La reciente promulgación del impuestazo en nuestro municipio por parte del intendente Ing. Lino Fernando Yonar representa un atropello a los principios de justicia y participación ciudadana que deberían guiar toda gestión pública. A pesar de la intervención del Concejo Deliberante, que logró reducir el aumento inicialmente propuesto, el intendente optó por vetar esa decisión y promulgar la versión original, imponiendo una carga fiscal desproporcionada que carece de justificación y afecta directamente a los bolsillos de los vecinos.
Los concejales Montero, Copa, Cruz y Torres lograron una reducción a los incrementos propuestos por el intendente. Sin embargo, esta propuesta fue vetada por el Ejecutivo .
Entre los incrementos incluidos en la Ordenanza Tarifaria 2025, destacan los siguientes:
- Impuesto Inmobiliario: 280%
- Tasa de mantenimiento y limpieza: 280%
- Impuesto automotor: 124%
- Tasa de piso y ambulancia: entre 300% y 500%
Este tipo de medidas tiene un claro carácter confiscatorio y desconoce las necesidades y capacidades reales de la comunidad. Es inaceptable que, en una democracia, las decisiones unilaterales del Ejecutivo prevalezcan sobre los esfuerzos del Legislativo para encontrar un punto de equilibrio más justo y razonable. El veto del intendente no solo desoye la voz del Concejo Deliberante, sino también de todos aquellos ciudadanos que ven en sus representantes la esperanza de un gobierno más cercano y equitativo.
Lo más preocupante es la postura del oficialismo, conformado por los concejales Pablo Orosco, Patricio Suárez y Cristina Gerón, que constantemente se alinea con el intendente, incluso cuando ello va en detrimento de los intereses de la comunidad. Este alineamiento automático evidencia una falta de compromiso con los vecinos y transforma al Concejo en una mera extensión del poder Ejecutivo, anulando su función como órgano de control y debate.
Además, el intendente aseguró públicamente que las maquinarias adquiridas fueron compradas con recursos propios, pero durante la inauguración el gobernador manifestó que estas fueron gestionadas con fondos provinciales y municipales, demostrando así una evidente contradicción. Como si fuera poco, el intendente también había prometido que no se incluiría la leyenda «Gestión Ing. Lino Yonar» en las adquisiciones, pero la realidad muestra otra mentira más: dicha leyenda está presente.
Aún queda una posibilidad para el Legislativo: reconsiderar el proyecto. Sin embargo, la barrera de los dos tercios necesaria para revertir el veto parece inalcanzable ante la negativa del oficialismo de priorizar el bienestar ciudadano por encima de las directivas del intendente.
Este impuestazo no solo es una agresión económica; también representa una falta de respeto hacia los valores democráticos. Es momento de que los vecinos alcemos nuestra voz y exijamos transparencia, responsabilidad y compromiso por parte de nuestros gobernantes. No podemos aceptar que se sigan tomando decisiones que afectan nuestro presente y futuro sin una consulta genuina ni un análisis serio de sus consecuencias.
La comunidad merece algo mejor. Necesitamos autoridades que trabajen con y para el pueblo, no contra él. Hoy más que nunca, debemos mantenernos unidos y exigir el respeto que nos corresponde como ciudadanos.
