La Entidad Neutral de Asistencia Humanitaria (ENASHU) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública de Salta contra cuatro funcionarios del Ministerio de Salud Pública provincial, por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción u ocultamiento de documentación pública y encubrimiento funcional, tipificados en los artículos 248, 249, 255 y 277 del Código Penal Argentino.
Los denunciados son el ministro de Salud, Dr. Federico Mangione; la subsecretaria de Medicina Social, Lic. María Gabriela Dorigato; el coordinador de Asuntos Legales, Dr. Ricardo Carpio; y el excoordinador del área, Dr. Víctor Gustavo Echazú.
Según el comunicado difundido por la organización, durante más de dieciocho meses estos funcionarios habrían obstaculizado la autorización de un operativo médico-humanitario gratuito destinado a seis escuelas rurales de la Quebrada del Toro, lo que dejó sin atención sanitaria a más de 100 niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad.
ENASHU sostiene que el expediente N.º 0100321-198841/2024-0, con toda la documentación técnica y legal requerida, fue retenido y manipulado sin justificación, negándose el acceso a la información en violación de la Ley Provincial 7.926 de Acceso a la Información Pública y de la Ley 5348 de Procedimiento Administrativo de Salta.
“Mientras los niños enferman y no pueden acceder a médicos especialistas ni a tratamientos gratuitos, el Ministerio bloqueó tres misiones humanitarias que no le costaban un solo peso al Estado Provincial. Esto no es una irregularidad: es una violación deliberada al derecho a la salud”, expresó José Antonio Boggiano, director de ENASHU.
La denuncia solicita al Ministerio Público el secuestro preventivo del expediente original, un peritaje informático y documental, y la declaración de los funcionarios involucrados, además de un informe a la Dirección de Coordinación Epidemiológica sobre las consecuencias sanitarias derivadas de esta presunta inacción.
Desde la entidad remarcaron que no es la primera vez que un gobierno provincial impide un operativo médico-humanitario gratuito, y advirtieron que esta presentación busca poner freno a “un patrón de impunidad y desprecio hacia los sectores más vulnerables de la población”.
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