¿De qué sirve vivir en el «Portal de los Andes» si el descanso es un lujo prohibido? Lo que está sucediendo en el Barrio La Merced Chica Village, en La Silleta, no es solo un conflicto entre vecinos y un salón de fiestas; es el retrato fiel de un municipio que parece haber decidido ignorar sus propias leyes para favorecer intereses particulares por encima de la salud de su gente.
El desprecio por la paz residencial
Bajo la gestión del Intendente Lino Yonar, la Municipalidad de Campo Quijano habilitó un salón de eventos con capacidad para más de 160 personas en el corazón de una zona estrictamente residencial. Lo hizo sabiendo que el predio está rodeado de familias que eligieron la zona por su tranquilidad, y lo que es peor, desoyendo las advertencias que los vecinos presentaron formalmente desde mayo de 2025, antes de que se terminara de construir.
La lista de irregularidades es, sencillamente, escandalosa:
- Violación del Código de Edificación: Se ignora el poder de policía y la zonificación básica.
- Contaminación acústica desatada: Se pisotean las ordenanzas municipales (Nº 24/13 y 46/13) y las normas IRAM sobre ruidos molestos.
- Ilegalidad provincial y nacional: El municipio está incumpliendo la Ley Provincial 7070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nacional 25.675, que obliga al Estado a actuar preventivamente antes de que el daño sea irreversible.
Entre la fiesta y la tragedia
Pero hay un agravante que raya la negligencia criminal: el bloqueo total de las calles por los vehículos de los asistentes. Los vecinos han denunciado, con pruebas audiovisuales, que ante una emergencia médica o un incendio, ni una ambulancia ni un camión de bomberos podrían ingresar a la zona.
¿Está esperando el ejecutivo municipal una tragedia para reaccionar?. La inacción del Estado genera responsabilidad, y en este caso, el silencio oficial ante las más de 30 denuncias contravencionales es cómplice del caos.
El último refugio: La Justicia
Frente a un municipio sordo y un ejecutivo que no adopta medidas eficaces, los Vecinos Autoconvocados de La Merced Chica se vieron obligados a judicializar el conflicto. El pasado 28 de noviembre presentaron un Recurso de Amparo ante la Justicia Provincial para exigir lo que la Intendencia les niega: el derecho constitucional a la salud, al descanso y a una calidad de vida digna.
Dado que este conflicto involucra una falta de respuesta oficial ante las denuncias presentadas al Intendente Lino Yonar y la reciente presentación de un Recurso de Amparo el 28 de noviembre, es un tema con mucha tela para cortar en el ámbito periodístico
La pregunta queda en el aire para las autoridades de Campo Quijano:
¿Gobiernan para los ciudadanos que pagan sus impuestos y buscan vivir en paz, o para el lucro de un salón de eventos que atropella el derecho ajeno?.
El tiempo de las notas de compromiso ya pasó. Ahora, es el tiempo de que la ley se cumpla.