La madre de una estudiante que transita su trayectoria educativa en el marco de la articulación entre la escuela Jean Mermoz y la Escuela Técnica Ingeniero Maury volvió a exponer sus reclamos. En diálogo con Radio Quijano 99.9, cuestionó la falta de respuestas concretas de las autoridades, reclamó docentes preparados para trabajar con estudiantes con discapacidad y advirtió sobre situaciones que, según sostiene, requieren una intervención urgente. También expresó su preocupación por el cierre de la trayectoria escolar de su hija y la documentación que recibiría al egresar.
El reclamo de Silvia Vásquez vuelve a poner en discusión el alcance de la inclusión educativa y la responsabilidad de las instituciones y autoridades que deben garantizarla.
En una entrevista con Radio Quijano 99.9, Vásquez expresó su hartazgo frente a lo que considera una sucesión de respuestas insuficientes, promesas incumplidas y trámites administrativos que no se traducen en soluciones concretas para los estudiantes.
«Me cansé del Ministerio de Educación, me cansé de las respuestas vacías», manifestó al hacer público su reclamo.
La mujer aseguró que lleva meses solicitando la intervención de las autoridades ante distintas situaciones que, según denunció, se producen en el curso de su hija. Cuestionó las respuestas de la dirección del establecimiento y de la supervisión escolar, y puso en duda que las actuaciones administrativas mencionadas por las autoridades hayan sido suficientes para abordar los problemas planteados.
Según explicó, le informaron que el grupo pedagógico había elaborado actas y realizado acciones de contención frente a diferentes situaciones. Sin embargo, considera que las medidas adoptadas no dieron respuestas satisfactorias a las necesidades del grupo.
Su cuestionamiento apunta a una diferencia fundamental: para las familias, no alcanza con dejar constancia de los conflictos si después no se implementan medidas efectivas para prevenirlos y garantizar el bienestar de los estudiantes.
«No defiendo solamente a mi hija»
Uno de los aspectos centrales de su testimonio es que, según remarcó, su reclamo no responde únicamente a una preocupación personal.
Vásquez sostuvo que también busca defender los derechos de los demás estudiantes y conseguir mejores condiciones educativas para todo el grupo.
En ese sentido, cuestionó que las familias deban insistir reiteradamente mediante notas y presentaciones formales para obtener respuestas sobre situaciones que consideran urgentes.
La madre también expresó su preocupación por las posibles consecuencias que esta exposición pública pudiera tener sobre su hija, especialmente porque atraviesa la etapa final de su escolaridad.
«Ojalá esto no perjudique a mi hija en su próximo egreso», expresó en su publicación, dejando en evidencia la preocupación con la que enfrenta esta situación.
Pese a ese temor, sostuvo que continuará reclamando por lo que considera una inclusión verdadera y por el derecho de los estudiantes a recibir una educación adecuada a sus necesidades.
Inclusión e integración: el reclamo por docentes preparados
Durante la entrevista, Vásquez insistió en la necesidad de contar con docentes formados y comprometidos con la educación de estudiantes con discapacidad.
Su planteo se relaciona con las dificultades que, según denuncian las familias, se presentan en la convivencia escolar, el acompañamiento cotidiano y la respuesta institucional ante situaciones de desregulación emocional o conflictos entre estudiantes.
En este contexto, los padres de alumnos vinculados a la escuela Jean Mermoz y a la Escuela Técnica Ingeniero Maury habían presentado reclamos por situaciones de agresión, insuficiencia de personal de apoyo y falta de medidas preventivas.
Las familias solicitaron mayor acompañamiento, protocolos claros de actuación, intervención del equipo pedagógico y recursos humanos que permitan atender las necesidades de los estudiantes durante toda la jornada escolar.
También plantearon la importancia de contar con personal capacitado para intervenir ante situaciones complejas, sin trasladar responsabilidades a docentes que podrían no tener la formación específica requerida.
El objetivo, según expresaron las familias en sus presentaciones, no es estigmatizar a ningún estudiante, sino garantizar condiciones de seguridad, respeto y acompañamiento para todos.
Para Vásquez, hablar de inclusión e integración implica mucho más que utilizar esos términos en documentos institucionales: exige preparación profesional, compromiso y acciones concretas.
Una presentación formal y meses de reclamos
Los cuestionamientos se suman a una presentación escrita de las familias, fechada el 9 de octubre de 2026, dirigida a las autoridades educativas.
En ese documento, los padres solicitaron que sus planteos quedaran registrados formalmente y reclamaron información por escrito sobre las medidas previstas para mejorar la seguridad y el acompañamiento de los estudiantes.
Entre los pedidos mencionados figuran el refuerzo del personal, la intervención del equipo pedagógico, la revisión de las prácticas educativas y la implementación de estrategias de acompañamiento acordes con las necesidades individuales.
