La denuncia incluye también los delitos de “amenazas calificadas”, “violación de los deberes de funcionario público” e “intimidación pública”, y alcanza a otros importantes funcionarios del kirchnerismo, como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y los ministros Eduardo “Wado” de Pedro y Aníbal Fernández.

Al igual que lo realizado desde la Coalición Cívica, diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron hoy una denuncia criminal contra el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros importantes funcionarios del kirchnerismo por los delitos de “sedición, amenazas calificadas, violación de los deberes de funcionario público, instigación a cometer delitos e intimidación pública”, los cuales forman parte, según consta en el comunicado difundido por la oposición, de “un plan de impunidad” para que la ex mandataria no sea condenada por la causa Vialidad.

La denuncia firmada por Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Ricardo López Murphy, entre otros referentes de la coalición opositora,, refiere a la ejecución de un “plan de impunidad” respecto de los delitos de corrupción cometidos entre 2003 y 2015, los cuales son investigados en las causas ¨Vialidad”, “Hotesur-Los Sauces” y “Cuadernos¨, entre otras.

Los denunciantes sostienen que, además de “amedrentar jueces y fiscales”, el plan incluye “los indultos y la destrucción institucional de la justicia confirman el marco de las declaraciones del Presidente y su Vice que dieron marco al plan de impunidad”.

“El plan comenzó con una campaña de desprestigio de las investigaciones a partir de considerárselas parte de un sistema de “lawfare”, conforme el cual presuntamente tales personas fueron involucradas en procesos penales como un modo de persecución política a través del sistema judicial, no obstante las confesiones brindadas en sede judicial por numerosos arrepentidos”, indicaron desde JxC.

Desde Juntos por el Cambio repudiaron las constantes manifestaciones en apoyo a Cristina Kirchner, tanto en las puertas del Congreso de la Nación -el pasado martes, cuando la vicepresidenta realizó su descargo desde el despacho en el Senado- como en la intersección de las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, donde reside la ex mandataria.

“Mientras desde un sector del oficialismo se instala la falsa idea de que el juicio fue ilegal y la acusación carente de sustento probatorio, en otros sectores se instala la amenaza concreta de que no será aceptado en lo pendiente - la sentencia de la causa “Vialidad” y los fallos pendientes en “Hotesur-Los Sauces” y “Cuadernos” - un resultado desfavorable a la actual vicepresidente y que de producirse se promoverán disturbios contra el orden institucional”, señalan desde el espacio opositor.

Por otro lado, consideraron que los polémicos dichos del presidente Fernández durante un reportaje televisivo en relación al fallecido fiscal Alberto Nisman y la comparaación con su colega Diego Luciani “excedieron lo que podría entenderse como vertidas bajo el amparo de derecho a la libertad de expresión y configuraron, sin duda, un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre otros Poder del Estado, como son el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal”.

Además del Presidente y la Vicepresienta, los legisladores opositores acusaron al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los ministros del Interior y Seguridad de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro y Aníbal Fernández, respectivamente; la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; y el dirigente sindical Luis D’Elía.

“Existe un plan coordinado para desbaratar las investigaciones, amedrentar jueces y fiscales y avanzar hacia la impunidad de Fernández de Kirchner y algunos de sus ex colaboradores que ponen en crisis el sistema democrático”, remarcó hoy Bullrich, presidenta del PRO, en su cuenta de Twitter.

“Mientras desde un sector del oficialismo se instala la falsa idea de que el juicio fue ilegal y la acusación carente de sustento probatorio, en otros sectores se instala la amenaza concreta de que no será aceptado en lo pendiente - la sentencia de la causa “Vialidad” y los fallos pendientes en “Hotesur-Los Sauces” y “Cuadernos” - un resultado desfavorable a la actual vicepresidente y que de producirse se promoverán disturbios contra el orden institucional”, señalan desde el espacio opositor.

Por otro lado, consideraron que los polémicos dichos del presidente Fernández durante un reportaje televisivo en relación al fallecido fiscal Alberto Nisman y la comparaación con su colega Diego Luciani “excedieron lo que podría entenderse como vertidas bajo el amparo de derecho a la libertad de expresión y configuraron, sin duda, un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre otros Poder del Estado, como son el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal”.

Además del Presidente y la Vicepresienta, los legisladores opositores acusaron al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los ministros del Interior y Seguridad de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro y Aníbal Fernández, respectivamente; la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; y el dirigente sindical Luis D’Elía.

“Existe un plan coordinado para desbaratar las investigaciones, amedrentar jueces y fiscales y avanzar hacia la impunidad de Fernández de Kirchner y algunos de sus ex colaboradores que ponen en crisis el sistema democrático”, remarcó hoy Bullrich, presidenta del PRO, en su cuenta de Twitter.

Fuente: Télam

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