Luego de ocho meses de una meticulosa investigación preliminar dirigida por el fiscal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Alejandra Giménez hizo lugar a la imputación penal requerida por el representante del Ministerio Público Fiscal en contra Juan Sebastián Albornos por el delito de transporte de estupefacientes en calidad de “organizador”.

En la audiencia de formalización de la investigación penal, celebrada el 29 de diciembre pasado, el fiscal detalló el accionar del acusado, quien se encuentra detenido desde el 6 de noviembre pasado por su responsabilidad en un siniestro vial que causó gran conmoción a nivel local, ya que las víctimas, una pareja de vendedores ambulantes, resultaron con graves lesiones.

Por ese hecho, ya fue imputado por el delito de autor de lesiones gravísimas culposas agravadas por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, y por haberse dado a la fuga con un nivel de alcoholemia de 1,79 g/l.

En el ámbito federal, en tanto, Albornos fue acusado por su rol de “organizador” de dos hechos de transporte de estupefacientes agravado, por los cuales tres personas ya fueron condenadas a partir de procesos de juicio abreviados, con condenas que van de tres a nueve años de cárcel y el decomiso de dos vehículos.

Al presentar el caso, el fiscal remarcó el rol preponderante del imputado en la planificación de los hechos de transporte y su capacidad económica, tanto para obtener grandes cantidades de droga, como para financiar el movimiento del estupefaciente con dinero y la provisión de vehículos.

En detalle, explicó que la investigación se originó el 3 de abril del 2023 a partir del llamado de una persona a la Delegación Salta de la Policía Federal. Omitió su identidad, pero reveló información sobre un sujeto que residía detrás de las instalaciones de una empresa de transporte, en el barrio 20 de Junio.

Indicó que el sospechoso se dedicaba a la obtención de droga, la que adquiría en el norte provincial y también se encargaba del traslado a esta ciudad, donde era distribuida en bocas de expendios locales y también a otros revendedores, en Tucumán y Jujuy.

De las tareas de campo, coordinadas por el Investigador Lisandro Arranz, del Área de Casos Complejos, se identificó a la persona denunciada como Albornos, quien tenía residencia en dos domicilios ubicados en el barrio mencionado.

Primer hecho

Al profundizar la tarea investigativa, se pudo obtener su número de teléfono y, a partir del mismo, se estableció una serie de nexos con otros cómplices, como así también otros indicios que permitieron a la fiscalía adjudicarle un rol clave en dos hechos de transporte.

El primero fue descubierto el 26 de abril, a día de ser denunciado. Fue a la altura del kilómetro 27 de la ruta provincial 47, muy cercano al dique Cabra Corral, en la localidad de Coronel Moldes, donde la División Fluvial y Lacustre de la Policía de Salta realizaba un control vehicular para prevenir la pesca y caza furtiva.

En esa tarea, los policías detienen un auto Fiat Uno, idéntico al visto en la casa del acusado. Ante los requerimientos de los policías, el conductor hizo entrega de los papeles del auto, pero se le pidió que permanezca en el lugar, ya que no portaba documento de identidad.

En esas circunstancias, aparece el VW Gol, también fotografiado en la casa del acusado. De este rodado bajaron dos personas, quienes comenzaron a dialogar con el chofer del Fiat Uno, subiéndose los tres a dicho rodado para darse a la fuga, pues ninguno tenía documentos personales.

Atinadamente, los policías les habían tomado fotografías a los tres individuos, lo que fue clave para la investigación. Al revisar el auto que habían dejado, se descubrieron cajones de manzana con 88 paquetes de droga, determinándose que se trataba de 91 kilos de marihuana.

Al perseguir a los prófugos, los policías encontraron en la misma ruta, a la altura de los kilómetros 16 y 17, el Fiat Uno abandonado. No obstante, del secuestro de otros documentos hallados en rodado que llevaba la droga, se identificó a uno de sus ocupantes como Deivy Cruz Nolasco.

Al día siguiente, en otro control de la misma unidad policial, sobre la ruta 68, en el paraje Viñaco, los policías reconocieron al otro ocupante del VW Gol, quien viajaba como acompañante en una motocicleta, lo que se debió gracias a que no llevaba el caso protector puesto.

