En diálogo telefónico con Radio Quijano, el ex concejal Ariel Gallardo manifestó su preocupación por los recientes descuentos aplicados a los afiliados del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), en el marco de una supuesta “regularización” de la obra social. Según explicó, los montos que se pretenden cobrar no guardan relación con los salarios reales de los trabajadores municipales.
“El interventor del IPSS considera que un empleado municipal debe aportar $55.872 mensuales a partir de mayo de 2025”, denunció Gallardo. Sin embargo, remarcó que la mayoría de los trabajadores municipales cobra entre $600.000 y $1.000.000, por lo que ese descuento resulta desproporcionado e inviable.
Según el Decreto N° 1113/03 —aún vigente—, el aporte personal al IPSS es del 5,5% del sueldo, mientras que la contribución patronal asciende al 6,5%. Así, un empleado municipal que percibe $600.000 debería aportar unos $33.000 entre ambas partes, muy por debajo de los $55.872 exigidos.
“Para que ese aporte tenga sustento, los trabajadores municipales deberían tener ingresos remunerativos de más de un millón de pesos”, aseguró Gallardo.
Una obra social en crisis y un silencio oficial
Desde febrero, el IPSS se encuentra intervenido tras revelarse un déficit de más de 25 mil millones de pesos. Esta situación, lejos de resolverse con transparencia, ha derivado en ajustes que recaen sobre los trabajadores, mientras las autoridades guardan silencio.
Gallardo también recordó que meses atrás, el gobernador Sáenz presentó un proyecto de ley que proponía que, al momento de jubilarse, los empleados públicos dejarían de ser afiliados del IPSS para pasar automáticamente al PAMI, sin darles opción. Ese mismo proyecto obligaba a que todas las recetas emitidas por médicos del IPSS se hicieran con nombre de medicamento genérico, lo que generó un fuerte malestar en la población.
Ante el rechazo social, el proyecto fue retirado de la Cámara. Pero ni los gremios, ni los concejales, ni diputados, senadores o intendentes salieron a defender a los trabajadores. Hoy, el panorama se repite: llegan los descuentos y el silencio institucional persiste.
“Ni siquiera entregaron los recibos de sueldo a los empleados para que puedan verificar si ya les descontaron. Mientras tanto, en otros municipios como El Carril, los trabajadores se organizaron y alzaron la voz”, concluyó Gallardo.
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