La nueva aparición de Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py volvió a mostrar una escena ya conocida: denuncias de persecución, ataques contra jueces y fiscales, descalificaciones al expediente y un intento evidente de correr el eje del debate.

Pero detrás del ruido político hay un dato imposible de relativizar: la expresidenta declaró en el juicio oral de la causa Cuadernos, cuestionó la investigación, se negó a responder preguntas y fue la primera de las 86 personas acusadas en presentarse ante el Tribunal Oral Federal 7.

Frente a eso, la discusión de fondo no debería quedar atrapada en el show de las frases altisonantes. La cuestión central es otra: la Justicia tiene la obligación de seguir adelante. No puede detenerse, distraerse ni ceder ante la presión política, mediática o partidaria. Si el juicio está en marcha, debe llegar hasta el final. Si hay 86 acusados, entonces deben ser escuchados los 86, evaluadas las pruebas y dictada una sentencia con todas las garantías, pero también con toda la firmeza que exige la ley.

Cristina Kirchner, además, no llega a esta instancia como una ciudadana sin condena previa. Llega cumpliendo prisión domiciliaria por una condena firme de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, sentencia que quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema y que comenzó a ejecutarse el 17 de junio de 2025. Ese dato cambia completamente el marco político y judicial de su comparecencia. No se trata de una dirigente perseguida por opinar: se trata de una ex presidenta condenada por corrupción que, además, enfrenta otro juicio de enorme gravedad institucional.

Por eso, cuando desde su defensa pública se intenta presentar todo como una maniobra armada o como un capítulo más de victimización política, conviene recordar algo básico en una república: las condenas, los procesos y las responsabilidades no se borran con discurso militante. La Justicia debe actuar con independencia, pero también con coraje. No para perseguir a nadie, sino para cumplir su función. Y cumplir su función, en este caso, significa que Cristina Kirchner debe seguir cumpliendo la pena que ya pesa sobre ella y someterse, como cualquier otro ciudadano, al avance completo del juicio que aún tiene por delante.

Lo verdaderamente grave sería que semejante proceso terminara diluyéndose entre chicanas, recusaciones interminables, planteos dilatorios y un clima de presión política permanente. La propia estructura del juicio muestra su magnitud: el Ministerio Público Fiscal lo presenta como uno de los expedientes de corrupción más extensos de la historia judicial argentina, con exfuncionarios, empresarios y exchoferes en el banquillo. Justamente por esa dimensión, el deber institucional es acelerar con seriedad, ordenar las audiencias y evitar cualquier mecanismo que convierta al proceso en una parodia interminable.

En este contexto, el mensaje que debería salir de Comodoro Py es claro: no hay fueros morales, no hay privilegios perpetuos, no hay apellidos por encima de la ley. Si hubo corrupción, debe probarse y sancionarse. Si hubo responsabilidades compartidas, deben establecerse una por una. Y si todavía quedan decenas de imputados por declarar, entonces la Justicia debe avanzar hasta el último tramo, sin tibieza y sin especulación.

Porque en la Argentina el problema no es solamente la corrupción. El problema también es la impunidad. Y cuando una sociedad empieza a naturalizar que los poderosos pueden eternizar las causas, victimizarse en los tribunales y convertir cada audiencia en un acto político, entonces lo que se erosiona no es una figura pública: lo que se erosiona es la confianza en la República.

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