n medio del intenso debate legislativo por la baja de la edad de imputabilidad, la Secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, salió a marcar la cancha sobre uno de los puntos más sensibles de la reforma: la infraestructura carcelaria.

La funcionaria garantizó que el nuevo sistema penal juvenil contempla una separación absoluta y estricta entre menores de edad y la población penal adulta.

El fin de las "escuelas del delito"

La principal preocupación de diversos sectores sociales y organismos de derechos humanos es el riesgo de que los jóvenes ingresen a unidades penales comunes. Ante esto, Monteoliva fue categórica: la reforma no busca simplemente "encerrar más gente", sino crear un sistema de alojamiento diferenciado.

"El sistema debe garantizar que un menor que comete un delito grave no termine en una 'escuela de delincuencia' al compartir patio o pabellón con criminales experimentados. La infraestructura está siendo proyectada para cumplir con estándares internacionales de separación," señalaron fuentes cercanas a la Secretaría.

Infraestructura y Especialización

La garantía de Monteoliva implica un desafío logístico y económico importante:

• Centros Especializados: Se prevé la construcción y adecuación de establecimientos específicos para menores de 18 años.

• Personal Capacitado: Los custodios y operadores de estos centros no serán los mismos que los del sistema penitenciario común; se requerirá personal formado en psicología evolutiva y mediación de conflictos.

• Seguimiento Educativo: La obligatoriedad de la educación y los talleres de oficio dentro de estos centros será el eje para la "resocialización".

El debate que viene

Mientras el Congreso discute si la edad baja a los 13 o 14 años, el Ministerio de Seguridad intenta desactivar las críticas técnicas. La promesa de "separación total" busca seducir a los sectores indecisos que temen que la reforma sea solo una medida de saturación carcelaria sin resultados reales en la reincidencia.

Para Nahuel Producciones, este anuncio es una pieza clave de comunicación política. El Gobierno sabe que el éxito de la baja de imputabilidad no se medirá solo por la cantidad de detenciones, sino por la capacidad de evitar que el sistema juvenil se convierta en un depósito de personas.

En Salta, donde la problemática del delito juvenil en barrios periféricos es una preocupación constante, la implementación de estos centros diferenciados serámirada bajo lupa por los municipios.

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