<\/p>\n\n\n\n
En democracia, el Intendente no es patr\u00f3n del Concejo Deliberante. No existe subordinaci\u00f3n jer\u00e1rquica entre ambos poderes. El Ejecutivo administra; el Concejo legisla y organiza su funcionamiento interno.<\/p>\n\n\n\n
Si el DEM considera ilegal una resoluci\u00f3n legislativa, debe acudir a la Justicia. Lo que no puede hacer es transformarse en juez, fiscal y tribunal al mismo tiempo.<\/p>\n\n\n\n
La Resoluci\u00f3n 545\/26 no s\u00f3lo expone una preocupante interpretaci\u00f3n autoritaria del poder, sino tambi\u00e9n un serio desconocimiento de los l\u00edmites constitucionales del Departamento Ejecutivo Municipal.<\/p>\n\n\n\n
Porque cuando un Intendente pretende anular actos del \u00f3rgano legislativo por simple resoluci\u00f3n administrativa, lo que est\u00e1 en discusi\u00f3n ya no es una dieta ni una designaci\u00f3n: lo que est\u00e1 en juego es la Rep\u00fablica dentro del municipio.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Lo actuado por el intendente no es un simple conflicto administrativo. Es un avance institucional del Departamento Ejecutivo Municipal sobre la autonom\u00eda funcional y administrativa del Concejo Deliberante. La Resoluci\u00f3n Municipal N\u00b0 545\/26 pretende declarar \u201cnula de nulidad absoluta\u201d una Resoluci\u00f3n interna del cuerpo legislativo vinculada a dietas, estructura administrativa y designaci\u00f3n de asesores del propio Concejo.<\/p>\n\n\n\n
El problema jur\u00eddico central es claro:
el Intendente no posee competencia constitucional ni legal para derogar, anular o declarar inexistente un acto interno emanado de otro poder municipal.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n firmada por Yonar reconoce expresamente que el Concejo Deliberante dict\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0 11\/2026 modificando dietas y estableciendo cuestiones internas del cuerpo. Luego, el DEM intenta arrogarse facultades de control jer\u00e1rquico sobre el \u00f3rgano legislativo local, algo incompatible con el sistema republicano y con la Ley 8126.<\/p>\n\n\n\n
La Constituci\u00f3n Nacional, en su art\u00edculo 1, establece el sistema republicano de gobierno. Ese principio exige divisi\u00f3n de poderes, control rec\u00edproco y autonom\u00eda funcional.<\/p>\n\n\n\n
La Constituci\u00f3n de Salta y la Ley Provincial 8126 reconocen que el Concejo Deliberante posee facultades propias, organizaci\u00f3n interna y autonom\u00eda administrativa dentro del municipio.<\/p>\n\n\n\n
El Intendente administra el Departamento Ejecutivo.
No es superior jer\u00e1rquico del Concejo Deliberante.
No puede revisar la legalidad de sus actos internos como si se tratara de una dependencia municipal.<\/p>\n\n\n\n
Eso convierte la Resoluci\u00f3n 545\/26 en un acto manifiestamente improcedente desde el punto de vista competencial.<\/p>\n\n\n\n
Parad\u00f3jicamente, la propia resoluci\u00f3n de Yonar cita normas sobre competencia administrativa para intentar justificar la nulidad.<\/p>\n\n\n\n
Pero omite lo esencial:<\/p>\n\n\n\n
La competencia es improrrogable.<\/p>\n\n\n\n
Y el DEM carece absolutamente de competencia para declarar la nulidad de actos internos del \u00f3rgano legislativo.<\/p>\n\n\n\n
En derecho administrativo, el principio b\u00e1sico indica:<\/p>\n\n\n\n
\nning\u00fan \u00f3rgano puede revisar actos de otro poder salvo habilitaci\u00f3n expresa de la ley o decisi\u00f3n judicial.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Si el Ejecutivo entend\u00eda que exist\u00eda una violaci\u00f3n presupuestaria o normativa, el camino institucional correcto era:<\/p>\n\n\n\n
\n
- observaci\u00f3n presupuestaria;<\/li>\n\n\n\n
- conflicto institucional;<\/li>\n\n\n\n
- planteo judicial;<\/li>\n\n\n\n
