La denuncia por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público se debe al decreto que firmó el martes dándole 5 años más de mandato a la magistrada K.

La causa recayó en el juez Ramos y el fiscal Stornelli.

Los diputados de Juntos por el Cambio, Fernando Carvajal y Pedro Galimberti y un abogado denunciaron este viernes al presidente Alberto Fernández por el decreto que nombró a la ex jueza Ana María Figueroa por 5 años más, a pesar de que había sido dejada cesante por la Corte hace un mes atrás. De esta forma, no acató un fallo del máximo tribunal de justicia.

La denuncia de los legisladores incluye al jefe de gabinete de Ministros, Agustín Rossi, y al ministro de Justicia y dirigente ultra K, Martín Soria.

Las denuncias por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos, recayeron en el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli.

El presidente firmó el martes con retraso el decreto pese a que Cristina Kirchner peleó para conseguir el quórum en el Senado que le dio un acuerdo por 5 años más a Figueroa para la poderosa Cámara Federal de Casación Penal el jueves de la semana pasada, a pesar de que había sido dejada cesante por la Corte el 7 de septiembre.

Sucede que Figueroa había cumplido 75 años el 9 de agosto y no tenía en ese momento acuerdo del Senado como para seguir 5 años más, tal como establece el artículo 99 de la Constitución, el reglamento del ministerio de Justicia y el fallo Schiffrin de la Corte.

El nombramiento lo hizo a través del decreto 502 junto a la firma del ministro de Justicia, Martín Soria, y del jefe de gabinete, Agustín Rossi. Y así los tres se exponen a juicios penales por desobedecer un fallo de la Corte.

El decreto abrió un conflicto de poderes impulsado por Cristina Kirchner quien ya tiene una condena a 6 años por la causa Vialidad y tres juicios orales en marcha: Cuadernos de las Coimas, Pacto con Irán y Hotesur.

Una explicación del retraso sería que en 2017, el ministro de Justicia Germán Garavano promulgó un decreto en el que estableció que los jueces que cumplían 75 años si no tenían antes un nuevo acuerdo del Senado por 5 años cesaban automáticamente. Entonces, el ministro de Justicia debería primero haber derogado ese reglamento antes de pedirle al presidente Alberto Fernández que firmara el decreto correspondiente.

Así quedó expuesto a un juicio penal por no cumplir con los reglamentos de su propia cartera y además a denunciado por no acatar un fallo de la Corte que ya la cesanteó a Figueroa el 6 de septiembre pasado.

El constitucionalista Félix Lonigro explicó que tras la firma del decreto "tanto el acuerdo del Senado como esta designación son extemporáneo, y como tales, nulos por contrariar la interpretación que la Corte hizo del art. 99 Inc 4 de la Constitución". "Y la Constitución es su letra, así como tambien lo que los jueces interpretan acerca de sus postulados", subrayó.

Fuente: Clarin

• Anterior
• Siguiente