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Prisión perpetua: ...

Qué implica esta pena según la legislación vigente

  • Según el Código Penal de la Nación, las personas condenadas a prisión perpetua pueden acceder a la libertad condicional luego de cumplir 35 años de pena y, si se cumplen ciertas condiciones, la pena se purga 10 años más tarde.
  • Sin embargo, las reformas de las últimas 2 décadas establecieron un listado de delitos que no tienen acceso a la libertad condicional, que es la única vía de excarcelación para quienes tienen penas perpetuas.
  • En las cárceles de todo el país hay 55.933 personas condenadas, de las cuales 2.489 tienen pena de prisión perpetua, según datos de 2021 del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena.

El juicio oral por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell en la madrugada del 18 de enero de 2020, está llegando a su fin. El próximo 6 de febrero el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores dará a conocer el veredicto. En las últimas semanas tuvieron lugar los alegatos de las partes y, tanto la querella como la fiscalía, solicitaron que los 8 acusados sean condenados a prisión perpetua. 

Pero, ¿qué implicancia tiene este tipo de pena? ¿Existen, en los hechos, las penas de prisión perpetua en la Argentina?

Las normas fueron modificadas drásticamente en las últimas 2 décadas. En esta nota, repasamos la legislación vigente y los antecedentes.
 

¿Qué decía el Código Penal de 1921?

El Código Penal de la Nación, en su versión original, establecía que las personas condenadas a prisión perpetua podían acceder a la libertad condicional una vez que cumplían los 20 años en prisión, siempre y cuando cumplieran con algunos requisitos, como no volver a delinquir, tener un medio de subsistencia y someterse al cuidado de un patronato. 

Cumplidos 5 años desde el día en que se otorgara la libertad condicional, la pena se consideraba cumplida. Es decir que, según el Código que entró en vigencia hace poco más de un siglo, una pena de prisión perpetua podría extinguirse, en algunos casos, pasados los 25 años. 

Los únicos exceptuados para acceder a este beneficio eran los reincidentes: para este grupo, el Código prohibía la libertad condicional.
 

La reforma de 2004: más años y delitos excluidos

En lo que hoy se conoce como las reformas “Blumberg”, por las marchas en reclamo de Seguridad que encabezó Juan Carlos Blumberg tras el asesinato de su hijo el 23 de marzo de 2004, se introdujeron cambios en la prisión perpetua.

Por un lado, se incrementó el plazo para acceder a la libertad condicional para condenas a perpetua. Ya no se podía dictar a los 20 años, sino a los 35. Y la pena se terminaba de purgar a los 10 años de salir en libertad condicional en lugar de 5, como ocurría anteriormente. 

Pero no fue esa la única modificación. Además de los reincidentes, se dispuso que determinados delitos también fueran excluidos del acceso a la libertad condicional. Por ejemplo, los homicidios cometidos en el marco de la comisión de otro delito, la violación seguida de muerte, los secuestros que finalizaran con la muerte de la víctima y los homicidios en ocasión de robo.
 

La reforma de 2017: más delitos sin acceso a la condicional

En julio de 2017 el Congreso sancionó lo que se conoce como la “Ley Petri”, llamada así porque su impulsor fue el diputado nacional mendocino Luis Petri (Unión Cívica Radical). Esa ley mantuvo en 35 años el plazo para acceder a la condicional y, entre otras modificaciones, amplió la cantidad de delitos que no tienen acceso a este beneficio. 

Cuando se debatía esa norma, el Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que dirige el penalista Leonardo Pitlevnik, elaboró un informe en el que cuestionaba que el proyecto excluía “de la libertad condicional a prácticamente todos los delitos que prevean prisión perpetua”.

Se incluyeron todos los homicidios agravados, los delitos contra la integridad sexual, la tortura seguida de muerte, la trata de personas, los delitos de terrorismo, contrabando y los previstos en la ley de estupefacientes. 

“El problema de las personas condenadas a prisión perpetua que además han sido declaradas reincidentes es un problema que existe desde que existe el Código. Al no acceder estas personas a la libertad condicional, no pueden iniciar el cómputo del plazo de supervisión que determine, en algún momento, la extinción de la pena. Obviamente, ahora el problema se extiende a quienes han sido condenados a prisión perpetua y han cometido delitos que están excluidos, sin que haya una solución normativa”, señaló a Chequeado Gustavo Plat, ex integrante de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y especialista en ejecución penal.

Según datos de 2021 del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), en las cárceles de todo el país hay 55.933 personas condenadas, de las cuales 2.489 tienen pena de prisión perpetua. 

“En la actualidad el criterio de casos excluidos (que también se aplica a la posibilidad de acceder al periodo de prueba del régimen progresivo, y eventualmente a salidas transitorias o semilibertad) carece de algún sentido explicable con perspectiva criminológica que no sea el de establecer ‘récords de punición’”, señaló Plat. 

Y agregó: “En la jurisprudencia ha sucedido que algunos jueces han resuelto que corresponde ‘determinar’ una pena para que exista la posibilidad (no la certeza) de que la persona condenada en algún momento retorne al medio libre”. 

Actualmente sólo 3 delitos con pena de prisión perpetua no están excluidos del acceso a la libertad condicional: los que penan a quienes atenten contra la seguridad de la Nación, los de traición a la patria y el delito de desaparición forzada en sólo uno de sus tipos penales. 

“Estos únicos casos de delitos cuya pena no será realmente perpetua, en Argentina, son realmente excepcionales. No hay condenas vigentes en la actualidad por delitos de traición a la patria”, señaló un informe del Instituto de Estudios Jurídicos de Ejecución Penal de la Universidad de Palermo. Y añadió que desde el retorno de la democracia hubo un sólo caso de desaparición forzada y no se impuso pena perpetua. 

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