Cierra una semana positiva para el gobernador Gustavo Sáenz porque ha logrado dos leyes imprescindibles para superar un importante escollo en su gestión.

El jueves, el Senado dio sanción a la autorización para tomar un préstamo de 2100 millones de pesos y para renegociar la deuda pública provincial prorrogando sus plazos y emitiendo títulos públicos para ser colocados en el mercado financiero internacional bajo legislación extranjera, que le llegaron con media sanción dada el martes por Diputados.

No es la solución para los que podrían considerarse problemas inhabilitantes para plantear y poner en marcha políticas públicas para cualquier área de que se trate, pero es un herramienta imprescindible porque la Provincia está al borde de default, situación en la que no se vio desde el retorno de la democracia. La buena calificación que gozaba le permitió colocar empréstitos en mercados internacionales, en dos oportunidades en los últimos ocho años y si no se renegocian sus condiciones se convertirán en un lastre.

Pero las dos normas que fueron giradas al Poder Ejecutivo para su promulgación generaron un debate del que emergió el ícono de la corrupción de las dos últimas gestiones, que estuvieron a cargo del peronista Juan Manuel Urtubey. Se trata del Fondo de Reparación Histórica, cuyos defectos trataron de enmendarse con el llamado Fondo Bicentenario. Entre ambos lo que quedó es una deuda de 390 millones de dólares, diseñada con plazos de difícil cumplimiento.

El tratamiento de las iniciativas giradas por el Ejecutivo Provincial describió un proceso iniciado en 2011 con la creación del Fondo de Reparación Histórica y que se complicó en 2016, con la puesta en marcha del Fondo Bicentenario, que pretendió reparar los incumplimientos del primero. Por entonces se agotaban los tres mandatos que la Constitución Provincial permite de manera consecutiva y el gobernante se preparaba para abordar la carrera presidencial. No era buen momento para dejar hilos sueltos que tomen adversarios para tejer una trama de corrupción.

Es que en los debates de esta semana se reclamó que “no están las obras ni el dinero”, como señalara el diputado radical Héctor Chibán. Esto es, no se pone en tela de juicio la decisión política de endeudar a la Provincia si no la intención final de financiar proyectos personales de acceso al poder.

En el caso del Fondo de Reparación resultó en un perjuicio para los supuestos beneficiarios, tres departamentos ricos hoy empobrecidos, según describió el senador por San Martín Manuel Pailler. Como ejemplo citó la pavimentación de la Ruta 54, nave insignia del plan de obras, que resultó sobrevaluada en más de 150%, denunció. También hubo un reconocimiento que la bicameral de seguimiento nunca funcionó, poniendo un manto de duda sobre la que se ha creado para el control de la renegociación de la deuda que deberá encararse de inmediato, para lo que se han extendido autorizaciones varias al Ejecutivo.

El debate de esta semana corrió el velo de una provincia endeudada, que tiene comprometido el 74 por ciento de sus recursos en el pago de sueldos de 75 mil empleados públicos, que han comenzado a demandar discusiones paritarias. Lo que resta no alcanza para pagar vencimientos de deuda, gastos de mantenimiento de servicios y mucho menos planificar inversiones en infraestructura.

Las limitaciones tornan inviable al Gobierno y así lo entendieron los legisladores que entregaron un cheque en blanco.

Salta, 31 de julio de 2020

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