La organización liderada por Jorge Vera contó con connivencias institucionales.También tuvo complicidades de agentes bancarios para quedarse con fondos de Anses.

Tras el escándalo que se destapó en Embarcación en abril, por las estafas que sufrieron familias vulnerables con el ingreso familiar de emergencia (IFE), se acreditaron en las últimas semanas serias irregularidades con las tarjetas del salario social complementario.

En los próximos días, el fiscal federal Eduardo Villalba ampliaría las imputaciones contra el presidente del Club Central Norte de esa localidad, Jorge René Moya; su esposa, Maira Pabloff; el secretario de la entidad deportiva, Jesús Horacio Tarqui, y otros implicados con cargos por fraude a la administración pública.

Distintas medidas de prueba y testimoniales dan cuenta de una considerable cantidad de familias engañadas, extorsionadas y humilladas en uno de los municipios con peores indicadores de pobreza, desocupación y necesidades básicas insatisfechas.

Las apropiaciones de fondos públicos, por las que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se presentó como querellante en la causa, cayeron como un baldazo de agua fría en el seno de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Esta organización, que tiene como principal referente a Juan Grabois, cumple un rol de intermediación en la entrega del salario social complementario de $8.500 y canalizó muchas de las acciones, obras y propuestas ocupacionales que hoy se ven deslucidas por las estafas y defraudaciones subyacentes.

Los giros que tomó el caso federal, sin embargo, no vienen solamente con más disgustos para el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El Ministerio Público de la Nación advirtió connivencias de la Policía con el principal encartado, un reprochable desempeño de la Fiscalía del lugar y complicidades de algunos agentes de los bancos Nación y Macro en bajas arbitrarias de tarjetas y retiros de fardos de dinero.

Prisión domiciliaria

A los tres imputados que tiene la causa por el momento, el juez federal de Tartagal, Carlos Martínez Frugoni, les concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.

El caso se originó en una presentación que la Administración Nacional de la Seguridad Social hizo el 30 de marzo último ante el Juzgado Federal N´ 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El organismo denunció que los acusados cobraban a beneficiarios del IFE una suerte de canon con el que se adueñaban de parte del bono gratuito, de $10.000, que el Gobierno nacional estableció para asistir a los grupos más necesitados en medio de la cuarentena social dispuesta ante el avance del COVID-19.

Con el avance de las investigaciones, quedó expuesto un entramado ilegal, con complicidades y vistas gordas en distintos institucionales, en una comunidad con Estado ausente.

Moya y Tarqui, dirigentes con viejos lazos con la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi y candidaturas ocupadas en diferentes listas del justicialismo, articularon tras la fachada del Club Central Norte de Embarcación muchas más acciones comunitarias, obras y propuestas ocupacionales que el propio municipio. Para muchos grupos desfavorecidos y familias originarias, lamentablemente, el gran sueño terminó convertido en otra pesadilla del país de las oportunidades perdidas.

Apropiación de datos

Los imputados solicitaban a los beneficiarios sus datos personales para ingresarlos en la página de la Anses. Con esa modalidad, a los damnificados que se resistían a entregarles parte de sus beneficios por los trámites realizados, se los amenazaba con darlos de baja.

La maniobra fraudulenta se llevaba a cabo en la sede del club deportivo, localizada en la esquina de 20 de Febrero y Entre Ríos, en detrimento principalmente de grupos originarios y familias carenciadas de la zona. Aún se desconoce la cantidad precisa de afectados, pero se los estima en cientos.

Solo en Misión Chaqueña y Carboncito, Moya y Tarqui gestionaron más de 80 bonos de emergencia de $10.000 para familias indígenas inscriptas por punteros del citado club y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

A partir de intervenciones telefónicas, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, ordenó el pasado 30 de abril los allanamientos simultáneos que terminaron con una importante documentación probatoria incautada y con los tres imputados aprehendidos.

En un hecho con pocos antecedentes en el norte, los procedimientos de Embarcación fueron realizados por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a quienes muchos vecinos aplaudieron durante los allanamientos.

Fue ese su modo de expresar indignación ante la apropiación de fondos destinados a los sectores más desposeídos.

Muchos se acercaron espontáneamente y manifestaron su intención de declarar en la causa. Así salió a luz el infierno que vivía mucha gente en una localidad donde, con connivencias en distintos niveles institucionales, Moya sorteó denuncias en la Justicia provincial.
La Fiscalía federal ya tendría acreditado también que Moya y Tarqui, en complicidad con algunos agentes de los bancos Nación y Macro, retiraban tarjetas de débito personales de beneficiarios con las que extraían de un cajero importantes sumas de dinero.
A beneficiarios del salario social complementario, los imputados los obligaban a realizar diferentes trabajos en el club y en sus propiedades. También entregaban planes a jugadores de fútbol a cambio de que compitieran para esa institución deportiva.
Las cargas horarias de trabajo dependían de su exclusivo arbitrio y obligaban a los beneficiarios de los planes a pagarles montos de $750 hasta $2.000, en calidad de supuestos aportes societarios al club.
Multas inauditas
Cuando a los dirigentes que están encausados no les resultaba útil o adecuada la labor que los beneficiarios del sueldo social complementario cumplían, les aplicaban “multas” bajo la excusa de que “no lo hacían con esfuerzo”, “no estaban poniendo todo el empeño” o simplemente porque no resultaba de su agrado declaraciones en la radio del pueblo. El monto de las multas variaba entre los $500 y los $1.500, dependiendo de las faltas y tardanza en el pago de los aportes.

El cobro de planes, bajo vigilancia

La asociación ilícita bloqueaba tarjetas y manejaba códigos a voluntad.

En los días de cobro de los planes, los beneficiarios se presentaban por la mañana en el banco de Embarcación. Jesús Tarqui los vigilaba para asegurarse de cobrarles, esa misma tarde, los aportes.
Periódicamente, Jorge Moya armaba reuniones en las que arreciaban críticas e insultos para ausentes y presentes, conducta que continuaba después en los grupos de WhatsApp.
Como actividades para recaudar dinero para el club, los imputados organizaban bingos y ferias de comida. Los beneficiarios debían venderlos en su totalidad, so pena de costear lo que sobrara.
Ante el más mínimo cuestionamiento, Moya los amenazaba haciendo alarde de los contactos que poseía con “gente de arriba” que podía darles de baja los planes “de un plumazo”. 
Los hostigamientos psicológicos llegaron a tal extremo que muchos renunciaron a los planes, hartos de trabajar para beneficio de los dirigentes del club de Embarcación, pese a las necesidades económicas que padecían.
Antes estas situaciones, a los titulares de los planes les bloqueaban las tarjetas de débito para impedir que pudieran cobrar el beneficio. Algunos afectados llegaron a tener bloqueadas hasta 25 tarjetas.
La voracidad por los fondos de la Anses no terminaba en los bloqueos arbitrarios de tarjetas. Muchos beneficiarios, tras dejar de trabajar para el club y sus dirigentes, se dieron con que alguien había seguido cobrando igualmente el salario social complementario.
Esto ocurrió porque, para acceder a un plan social, los beneficiarios eran obligados a aportar a la organización encabezada por Moya todos sus datos personales. 
Esta modalidad ilegal les permitía a Moya y Tarqui bloquear tarjetas de débito a voluntad y obtener los códigos para cobrar los beneficios.

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