En la audiencia de control antes de ir a juicio, las defensas de los funcionarios acusados de cobrar el beneficio de 10 mil pesos en la pandemia, plantearon el sobreseimiento pero fue rechazado.

La jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, rechazó el sobreseimiento solicitado por la mayoría de los acusados de maniobras ilícitas en torno a la percepción indebida del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al cabo de una extensa audiencia de control de acusación que demandó dos jornadas, entre el miércoles y el jueves pasado.

La resolución se dictó en el marco del proceso penal que se sigue contra 24 concejales de distintas localidades de la provincia y un empleado del Concejo Deliberante de la comuna capitalina.

De los 25 acusados, 18 lo están por defraudación a la Administración Pública en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público. La misma imputación recae a los 7 acusados restantes, pero en calidad de tentativa respecto al fraude.

El pedido de sobreseimiento, introducido como cuestión preliminar, fue rebatido por el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien lleva adelante la acusación. También se descartaron otras peticiones defensivas que pasaron por el cambio de calificación y la separación jurisdiccional del caso.

En materia subsidiaria, las defensas solicitaron la suspensión de juicio a prueba, planteo al cual la fiscalía se opuso, en varios casos por la imposibilidad legal de su aplicación y en otros por el carácter sorpresivo de la propuesta y su indeterminación.

Al resolver sobre este punto, la juez Catalano acompañó al fiscal en sus argumentos y dio por válida la oposición. No obstante, y tras resolverse las calificaciones penales discutidas, el fiscal admitió la posibilidad de analizar cada caso a fin de establecer la viabilidad de dicho beneficio.

A tal efecto, se dispuso suspender la audiencia hasta dos semanas después de concluida la feria judicial, lapso en que las defensas podrán acercar propuestas detalladas y mejoradas a fin de que sean presentadas ante la jueza de Revisión para su homologación, si correspondiere.