Con el presidente Javier Milei en medio de una gira internacional, el Gobierno decidió interrumpir abruptamente el debate por la Ley Ómnibus que se estaba dando en la Cámara de Diputados y enviar el proyecto de nuevo a comisión, ante la falta de apoyo por parte de la oposición, y ahora el proceso parlamentario comenzará desde cero.

A pesar de las múltiples negociaciones que se sucedieron desde que el paquete de reformas fue enviado al Congreso, a fines de diciembre pasado, el oficialismo no recibió el respaldo del resto de los bloques en el recinto para aprobar artículos que la Casa Rosada considera claves.

Puntualmente, las autoridades nacionales dieron la orden de retirar el texto luego de que se rechazaran determinados incisos vinculados a las facultades delegadas que el Poder Ejecutivo pretendía obtener, como contracara de la declaración de la emergencia en diferentes materias.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, que a lo largo de las últimas semanas trabajó para tratar de llegar a un acuerdo con la denominada oposición “dialoguista” y que, de esa manera, avanzara la ley, acusó a los gobernadores de incumplir su palabra.

“De entrada vimos la falta de voluntad de la mayoría de acompañar las propuestas de modificación que planteaba el Gobierno nacional y se rechazaron las facultades delegadas más importantes que permitieran desregular, reorganizar el Estado y demás. Entonces, de esa forma, no tenía sentido avanzar en el tratamiento de la ley, porque perdía su esencia”, explicó el funcionario en un diálogo con periodistas, del que participó Infobae.

Al respecto, el ministro señaló que “ahora, en comisión, se verá si es factible revertirlo o no”, pero aseguró que “el presidente Milei no se va a quedar de brazos cruzados” y que gestionará “con los elementos que la Constitución permite, que puede ser la consulta popular, los decretos de necesidad y urgencia, entre otros”.

“Nosotros no tenemos nada que tratar en la cuestión fiscal, hoy nosotros seguiremos gobernando con los elementos que tenemos y, obviamente, los gobernadores también tendrán que seguir gobernando con los elementos que tienen, es decir, el impuesto PAIS, Ganancias y demás no lo vamos a tratar. Esto estaba sujeto a que se tratara en esta Ley, de modo que, si no se aprobó la Ley...”, agregó.

Asimismo, Francos remarcó que es importante ver “la responsabilidad de quienes votaron con la Unión por la Patria” en contra de las facultades delegadas, el artículo 3 y 4 del paquete de reformas, que fueron aprobadas, aunque con varios cambios.

Las pretensiones originales del oficialismo se vieron fuertemente recortadas por presión de los bloques de la oposición dialoguista y de los gobernadores. Cuando se presentó la Ley de Bases, el Poder Ejecutivo pedía la declaración de 11 emergencias: económica, administrativa, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética y sanitaria. A su vez, buscaba que se extendieran por dos años, prorrogables por otros dos.

Tras varias rondas de negociaciones y reescrituras, finalmente se aprobaron seis emergencias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Es decir, se eliminaron aquellas en materia fiscal, social, previsional, sanitaria y en defensa. Además, solo serán por el plazo de un año, prorrogable por otro más y bajo aprobación del Congreso.

No obstante, las adversidades para el Gobierno continuaron: al momento de tratar las bases que regulan las delegaciones que pretendía el Poder Ejecutivo, el radicalismo propuso una moción de orden para votar cada inciso por separado.

Así, se rechazaron los incisos H, que permitía transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios -que impactan directamente en las provincias-; el I, que habilitaba a regular y reordenar el sector energético; y el J, que apuntaba a fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad.

Ante a pregunta de Infobae sobre si Milei va a impulsar ahora una consulta popular para que la sociedad opina sobre la necesidad de estas reformas, Francos respondió: “No puedo adelantar cuál va a ser la posición que tome el Presidente de aquí en adelante, supongo que utilizará las herramientas constitucionales que le permitan continuar con su Gobierno”.

En esta línea, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que remarcó que el oficialismo no va “a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios, mientras el 63% de los chicos argentinos no come” y se subrayó que “la ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita”.

“Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina. Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes”, se agregó.

Mientras algunos mandatarios provinciales cuestionaron la posición de las autoridades nacionales, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, ratificó su apoyo a la iniciativa de La Libertad Avanza y se mostró “convencido de que la ley es necesaria”.

“Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, junto a los diputados nacionales que representan a los ciudadanos de las diferentes provincias que gobernamos, acompañamos el paquete de emergencias y facultades pedidas por el gobierno nacional. Cumplimos el compromiso asumido públicamente de ayudar al Gobierno entrante con las herramientas que cree necesarias para hacer las transformaciones que requiere nuestro país. No corresponde entonces que nos responsabilicen ni que nos falten el respeto, aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la Ley Bases”, señaló el conjunto de mandatarios en un comunicado propio.

La respuesta fue firmada por Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

En tanto, en Córdoba también remarcan que no se sienten “aludidos cuando hablan de traidores” y en el oficialismo provincial remarcaron a este medio que los diputados cercanos a Llaryora acompañaron “con el dictamen, el quórum y la elección general”, pero insistieron con sus “diferencias” en varios puntos.

Ahora, el paquete de reformas volverá a las comisiones de la Cámara de Diputados que ya le habían dado dictamen semanas atrás, para que los diferentes espacios vuelvan a discutir el texto, ya con los cambios acordados, e intentar un consenso mayor.

El proyecto, después de sancionado en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, pero al considerarlo nuevamente, en la Cámara se le someterá al trámite ordinario, como si no hubiese recibido sanción alguna, según dicta el reglamento.

El camino hacia la caída de la sesión en la Cámara de Diputados

Por la mañana, la mayoría de los gobernadores de Juntos por el Cambio aceptaban la decisión de postergar el reclamo de coparticipar el impuesto PAIS para que se aprobara el paquete de reformas enviado por el presidente Milei, aunque todavía había algunas resistencias.

Puntualmente, el mandatario el Córdoba, Martín Llaryora, amenazaba todavía con incluir en el texto que se estaba tratando en particular en la Cámara de Diputados, el pedido para que se coparticipe el 30% de ese impuesto, que todavía no fue votado.

Técnicamente, el reclamo aún podía ser impulsado en el recinto si contaba con el apoyo necesario, ya que del proyecto no habían sido eliminados los artículos vinculados con ese gravamen, por lo que los legisladores podían agregar cualquier modificación que consideraran necesaria.

Los gobernadores de JxC se reunieron con el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, Rodrigo de Loredo, y distintos referentes de la oposición “dialoguista”, con quienes habrían terminado de acordar la postura que tomarían más tarde.

Unas horas después, cerca de las 10:00, arribó al Congreso el ministro Francos, quien se dirigió directamente al despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem. En el lugar también estaba el asesor presidencial Santiago Caputo.

En la previa de la sesión, las tres principales figuras del Gobierno recibieron por turnos a los líderes de la oposición, De Loredo, Ritondo y Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada de Hacemos Coalición Federal.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, durante aquel encuentro los legisladores no le transmitieron lo que conversaron más temprano con los gobernadores a Francos, quien desde hace días buscaba un acuerdo en torno al impuesto PAIS.

Entre las 14 y las 15, el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se comunicó con Llaryora para pedirle que deje de insistir con la inclusión de esa cuestión en el debate en particular y le prometió tratar el tema dentro de un paquete fiscal, una vez que la ley sea aprobada. El cordobés le agradeció el llamado, pero le dijo que seguía pensando lo mismo y que quería que se tratara ahora.

Tal como detalló este medio, en el círculo íntimo de Llaryora sostienen que no les “importa que el impuesto se vaya a sacar” en un futuro, pero reclaman que mientras esté vigente, “se coparticipe”, para que las provincias puedan hacer frente a sus gastos.

Sin un acuerdo fijo, la iniciativa comenzó a debatirse y se votó cada artículo en particular, pero antes de llegar al apartado de las privatizaciones, el oficialismo llamó a un cuarto intermedio durante el cual se anunció que, finalmente, el texto iba a volver a comisión.

Fuente: Infobae

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