Vásquez sostiene que cuenta con notas, actas y documentación firmada y sellada que respaldarían sus presentaciones.
La madre cuestionó que, pese a haber recurrido a los canales institucionales, continúe sin obtener las respuestas que considera necesarias.
Por ese motivo, decidió llevar el reclamo a los medios de comunicación y hacer pública su experiencia.
El reconocimiento a dos docentes
En medio de sus cuestionamientos, Vásquez también destacó el trabajo de los profesores Rafael Sangari y Marcelo Ríos, a quienes reconoció por el acompañamiento brindado a los estudiantes durante los cinco años de articulación con la escuela técnica.
Según su testimonio, ambos docentes fueron importantes para sostener las trayectorias educativas de los alumnos.
La mujer diferenció ese reconocimiento de los problemas institucionales que denuncia y valoró el compromiso de quienes, desde su experiencia, contribuyeron a que los estudiantes pudieran continuar su recorrido escolar.
Su reconocimiento pone de relieve otro aspecto de la discusión: las familias reclaman que las buenas experiencias de acompañamiento no dependan solamente del compromiso individual de determinados docentes, sino que formen parte de una respuesta institucional sostenida.
La preocupación por los certificados al finalizar la escolaridad
Otro de los puntos que preocupa a las familias es la documentación que recibirían los estudiantes al completar sus trayectorias educativas.
Una de las madres denunció que alumnos que cursan desde primero hasta quinto año podrían recibir certificados en lugar de títulos, una situación que, según advierte, podría generar dificultades para acreditar sus estudios y continuar su formación.
El planteo requiere una respuesta formal de las autoridades educativas que precise qué documentación corresponde a cada estudiante, qué validez tiene y qué posibilidades de continuidad educativa garantiza.
La certificación debe analizarse teniendo en cuenta la trayectoria efectivamente realizada, el tipo de propuesta educativa y la normativa aplicable. Por eso, resulta necesario que las autoridades expliquen de manera clara y por escrito cuál es la situación de estos alumnos y qué alternativas tienen al finalizar la escolaridad.
Para las familias, la preocupación no termina cuando los estudiantes completan el último año. También quieren saber qué oportunidades tendrán después de egresar.
Una denuncia que también incluye cuestionamientos sobre fondos
Durante la entrevista, Vásquez también hizo referencia a cuestionamientos vinculados con el manejo de fondos, aludiendo a posibles irregularidades que considera necesario esclarecer.
Se trata de manifestaciones que requieren documentación y respuestas de los organismos competentes para determinar su alcance. Por el momento, no corresponde presentar esas afirmaciones como hechos comprobados sin contar con elementos que las acrediten.
La mención, sin embargo, amplía el alcance de los reclamos que la madre busca poner en discusión y refuerza su pedido de explicaciones y transparencia.
«Con papeles en mano»: por qué decidió hablar públicamente
En su publicación, Vásquez recordó el consejo de una amiga que, según contó, le abrió por primera vez las puertas de los medios de comunicación: presentarse con la documentación en la mano y no quedarse callada.
A partir de esa experiencia, decidió hacer públicos sus cuestionamientos y continuar utilizando los canales formales para reclamar respuestas.
La mujer también agradeció el acompañamiento de su familia y de los profesionales que, según expresó, la ayudaron a defender sus convicciones y a sostener sus reclamos.
Su decisión de hablar públicamente se produce en un momento especialmente sensible: su hija se encuentra próxima a finalizar una etapa de su trayectoria escolar y la madre teme que sus denuncias puedan tener consecuencias para ese proceso.
Después de las denuncias, ¿qué respuestas habrá?
Vásquez también manifestó su malestar por lo que describió como una continuidad de las actividades escolares sin que, a su entender, se hayan resuelto los problemas que viene denunciando.
Su reclamo plantea una pregunta que excede su situación particular: ¿qué mecanismos de seguimiento existen para comprobar que las intervenciones pedagógicas y las medidas de contención realmente funcionan?
Las familias necesitan conocer qué acciones se adoptaron, cuáles continúan pendientes, quiénes son responsables de implementarlas y cómo se evaluarán sus resultados.
En este escenario, resulta fundamental que las autoridades educativas respondan públicamente a los planteos, informen qué medidas se encuentran en marcha y expliquen cómo garantizarán la seguridad, el acompañamiento y la continuidad educativa de los estudiantes.
La inclusión no puede quedar reducida a una declaración de principios. Debe reflejarse en recursos, formación docente, prevención, acompañamiento y respuestas institucionales concretas.
Desde Radio Quijano 99.9 seguiremos dando espacio a las voces de las familias y a los planteos de la comunidad educativa, con el objetivo de que las situaciones denunciadas puedan ser aclaradas y que los derechos de los estudiantes reciban la atención que merecen.