También fueron imputadas dos familiares. Se detectó un manejo irregular de los recursos de la Panadería Social, lo que podría haber causado un perjuicio económico al erario municipal de aproximadamente $100 millones.

Denunciaron penalmente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y comenzó una investigación en orden "prima facie" por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, retardo malicioso del ejercicio de la administración de justicia, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con él ejercicio de la función pública.