquear, a solicitud del Ministerio de Seguridad Nacional, el IMEI, el IMSI y la línea telefónica asociada cuando esos dispositivos sean detectados dentro de los sectores penitenciarios comprendidos por el sistema.

Esto resulta mucho más específico que simplemente instalar un inhibidor general de señal.

La intención es detectar el dispositivo ilegal y posteriormente neutralizar su funcionamiento en la red.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA SALTA?

Porque en las cárceles salteñas el ingreso clandestino de celulares no es una hipótesis: está documentado.

En marzo de este año, el propio Gobierno provincial informó que el Servicio Penitenciario entregó para reciclaje nada menos que 2.652 teléfonos celulares que habían sido secuestrados durante requisas efectuadas en distintas unidades penitenciarias entre 2009 y 2021.

Dos mil seiscientos cincuenta y dos teléfonos.

La cifra demuestra la magnitud histórica del problema.

Y los antecedentes judiciales son todavía más preocupantes.

VILLA LAS ROSAS Y EL USO DE CELULARES PARA COORDINAR DELITOS

En marzo de 2025 fueron condenadas ocho personas que integraban una organización dedicada a comercializar drogas dentro del penal de Villa Las Rosas.

La investigación de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad determinó que integrantes de la organización coordinaban operaciones mediante teléfonos celulares desde el establecimiento penitenciario. En los procedimientos fueron secuestrados teléfonos utilizados para organizar las entregas.

En octubre de 2025 volvió a producirse un importante operativo dentro de la Unidad Carcelaria Nº1.

Durante allanamientos realizados en cuatro celdas del penal se encontraron drogas ocultas, dos teléfonos celulares, cargadores y anotaciones vinculadas a la investigación.

Incluso en investigaciones sobre estructuras narcocriminales dentro de Villa Las Rosas, los investigadores debieron trabajar sobre los códigos IMEI de los teléfonos porque los internos cambiaban frecuentemente los chips.

Precisamente esa maniobra es una de las que pretende neutralizar el nuevo sistema nacional.

SALTA YA DISCUTE UNA LEY PROPIA

Existe otro dato que vuelve especialmente oportuna la resolución nacional.

El 2 de julio de 2026, el Senado de Salta aprobó un proyecto de ley presentado por los senadores Juan Cruz Curá y Gonzalo Caro Dávalos.

La iniciativa prohíbe a las personas privadas de su libertad el:

ingreso, tenencia, uso, facilitación y comercialización de dispositivos móviles o inalámbricos, chips, componentes y accesorios.

Y no se limita a los penales.

El proyecto alcanza a establecimientos penitenciarios, alcaidías, comisarías y demás dependencias de detención de la provincia.

Durante el debate, el senador Dani Nolasco reconoció algo particularmente importante:

“Las medidas actuales vigentes han resultado insuficientes”.

El legislador sostuvo además que a través de celulares utilizados ilegalmente en lugares de detención se pueden planificar delitos, realizar estafas, extorsiones y amenazas. Por esa razón, el proyecto contempla incorporar herramientas tecnológicas de detección y bloqueo.

La iniciativa obtuvo media sanción del Senado.

También existe en Diputados otro proyecto promovido por legisladores de La Libertad Avanza, expediente 91-54.207/26, que propone prohibir celulares y dispositivos con conectividad a las personas privadas de libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario provincial.

Es decir, el problema ya está instalado en la agenda política salteña.

SALTA YA PROHÍBE LOS CELULARES, PERO SIGUEN ENTRANDO

Este punto es fundamental.

No hay que confundir la nueva legislación con la existencia o inexistencia de una prohibición.

El propio Servicio Penitenciario provincial explicó anteriormente ante la Cámara de Diputados que en Salta continúa vigente la prohibición para que los internos posean dispositivos tecnológicos de comunicación.

Pero también reconoció que, pese a los controles y decomisos, el ingreso clandestino de esos aparatos continúa siendo un problema y que pueden utilizarse para amenazas, estafas virtuales, secuestros extorsivos y otras modalidades delictivas.

Por eso el debate actual ya no consiste solamente en declarar:

“Está prohibido tener celulares”.

La verdadera discusión es:

¿CÓMO HACEMOS PARA QUE ESA PROHIBICIÓN SE CUMPLA?

NACIÓN OFRECE AHORA UNA HERRAMIENTA CONCRETA

La Resolución 806 cambia el escenario.

El Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como una especie de ventanilla única entre las provincias que adhieran y las empresas de telefonía.

Una vez detectados los dispositivos dentro de las áreas penitenciarias correspondientes, la información podrá ser transmitida para que las compañías procedan al bloqueo.

Además, la normativa exige que el sistema se implemente procurando no perjudicar las comunicaciones legítimas de personas que se encuentren fuera de los establecimientos penitenciarios.

Eso es especialmente relevante en unidades ubicadas dentro o cerca de zonas urbanas.

¿Y LOS DERECHOS DE LOS INTERNOS?

La prohibición de celulares personales no significa que una persona privada de su libertad pierda absolutamente su derecho a comunicarse.

La propia Ley Nacional 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad reconoce el derecho del interno a mantener comunicaciones periódicas con familiares, allegados, abogados y otras personas autorizadas.

Pero la misma legislación establece que las comunicaciones mediante terminales móviles están prohibidas y ordena implementar mecanismos tecnológicos adecuados para impedirlas.

El proyecto aprobado por el Senado salteño también contempla sistemas institucionales controlados que permitan mantener el contacto familiar sin habilitar teléfonos celulares clandestinos.

Por lo tanto, no se trata de incomunicar a los presos.

Se trata de impedir comunicaciones clandestinas y no controladas capaces de utilizarse para continuar delinquiendo desde una celda.

AHORA LE TOCA DECIDIR A SALTA

La situación puede resumirse con bastante claridad.

Nación ya creó el programa.

ENACOM ya habilitó el mecanismo para que las compañías bloqueen IMEI, IMSI y líneas.

Las provincias ya fueron invitadas formalmente a adherir.

Salta tiene antecedentes comprobados de teléfonos clandestinos dentro de sus cárceles.

El Senado provincial ya aprobó una iniciativa que reconoce que los mecanismos actuales son insuficientes.

Entonces aparece una pregunta inevitable para el Gobierno provincial:

¿SALTA VA A ADHERIR AL PROGRAMA NACIONAL?

Y, si la respuesta es sí:

¿CUÁNDO?

Porque hay algo que debería unir a oficialistas y opositores.

Una persona puede estar privada de su libertad y conservar todos los derechos que la Constitución y las leyes le garantizan.

Pero cumplir una condena dentro de una cárcel no puede convertirse en la posibilidad de seguir dirigiendo delitos desde un teléfono celular clandestino.

El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de quienes están detenidos.

Pero tiene exactamente la misma obligación de garantizar la seguridad de quienes están afuera.

Y si existe una herramienta tecnológica capaz de impedir que desde una cárcel se coordinen estafas, amenazas, extorsiones, narcotráfico u otros delitos, Salta debería explicar rápidamente si piensa utilizarla o por qué decidiría no hacerlo.