La audiencia se desarrollará desde las 13:30 de este lunes en la Sala de Grandes Juicios. También está previsto que presten testimonio empleados de la comuna y vecinos de la zona.
Esta tarde testificarán los investigadores del Gabinete Económico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en la audiencia debate seguida contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez.
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Ines Salinas Odorisio acusa a Cornejo de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, y a Méndez de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.
Luego de la declaración de los profesionales del CIF que realizaron la pericia contable, está previsto que presten su testimonio empleados de la Municipalidad de Campo Quijano y vecinos de la localidad.
La intervención de la UDEC inició en enero de 2020, con la denuncia del actual intendente de Campo Quijano, Carlos Héctor Folloni, quien aseguró que había detectado desorden y ausencia de documentación municipal relacionada a la actividad contable.
A través de la investigación realizada, desde la UDEC identificaron distintos ilícitos. El primero ocurrió el 30 de agosto de 2018, cuando Cornejo adquirió una camioneta Chevrolet S10, que fue abonada con fondos municipales, a través del libramiento de dos cheques girados sobre la cuenta de titularidad del Municipio por la suma de $ 750.000. El vehículo fue inscripto a nombre de Gonzalo Fernando Cornejo, según consta en el formulario 08 secuestrado.
El segundo hecho por el que la UDEC acusa a Cornejo, está relacionado a la sustracción de maquinaria pesada y otros bienes muebles, que fueron llevados a una finca, con el fin de evitar ser descubiertos. Es que el 2 de diciembre de 2019, Cornejo firmó un contrato de locación de un predio de 3000 metros cuadrados del Loteo Pucará de Rosario de Lerma, donde depositó las maquinarias que luego fueron secuestradas y que según expresó verbalmente “le pertenecían”.
El tercer hecho surgió de las declaraciones testimoniales y de la documentación hallada en el municipio, que prueban la sustracción de fondos municipales para ser entregados en forma discrecional; a razón de $500 a las personas que lo solicitaran como ayuda social, sin verificar la existencia real de dicha necesidad. Surgió de los recibos, que no se estableció ni el beneficiario ni el monto que se otorgaba, por lo que la maniobra fue utilizada para disponer libremente de fondos municipales en beneficio propio.
Por último, se tuvo por acreditado un cuarto hecho, mediante constancias del Banco Macro, que el imputado extrajo a través de diversas personas, fondos municipales sin haberse podido determinar el destino asignado y que llevó a cabo la misma maniobra respecto de los fondos depositados en el Banco Patagonia. Sobre estos últimos, se giraron cheques con extracciones de sumas de dinero del municipio y se constituyeron plazos fijos, con los consecuentes beneficios financieros.
Luego, se extrajeron los fondos públicos que no ingresaron al municipio sin haberse podido determinar tampoco su destino real, dada la inexistencia de un circuito administrativo y respaldo documental. Ello produjo un grave perjuicio al erario municipal, del orden de los $84.000.000 (ochenta y cuatro millones de pesos). A esto se sumó que para justificar el retiro de esos fondos, se ordenó a los auxiliares de tesorería que se imputaran a la cuenta “gastos reservados”, según surgió de distintas declaraciones.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
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