“La Resolución que nació para controlar, pero terminó encubriendo”
En la última sesión del Concejo Deliberante de Campo Quijano, el oficialismo aprobó una Resolución que, en teoría, debía ejercer el control institucional sobre la gestión municipal.
En teoría… porque, en la práctica, esta medida es otro ejemplo de cómo se puede usar la ley para cumplir el expediente pero evitar llegar al fondo de los problemas.
El texto cita el artículo 60 inciso 45 de la Ley 8126, que faculta al Concejo a convocar a funcionarios para brindar informes.
Hasta ahí, todo bien.
Pero la Cuenta General del Ejercicio 2024, con sus 368 fojas, ingresó hace tiempo, y recién ahora —a dos días hábiles de la sesión— se convoca “con carácter de urgente” a la Secretaria de Hacienda, CPN María de las Mercedes Coria, y a cualquier otro funcionario que se considere “necesario”.
Esto no es control serio.
Esto es control a medias y a destiempo.
Porque si el oficialismo hubiera querido un análisis profundo y transparente, el procedimiento habría sido otro:
Comisiones de trabajo, requerimientos de información detallada, participación de todas las áreas y publicidad de la convocatoria para que los vecinos puedan seguir en vivo las respuestas.
Pero no.
Se optó por una citación exprés, sin tiempo real para que la oposición prepare preguntas de peso, y con un anexo que selecciona a dedo los ítems a consultar.
Sí, hay preguntas relevantes: sobre combustibles, alquileres, asesores, tarjetas de crédito, maquinaria…
Pero se omiten otros temas sensibles: ejecución de obras públicas, uso de fondos nacionales y provinciales, transferencias internas, deuda flotante, cumplimiento de metas presupuestarias.
Y si el control es parcial, el resultado también lo será.
La convocatoria tampoco especifica quiénes son “todos los otros funcionarios” que deberían concurrir.
Eso deja la puerta abierta a que se presenten sólo los que el Ejecutivo quiera enviar, y no necesariamente quienes tienen la responsabilidad directa de explicar cada gasto y cada ingreso.
Más grave aún: no hay garantías de que esta sesión sea pública, transmitida y difundida masivamente, como exigen los principios de transparencia.
Sin participación ciudadana, la rendición de cuentas se convierte en un acto interno, cerrado y sin consecuencias reales.
El oficialismo dice actuar con urgencia.
Pero esa urgencia no existió cuando la Cuenta General llegó al Concejo.
Durante semanas pudieron solicitar documentación adicional, pero esperaron hasta último momento para montar esta convocatoria “de apuro”.
El mensaje que deja esta Resolución es claro:
Cumplir con la forma, pero vaciar el contenido.
Hacer control sin querer controlar.
Y mientras tanto, los vecinos siguen sin saber con precisión cómo se gastó su dinero en 2024.
El control institucional no puede ser una puesta en escena.
No es un trámite para la foto, ni una herramienta para eludir responsabilidades.
Es una obligación legal, política y moral.
En Campo Quijano, necesitamos un Concejo que abra las puertas, que pida todo lo que tenga que pedir, que no elija a conveniencia qué preguntar y qué callar.
Porque un control selectivo y a destiempo, en realidad, no es control:
Es encubrimiento.
- Y lo más grave: al final, aparece la pregunta que todos queremos respuesta
¿En qué se gastaron más de 130 MILLONES de pesos en el Concejo Deliberante en 2024? - Porque el control institucional no es una puesta en escena:
O se hace completo y a tiempo… o es encubrimiento.