El intendente Lino Yonar de Campo Quijano debía presentar la Cuenta General del Ejercicio 2024 ante el Concejo Deliberante antes del 30 de junio, como lo exige la Ley 8126. Este paso es clave: permite que el Concejo, en representación de la comunidad, analice cómo se administraron los fondos públicos.
En lugar de cumplir, el intendente solicitó una prórroga a la Auditoría General de la Provincia (AGP), la cual fue concedida hasta el 30 de julio. Sin embargo, esta prórroga solo aplica para la presentación ante el organismo provincial y no sustituye la obligación de entregar la Cuenta al Concejo Deliberante.
El intendente presentó una nota al Concejo informando la prórroga que obtuvo en la AGP, pero no pidió formalmente una prórroga local. Aun así, los concejales —sin analizar el fondo legal ni exigir el cumplimiento de la norma— votaron “aceptar” la nota,redactando antes un Dictamen de Comisión N°17/25, aprobado por la mayoría.
Esto significa que no se otorgó ninguna prórroga oficial, y el intendente sigue en incumplimiento. El acto de “aceptar” una nota solo implica tomar conocimiento, no autorizar ni convalidar una extensión de plazo.
Lo más preocupante es que la mayoría de los concejales parecen actuar más como obedientes funcionarios del Ejecutivo que como un órgano de control independiente, debilitando el sistema democrático y la transparencia.
El intendente, al no presentar la Cuenta General en tiempo y forma, incurre en incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que puede derivar en denuncias administrativas y penales.
Por su parte, el Concejo tiene la responsabilidad de exigir el cumplimiento de la ley, intimando al intendente a presentar la documentación y tomando las medidas correspondientes si persiste la omisión.
La comunidad debe saber que la rendición de cuentas no es una formalidad ni un favor: es un derecho ciudadano y una obligación legal. Hoy, el intendente adeuda al pueblo la presentación de la Cuenta General, y el Concejo, en lugar de controlar, parece resignado a obedecer.
¿El Concejo actuará para defender el interés público? ¿O seguirá dejando pasar incumplimientos que afectan la transparencia municipal?
