Desde el Gobierno nacional dicen que atenderán el mensaje del cacerolazo y proponen una ley regulatoria. En Salta, jueces y el propio Gobernador, afirmaron que no se liberarán presos.

El primer cacerolazo sonó fuerte en la puerta del gobierno de Alberto Fernández, a diez días cumplir cinco meses, y la gente no dejó dudas sobre el temor y la alarma que siente por la liberación masiva de presos -cientos de ellos peligrosos- bajo el paraguas del coronavirus. Una jueza reveló un dato crítico: hay 176 detenidos por abuso sexual que volvieron a sus casas (¿o a la calle?), beneficiados con la prisión domiciliaria.

Apenas se callaron las voces y cacerolas de la protesta del jueves en la noche, la reacción oficial se escuchó teñida de levedad. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, expresó que "hay que atender y entender" todas las manifestaciones, pero marcó que le parece "injusto" que se señale que desde el Poder Ejecutivo se pretende liberar masivamente presos.

Ayer se sumó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien sostuvo que el Gobierno debe "prestarle atención al cacerolazo" contra las prisiones domiciliarias por el COVID-19.

"Hay que prestarle atención, no estamos de acuerdo con la liberación de violadores o abusadores, hay que construir un camino de salida de la cuarentena en un contexto difícil", evaluó el funcionario al ser consultado sobre la protesta.

La respuesta más dura llegó desde el oficialismo legislativo. El diputado Leopoldo Moreau vinculo ayer a los cacerolazos con "los medios opositores" y le pidió al gobierno de Alberto Fernández "asumir que la grieta continúa" en el país.

"En menos de cuatro días instalaron la sensación de que el Gobierno dejaba libres a presos", interpretó el legislador sobre los medios, y consideró que "el Gobierno debería reforzar su política comunicacional".

Las excarcelaciones

La jueza de Ejecución Penal N´ 1 del Departamento Quilmes, Julia Elena Márquez, dijo ayer que desde que comenzó la pandemia de coronavirus "fueron liberadas 1.076 personas con delitos contra la propiedad, 276 con delitos contra las personas, y 176 con condenas por delitos contra la integridad sexual".

La jueza afirmó que en un solo día se concedieron la misma cantidad de excarcelaciones que en todo un año y reveló que por cada detenido se llegan a recibir en su juzgado hasta cuatro solicitudes de prisión domiciliaria.

Según datos del Tribunal de Casación, en 2018 se concedieron 160 prisiones domiciliarias y 2.600 libertades condicionales o asistidas, mientras que en el último mes ese número llegó a 2.458.

Proyecto de ley para limitar la excarcelación

La diputada nacional Graciela Camaño (Consenso Federal) presentó un proyecto de ley por el cual propone la prohibición de las excarcelaciones de quienes hayan cometido delitos graves, como homicidios, secuestros, violaciones o aquellos relacionados con la corrupción, entre otras faltas.

En la iniciativa presentada en la Cámara Baja, la diputada plantea una modificación al Código Penal por la cual los jueces “no podrán, en ningún caso, conceder la prisión domiciliaria a personas condenadas por determinados hechos a los que se considera como ‘graves’”. Entre esos delitos menciona los perpetrados contra la vida, los cometidos con motivo de violencia de género, contra la integridad sexual, secuestro extorsivo, robo agravado, asociación ilícita según el artículo 210 del Código, contra el orden económico y financiero, entre otros. “Si frente a una epidemia o pandemia resultare indispensable la reducción de la cantidad de personas privadas de la libertad, la excarcelación no podrá, en ningún caso, concederse a personas condenadas por esos hechos”, remarca.

Fuente de la Información: El Tribuno

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