- acci\u00f3n contencioso administrativa;<\/li>\n\n\n\n
- eventualmente denuncia ante \u00f3rganos de control.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Pero jam\u00e1s dictar unilateralmente una resoluci\u00f3n \u201canulando\u201d un acto legislativo.<\/p>\n\n\n\n
Eso constituye una invasi\u00f3n de competencias.<\/p>\n\n\n\n
El Concejo tiene potestad para organizarse<\/h2>\n\n\n\n
La fijaci\u00f3n de dietas dentro del marco presupuestario aprobado, la estructura administrativa interna y la designaci\u00f3n de asesores forman parte de las facultades de autarqu\u00eda funcional del Concejo Deliberante.<\/p>\n\n\n\n
El cuerpo legislativo tiene potestad para:<\/p>\n\n\n\n
\n
- dictar resoluciones internas;<\/li>\n\n\n\n
- organizar su funcionamiento;<\/li>\n\n\n\n
- designar personal;<\/li>\n\n\n\n
- establecer asesor\u00edas t\u00e9cnicas;<\/li>\n\n\n\n
- fijar estructura administrativa;<\/li>\n\n\n\n
- reglamentar funcionamiento parlamentario.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Y eso deriva directamente del principio de autonom\u00eda institucional del poder legislativo municipal.<\/p>\n\n\n\n
Pretender que el Intendente pueda \u201canular\u201d una resoluci\u00f3n interna del Concejo equivale a admitir que el Ejecutivo es superior al Legislativo. Eso rompe el equilibrio republicano.<\/p>\n\n\n\n
Grave contradicci\u00f3n pol\u00edtica e institucional<\/h2>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n sostiene que el Concejo \u201cinvirti\u00f3 la pir\u00e1mide jur\u00eddica\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Pero en realidad quien altera el orden institucional es el propio Ejecutivo Municipal al intentar colocarse por encima del \u00f3rgano deliberativo.<\/p>\n\n\n\n
El DEM no puede transformarse en juez y parte:<\/p>\n\n\n\n
\n
- interpreta;<\/li>\n\n\n\n
- acusa;<\/li>\n\n\n\n
- declara nulidad;<\/li>\n\n\n\n
- ordena incumplimiento;<\/li>\n\n\n\n
- y pretende dejar sin efecto actos legislativos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Todo mediante una resoluci\u00f3n administrativa firmada por el propio Intendente.<\/p>\n\n\n\n
Eso representa un exceso de poder.<\/p>\n\n\n\n
La nulidad que invoca el DEM no puede declararla unilateralmente<\/h2>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n cita art\u00edculos sobre nulidad absoluta, inexistencia y vicios graves.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, aun cuando hipot\u00e9ticamente existiera un vicio legal, la nulidad de un acto de otro \u00f3rgano independiente no puede ser declarada administrativamente por el Ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n
Porque no existe relaci\u00f3n jer\u00e1rquica entre ambos poderes.<\/p>\n\n\n\n
La doctrina y jurisprudencia administrativa son claras:<\/p>\n\n\n\n
\n
- la Administraci\u00f3n s\u00f3lo puede revocar actos propios;<\/li>\n\n\n\n
- no puede anular actos de otro \u00f3rgano constitucional aut\u00f3nomo;<\/li>\n\n\n\n
- menos a\u00fan mediante una simple resoluci\u00f3n administrativa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Posible afectaci\u00f3n institucional y abuso de autoridad<\/h2>\n\n\n\n
Desde el punto de vista pol\u00edtico e institucional, la resoluci\u00f3n puede interpretarse como:<\/p>\n\n\n\n
\n
- avasallamiento institucional;<\/li>\n\n\n\n
- intromisi\u00f3n en otro poder;<\/li>\n\n\n\n
- afectaci\u00f3n de la autonom\u00eda legislativa;<\/li>\n\n\n\n
- abuso de competencia;<\/li>\n\n\n\n
- ruptura del equilibrio republicano municipal.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Incluso podr\u00eda sostenerse que el DEM incurre en desviaci\u00f3n de poder al utilizar herramientas administrativas para disciplinar o condicionar econ\u00f3micamente al Concejo Deliberante.<\/p>\n\n\n\n