La intendenta dejó entrever que no vetará la Ordenanza aprobada en el organismo para eximir a los comerciantes de ciertas tasas municipales. Los trabajadores municiapeles están en alerta.

En medio de la pandemia que generó el coronavirus y la crisis que provocó en la economía salteña, la política municipal volvió a confrontar a los concejales con la intendenta Bettina Romero. Una semana después de que el Concejo avanzara con un proyecto para eximir a comerciantes del pago de tasas, la jefa comunal aseguró que la iniciativa va en contramano de las necesidades actuales.

“La ciudad de Salta entrará en el listado de lugar frágil y desfinanciado”, expresó la intendenta mientras presentaba el plan de limpieza que lleva adelante la Municipalidad para combatir la propagación del dengue.

Romero calificó de arbitrario al proyecto y sostuvo que si los concejales entendieron, mayoritariamente, que el gobierno debe recaudar menos seguirán ese camino. “Nos daremos vuelta para garantizar el pago de sueldos y servicios básicos”, sostuvo.

Por la eximición del pago de las tasas de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene (TISSH); Publicidad y Propaganda; y Ocupación del Espacio Público, a los comercios que permanecen cerrados a raíz del aislamiento social, la jefa comunal detalló que el municipio dejará de percibir unos 70 millones de pesos durante tres meses y eso obligará a solicitar ayuda del Gobierno Nacional y la Provincia. “Fue una mala idea del Concejo, pero solo seis concejales pensaron que no era oportuno y acompañaron a la ciudad”, enfatizó.

Desde el bloque ‘Salta Tiene Futuro’, Frida Fonseca indicó que desde el Ejecutivo “mintieron” la semana pasada cuando dijeron que el proyecto atentaba contra el 40% de la recaudación. “En un presupuesto municipal de 7.000 millones de pesos para 2020, la Ordenanza impacta menos del 1% según lo informado por la Intendenta”, dijo la edila en diálogo con LA GACETA.

Fonseca remarcó nunca fue intención de los concejales “desfinanciar al gobierno municipal y solo quisieron apoyar al comercio”, uno de los sectores más perjudicados por las medidas sanitarias. “La norma no tiene fisuras y busca ayudar a los más necesitados para que puedan recuperarse y no despedir gente”, indicó.

Por su parte, Susana Pontussi salió en reslpo de la intendencia y destacó que mientras se quitan fondos y achican los recursos hay bloques políticos que requieren mas servicios y actividades por parte del municipio.

La representante del partido Pares subrayó que la ciudad ya percibe un 30% menos de la cooparticipación y la situación se acrecenterá con la no percepción de la TISSH. “Habría que preguntarle a algunos concejales de dónde pretenden generar recursos para hacer lo que piden”, dijo.

En estado de alerta

César Molina, secretario general de Ademus, afirmó que las expresiones vertidas por algunos funcionarios la semana pasada no cayeron bien y remarcó que el sueldo de los empleados municipales no tendría porque correr pelirgo.

“Si tocan el sueldo vamos a la guerra”, enfatizó Molina y recordó que esta gestión “no tomó más empleados, aumentó los impuestos y se ahorró una importante cantidad de plata a raíz de la cuarentena”.

Finalmente, el referente gremial sostuvo que a pesar de la retracción económica la Municipalidad podría seguir brindando todos sus servicios si se emplea la mano de obra municipal y se deja de lado los contratos con empresas de terceros.

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