Desde el sábado 5 de septiembre comenzó a regir en todo el país la Ley Nacional 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce de 16 a 14 años la edad mínima a partir de la cual un adolescente puede ser sometido a un proceso penal.

La norma reemplaza el sistema que estaba vigente desde 1980 y establece penas, medidas alternativas, protección para las víctimas y un máximo de 15 años de privación de libertad.

Argentina comenzó a aplicar un cambio profundo en su sistema penal juvenil. La Ley 27.801 alcanza a los adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por hechos considerados delitos por el Código Penal o por leyes penales especiales.

La norma fue sancionada por el Congreso Nacional el 27 de febrero de 2026, promulgada mediante el Decreto 138/2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Su artículo 52 estableció expresamente que comenzaría a regir 180 días después de su publicación, plazo que se cumplió el pasado 5 de septiembre.

¿Qué significa que la edad baje a los 14 años?

El cambio central es que adolescentes de 14 y 15 años, que bajo el régimen anterior quedaban fuera de la responsabilidad penal, ahora podrán ser investigados, imputados, juzgados y eventualmente sancionados por la Justicia.

Sin embargo, esto no significa que un menor de 14 años que cometa cualquier delito vaya automáticamente a prisión. La Ley 27.801 creó un sistema penal específico para adolescentes, diferente del régimen aplicable a los adultos y orientado, según su propio texto, a la responsabilidad por los actos cometidos, la educación, la resocialización y la integración social.

¿Qué penas establece?

El nuevo régimen contempla distintas respuestas según la gravedad del delito y las circunstancias del adolescente.

Entre las sanciones previstas se encuentran la amonestación judicial, prohibición de acercamiento a la víctima, restricciones para concurrir a determinados lugares o espectáculos, prohibición de salir del país o de determinado territorio, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y, para los casos correspondientes, privación de la libertad.

Cuando la pena correspondiente al delito sea de hasta tres años y se cumplan las condiciones previstas legalmente, la prisión deberá ser reemplazada por alguna de las medidas alternativas contempladas en la ley. En determinados delitos cuya escala supere los tres y llegue hasta diez años también podrá reemplazarse el encierro, siempre que se cumplan las condiciones fijadas por la norma.

Para los delitos de mayor gravedad sí podrá imponerse una pena efectiva de privación de libertad.

No habrá prisión perpetua

Uno de los límites expresamente establecidos por la Ley 27.801 es que ningún adolescente podrá recibir prisión o reclusión perpetua.

La pena máxima de privación de libertad será de 15 años, incluso cuando exista una concurrencia de varios delitos cuyas penas, consideradas conjuntamente, pudieran superar ese monto.

Los adolescentes tampoco podrán ser alojados junto a detenidos adultos. La legislación obliga a utilizar institutos especializados y establece que el encierro debe acompañarse de educación, capacitación laboral, atención médica y psicológica y programas destinados a la reinserción social.

También se refuerzan los derechos de las víctimas

El nuevo régimen incorpora expresamente la protección de las víctimas. Jueces y fiscales deberán garantizar sus derechos durante todo el procedimiento y la víctima tendrá participación en distintas etapas del proceso.

Además, la ley dispone que los progenitores serán civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos, de acuerdo con las reglas establecidas por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Está prohibido identificar públicamente al adolescente

Un aspecto especialmente importante para los medios de comunicación es que los procesos penales juveniles tienen carácter reservado.

La ley prohíbe publicar el nombre, sobrenombre, filiación, parentesco, domicilio, fotografías o cualquier otro dato que permita identificar al adolescente imputado, salvo las excepciones expresamente previstas por la legislación.

Por lo tanto, la entrada en vigencia de la nueva edad de responsabilidad penal no habilita a los medios a identificar públicamente a un menor involucrado en una causa penal.

¿Qué ocurre en Salta?

La implementación ya comenzó también en la provincia.

Antes de la entrada en vigencia, representantes de la Corte de Justicia de Salta, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo provincial y organismos vinculados con la protección de niños y adolescentes realizaron reuniones para coordinar procedimientos policiales, judiciales, sanitarios y de protección necesarios para aplicar la nueva legislación.

Además, la Corte de Justicia de Salta dispuso que, desde el 5 de septiembre de 2026, en el Distrito Judicial del Centro la ejecución de los procesos alcanzados por la Ley 27.801 quede en manos de los Jueces en lo Penal Juvenil, adecuando la organización judicial provincial al nuevo esquema nacional.

La legislación nacional también invita expresamente a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus normas procesales y administrativas al nuevo sistema.

Un cambio histórico en el sistema penal argentino

La Ley 27.801 derogó la Ley 22.278, que regulaba el régimen penal de menores desde 1980. El cambio coloca ahora a los adolescentes de 14 y 15 años dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, aunque bajo reglas, garantías y penas distintas de las previstas para los adultos.

La discusión sobre la edad de responsabilidad penal generó durante años posiciones enfrentadas entre quienes reclamaban una respuesta más firme frente a delitos cometidos por menores y quienes advertían sobre la necesidad de priorizar políticas de prevención, educación e inclusión.

Desde este 5 de septiembre de 2026, la discusión dejó de ser solamente legislativa: el nuevo régimen ya está vigente y la Justicia argentina, incluida la de Salta, deberá comenzar a aplicarlo.

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