En comunicación telefónica con Radio Quijano, la concejal Lorena Torres brindó un detallado resumen de la sesión realizada el pasado martes 8 de julio, donde se trató —y finalmente se rechazó— un proyecto presentado por su autoría, que contaba con dictamen de minoría. La propuesta planteaba la adhesión del municipio a la Ley Nacional N° 25.188, conocida como Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece principios fundamentales de integridad, transparencia y rendición de cuentas para los funcionarios públicos.
Pese a la relevancia de la iniciativa, la mayoría del cuerpo decidió no acompañarla, dejando en evidencia una preocupante falta de compromiso con la ética y la transparencia. Según sostuvo Torres, este rechazo no es un hecho aislado, sino que refleja un patrón sistemático en el Concejo Deliberante, que se ha negado reiteradamente a aprobar pedidos de informe y ha tomado decisiones que, en su opinión, blindarían al intendente y limitarían el control democrático.
Por otra parte, la edil relató que en la mañana previa a la reunión de comisión recibió un comunicado apenas una hora antes, informando un asueto para el Concejo Deliberante, fundamentado en una resolución del Ejecutivo, sin brindar explicaciones ni permitir consultas. La Resolución Municipal N° 603/25 mencionada, establece asueto administrativo para los trabajadores municipales el pasado jueves 10 de julio; sin embargo, no existe documentación oficial que extienda esa medida al Concejo Deliberante ni se difundió información formal al respecto.
Torres apuntó directamente contra la presidenta del Concejo, Mirta Copa, a quien acusó de sostener un accionar «con sello libertario», pero con prácticas opuestas a los valores que afirma representar La Libertad Avanza.
La edil denunció que se presentó el día jueves en el edificio del Concejo para trabajar en comisión —como se realiza habitualmente— y encontró el lugar cerrado, sin cartel alguno que informara a los vecinos, ni publicaciones en las redes oficiales. Según se argumentó de manera informal, el cierre se debía al asueto por el 9 de Julio. No obstante, el Concejo Deliberante es un poder independiente y no organizador de los festejos, por lo que no debería adherir a resoluciones propias del Ejecutivo.
Además, Torres subrayó que no se emitió resolución de presidencia ni se notificó a la comunidad, lo que calificó como una grave falta de respeto institucional y un acto de desprecio hacia los vecinos.
“La presidenta no puede confundir ni trasladar resoluciones propias del Ejecutivo al Concejo, que es un poder independiente”, enfatizó Torres.
“Es inaceptable que se cierre el Concejo sin notificación oficial ni fundamentos claros. Y es aún más grave que se rechace una ley que fortalece la ética y la transparencia. Este comportamiento refleja el mismo patrón: blindar al intendente y evitar cualquier mecanismo de control”, agregó.
Mientras tanto, la comunidad sigue esperando explicaciones claras, acceso a la información pública y el cumplimiento real de los principios democráticos y republicanos que deberían regir la gestión local.
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