En las últimas horas, el Club Unión Huaytiquina (CUH) realizó un depósito judicial por $1.731.700, correspondiente al expediente 760116/21, donde el demandante es Ramiro Javier Ulivarri. El pago quedó registrado este miércoles 3 de diciembre a las 10:25 hs en la cuenta judicial del Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial N° 8, Secretaría 1.
A pesar del movimiento económico, la situación del club está lejos de quedar resuelta.
Un remate que continúa en pie
El depósito se realizó un día después de que el juzgado confirmara oficialmente —mediante proveído del 2 de diciembre— la fecha del remate solicitado por la martillera pública Julia Alejandra Auza.
La subasta fue programada para el viernes 12 de diciembre de 2025, a las 17:15, en el Colegio de Martilleros de Salta (España 955).
Según consta en el expediente, el pedido de la martillera se basa en:
- El embargo presentado por Ulivarri, correspondiente a este tercer expediente.
- Y también en un primer embargo previo, reclamado por la propia martillera Auza por los honorarios del remate anterior de 2022, que se frenó “sobre la hora”.
Se paga, se frena… pero no se cancela el total
La novedad es que, aunque el depósito realizado hoy permite frenar momentáneamente el remate, el pago no cubre el total de la deuda, por lo que el proceso judicial continúa abierto.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que:
- El depósito actual corresponde solo a una parte de lo adeudado.
- Persisten montos pendientes vinculados tanto al embargo de Ulivarri como a los honorarios del proceso anterior.
- Mientras los pagos no cubran la totalidad, la situación del remate sigue “latente”.
Una historia judicial que todavía no termina
La trama entre el club, el demandante y la martillera suma ya varios años y distintos embargos acumulados. Aunque estas nuevas transferencias judiciales aportan un alivio parcial, no significan el cierre definitivo del conflicto.
El origen de esta obligación se remonta al momento en que Jorge Figueroa y Oscar “Chochi” Ríos, quienes se presentaban como presidentes del club, impulsaron una acción legal que terminó generando costos judiciales. Con el paso del tiempo, y tras diversas instancias, ambos involucrados se declararon insolventes. Como consecuencia, la responsabilidad del pago recayó finalmente sobre la institución.
La comunidad del deporte local observa con preocupación el futuro del club, esperando que se alcance una solución que permita preservar su patrimonio y estabilidad institucional.