Presentaron un pedido de inconstitucionalidad contra un decreto del gobierno militar de 1967.
Una acción declarativa de inconstitucionalidad fue presentada en la Corte de Justicia de Salta con el objetivo de que la localidad de La Silleta, ubicada a unos 20 kilómetros al sudoeste de la ciudad capital sobre la ruta nacional 51, sea reconocida como municipio de acuerdo a los antecedentes y registros históricos que fueron volcados en el mismo documento.
Rubén Olarte, vecino de ese pueblo, fue el encargado de elevar el pedido en los términos de un acción declarativa para que el máximo órgano de Justicia de la provincia declare inconstitucional el decreto del gobierno de facto del año 1967 que suspendió la creación del municipio de La Silleta tal cual lo ordenaba la ley 3913 del gobierno democrático de 1964.
En contacto con El Tribuno, Olarte expresó que los vecinos de esa localidad esperan «salir del ostracismo» cuando puedan ser reconocidos como municipio, ya que hoy son una delegación municipal dependiente de Campo Quijano.
Para argumentar su exposición Olarte dijo que en el pueblo no hay veredas. «Los peatones debemos compartir la calzada con el transporte público de pasajeros, camiones, tractores con acoplados, caballos y motocicletas».
Mencionó también que los servicios públicos de suministro de luz y agua son deficientes, sin un exhaustivo control por parte del ejecutivo municipal.
Recordó también que en La Silleta, la Policía de la Provincia no posee edificio propio y que el Destacamento Policial funciona en dos habitaciones que, gentilmente, la Delegación Municipal le cedió a préstamo. «Allí conviven empleados municipales, efectivos policiales y los reos que éstos custodian, con el peligro que ello representa».
Haciendo un recuento histórico, el vecino recordó que «los administradores que el gobierno de facto nos impuso desde hace más de medio siglo solo pudieron gestionar y construir, dentro del ejido urbano, 30 viviendas, 1 centro de salud y 8 cuadras de pavimento», a lo cual contrapuso el crecimiento poblacional de los últimos años en la zona que, de acuerdo al último censo, ya cuenta con más de 6.000 habitantes.
El 29 de octubre de 1964, bajo el gobierno democrático del Ricardo Durán, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta sancionaron la ley 3913, por la cual se creaba el municipio de La Silleta, fijando su jurisdicción y ordenando que los gastos que demandara el cumplimiento de ella fuesen atendidos con fondos de Rentas Generales de la Provincia.
En el año 1967 la dictadura suspende la vigencia de la ley
El día 13 de enero de 1967 el entonces gobernador de facto, Cnel. Mario Cabanillas, a través del decreto 2533 dispuso que «hasta tanto el municipio de La Silleta, creado por 3913/64 (Organización y Funcionamiento de Municipalidades) se encuentre encuadrado en lo que determina la Ley 1349, que le permita desarrollar una labor eficaz a favor de la comunidad, deberá el mismo ser atendido, en todo lo inherente a la labor municipal, por la intendencia de Campo Quijano a cuya jurisdicción perteneció, antes de su creación». Tal decreto del gobierno militar figura en la acción presentada ante la Corte y es una de los argumentos fundamentales del recurso. «Más allá del peso legal de un decreto sobre una ley, el decreto del gobierno militar no derogó la ley de creación del municipio, sino que suspendió su vigencia», dijo Olarte.
«Ruego a los señores jueces, dicten fallo favorable a esta inquietud. Tengo el convencimiento de que, solo si nos independizamos de Quijano, lograremos salir del ostracismo en el cual nos encontramos inmersos desde hace 57 años», dijo.
Fuente: Diario El Tribuno