El sujeto fue detenido e identificado como Samuel Cruz Coraite, quien fue el primero en resolver su situación procesal a través de un acuerdo de juicio abreviado, el que fue celebrado el 22 de septiembre pasado ante el juez de Revisión Guillermo Elías.

Este magistrado homologó una condena propuesta por la fiscalía en contra de Cruz Coraite de tres años de prisión condicional por el delito de transporte de estupefaciente, en calidad de partícipe secundario. A su vez, ordenó que quede a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones para su expulsión del país, lo que finalmente se concretó.

Segundo caso

Se registró en horas de la tarde del 18 de julio, en la ruta 41, a la altura de la localidad de Salta Forestal, en el departamento de Anta, al sur de la provincia. Sucedió cuando efectivos de la Policía Rural, de la fuerza provincial, llevaban adelante un control vehicular.

Fue entonces, cuando los policías vieron que un automóvil Chevrolet Onix y una motocicleta, la que iba por delante de norte a sur, se detuvieron al percatarse del control y luego giraron en “U”, para darse a la fuga en sentido contrario.

Tras una breve persecución, los uniformados hallaron el automóvil abandonado y huellas alrededor, las que indicaban que la fuga había proseguido en la moto y hacia el monte. Al requisar el rodado, se encontraron otros cuatro cajones de manzana, esta vez con un contenido de 100 kilos de marihuana.

Al otro día, cuando los policías rastrillaban la zona, un puestero reveló que vio a dos hombres en una motocicleta, la que parecía haber sufrido un desperfecto mecánico. Con estos datos, se focalizó la búsqueda y así se pudo dar con los evadidos, tratándose uno de ellos de Cruz Nolasco, quien conducía el vehículo con la droga.

El otro, en tanto, fue identificado como Sergio Fernando Correa, quien iba en la motocicleta y cumplía el rol de “puntero”, consistente en alertar al coche con la droga respecto a la presencia de puestos de control de la policía, o de otras fuerzas de seguridad.

En función de las pruebas reunidas, incluidas las del primer hecho, en el cual Cruz Coraite reconoció su participación, la fiscalía pudo establecer que Cruz Nolasco tuvo participación en ambos transportes, siendo el conductor del VW Gol y del Chevrolet Onix, los vehículos en los que iba la droga.

También se estableció que fue el que condujo el Fiat Uno en el que se fugaron los acusados en el hecho descubierto el 26 de abril. Respecto a Cruz Coraite, se determinó su intervención en el primer hecho, con el rol de acompañante.

Ante la carga probatoria, Cruz Nolasco y Correa, al igual que lo hizo Cruz Coraite, optaron por resolver su situación a través de un juicio abreviado, acuerdo que se formalizó el 28 de diciembre pasado ante la jueza Giménez, quien impuso al primero de ellos una pena de 5 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes, en dos hechos y en calidad de coautor, tal como lo requirió la fiscalía.

En cuanto a Correa, la pena se acordó en 4 años de prisión por el mismo delito, pero respecto solo a un hecho. Estas penas, sin embargo, se incrementaron en razón de que al momento de cometidos los hechos, ambos acusados aún no habían terminado de purgar sendas penas impuestas previamente por delitos similares.
En el caso de Cruz Nolasco, quien estaba prófugo debido a que había incumplido el beneficio de salidas transitorias, registraba una condena de 5 años de prisión impuesta el 15 de abril de 2021 por el Tribunal Oral Federal N°2, motivo por el cual fue declarado reincidente con una pena unificada de 9 años de prisión.

Correa, en tanto, estaba en el último año de su condena de 6 años, dictada en su contra por el Tribunal Oral Federal N°1 el 25 de octubre de 2017. En su caso, la pena fue aplicada por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Ahora, al ser declarado reincidente, su pena quedó en 8 años y 6 meses de cárcel. Asimismo, y producto de los acuerdos formalizados con los tres acusados, se dispuso el decomiso de los vehículos VW Gol y Chevrolet Onix, utilizado para el transporte de la droga.

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