La decisión judicial fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11. El Ejecutivo sostiene que el protocolo “ordena” las protestas y garantiza derechos; la medida será llevada a la Cámara para su revisión

El Gobierno nacional adelantó que presentará una apelación contra el fallo que ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes durante manifestaciones. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo buscará que la decisión sea revisada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

La resolución fue firmada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien hizo lugar a una acción de amparo. En su criterio, el protocolo presentaría problemas en su conformación legal porque, al establecer ciertas pautas, el Poder Ejecutivo habría avanzado sobre materias que la Constitución reserva al Congreso.

El fallo se dictó a partir de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El juez cuestionó, particularmente, la Resolución 943/2023, con la que el Ministerio de Seguridad puso en marcha el procedimiento, al considerar que se pretendió regular aspectos vinculados a materia penal y procesal.

Desde el Gobierno y el área de Seguridad respondieron que el protocolo es legítimo y que su aplicación busca garantizar tanto el derecho a manifestarse como la libre circulación, afirmando además que la Justicia ya habría convalidado operativos en distintas oportunidades cuando se discutió su constitucionalidad

En el plano político, la senadora Patricia Bullrich cuestionó la sentencia y planteó que existirían motivaciones políticas detrás del fallo, mientras que desde el oficialismo insistieron en que insistirán con la apelación para sostener la herramienta

Claves rápidas

• Qué pasó: un fallo ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes.

• Qué hará el Gobierno: apelará ante la Cámara contencioso administrativa federal.

• Argumento del juez: objeciones por competencias entre Ejecutivo y Congreso.

• Postura oficial: el protocolo “ordena” la protesta y protege derechos.

Qué sigue

La discusión pasa ahora a la instancia de apelación, donde la Cámara podrá confirmar o revisar lo resuelto por el juzgado de primera instancia.

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