La medida busca garantizar la trazabilidad de los desechos desde su generación hasta su disposición final. Las empresas mineras tendrán 90 días para adecuarse a las nuevas exigencias ambientales.

SALTA.- En un contexto de fuerte crecimiento de la actividad minera, especialmente en la Puna salteña, el Gobierno de la Provincia dispuso la creación de un sistema obligatorio de control para los residuos sólidos urbanos generados por las empresas mineras y sus campamentos. La medida fue oficializada mediante la Resolución N.º 410 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La normativa crea el Registro de Generadores y Operadores para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos derivados de la Actividad Minera, una herramienta que permitirá seguir el recorrido de los residuos desde su origen hasta su tratamiento o disposición final. Para ello se establecen dos padrones específicos: uno para las empresas mineras generadoras de residuos y otro para las firmas encargadas de transportarlos, tratarlos, reciclarlos o disponerlos definitivamente.

Según fundamentó el Gobierno provincial, el crecimiento de la minería en Salta provocó una mayor concentración de trabajadores en campamentos e instalaciones ubicadas en zonas alejadas, incrementando significativamente la generación de residuos domiciliarios asociados a la actividad. Ante este escenario, se consideró necesario implementar mecanismos de control y trazabilidad ambiental más rigurosos.

Qué deberán hacer las empresas mineras

La resolución establece que todas las empresas mineras con instalaciones o campamentos dentro de sus concesiones deberán inscribirse obligatoriamente en el registro y presentar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Este plan deberá contemplar la separación de residuos en origen, recolección diferenciada, capacitación del personal, señalización de contenedores, transporte habilitado y sistemas de seguimiento que permitan verificar cada etapa del proceso.

Además, las compañías serán responsables de acreditar mensualmente la correcta gestión de sus residuos mediante certificados de tratamiento y disposición final emitidos por operadores habilitados. También deberán informar los volúmenes generados, transportados, reciclados y enviados a disposición final.

Límites y prohibiciones

La normativa fija límites concretos para el almacenamiento temporal de residuos en los campamentos mineros. Los materiales reciclables no podrán acumularse por más de siete días ni superar los 30 metros cúbicos, mientras que los residuos no reciclables deberán retirarse en un plazo máximo de cinco días o cuando alcancen los 20 metros cúbicos. Las estaciones de transferencia deberán ser recintos techados, cercados e impermeabilizados.

Asimismo, queda prohibido realizar dentro de los campamentos tareas de compactación, reciclaje o valorización de residuos. Estas actividades sólo podrán ser efectuadas por operadores especialmente habilitados e inscriptos en el nuevo registro provincial.

Economía circular y control ambiental

La iniciativa se enmarca en las políticas provinciales orientadas a fortalecer la gestión integral de residuos y promover esquemas de economía circular, buscando reducir el impacto ambiental derivado de la expansión minera y garantizar que los residuos no terminen afectando ecosistemas sensibles de la región andina.

Las empresas y operadores alcanzados por la resolución dispondrán de un plazo de 90 días para adecuarse a los nuevos requisitos. A partir de entonces, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable será la autoridad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

Una medida que abre el debate

La creación de este registro representa un avance en materia de control ambiental y transparencia sobre una actividad económica estratégica para Salta. Sin embargo, también abre interrogantes respecto a la capacidad de fiscalización del Estado, el cumplimiento efectivo por parte de las empresas y el destino final de miles de toneladas de residuos que se generan cada año en los proyectos mineros de la provincia.

La discusión ya no pasa solamente por cuánto litio o minerales extrae Salta, sino también por cómo administra los impactos ambientales derivados de una industria que continúa expandiéndose a gran velocidad.