El delegado local Gustavo Farquharson busca una “mesa de diálogo” para un abordaje integral del Estado.

Desde hace unas semanas, más de 30 comunidades indígenas del norte provincial redactaron una carta dirigida a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda; con copia al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; y al secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla.
En la carta reclamaron la “urgente asistencia sanitaria y económica en la situación de crisis actual por COVID-19” y denunciaron la falta de alimentos, de trabajo, de acceso a la salud, intentos de desalojos, discriminación, deforestación, fumigaciones con agrotóxicos, los agronegocios, la falta de agua, la falta de una educación específica, el “terricidio”, entre otros más, en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán.
Ante el pedido, desde las oficinas locales del organismo nacional brindaron información sobre el estado de situación sobre la gestión.
“Lo que hizo la cuarentena es visibilizar las desigualdades históricas de las comunidades indígenas”, le dijo a El Tribuno el titular local del INADI, Gustavo Farquharson.
“Estamos en una reconstrucción de los vínculos con las comunidades; el puente necesario entre el Estado y los indígenas. Pero todo se ralentizó por la pandemia. Sin embargo recibimos la carta que está firmada por 34 comunidades porque sentimos todos que el INADI debe ser el intermediario entre los diferentes funcionarios y organismo del Estado para la construcción de una mesa de diálogo que diseñe políticas públicas integrales”, dijo Farquharson.
Esa “mesa de diálogo” que está gestionando incluye a funcionarios del Gobierno provincia y de lso municipios. En principio dijo que ya dialogó con el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, para que Provincia participe. También sumó el compromiso de la Defensoría General, a través de Pedro García Castiella.
“Nosotros ya venimos tomando las denuncias y los pedidos durante todo el año sobre la situación de las comunidades. En total son tres, una de la diputada Verónica Caliva, la segunda de Octorina Zamora y la ahora la carta. En todas se pide urgente intervención a la problemática de la alimentación, que el Estado mantenga y refuerce la asistencia alimentaria, que es la deuda histórica que tiene, y que se ve afectada por la cuarentena”, definió el funcionario nacional.

La carta es muy dura, real y denuncia la segregación racial, étnica, cultural, política, lingüística y sanitaria del norte salteño.

“Hubo un retroceso grave en estos últimos años respecto de la mejora de la calidad de vida desde la perspectiva indígena. La pandemia la afectó más. Como ejemplo, ya le hemos pedido al Ejecutivo provincial la reapertura de la Unidad Nutricional de Tartagal que fue cerrada por el coronavirus. Es muy difícil que los y las wichis lleguen a los hospitales de criollos a atenderse por los miedos, la desconfianza y por eso digo que fue un retroceso. Repetimos que ahora lo urgente es que el Estado tenga un plan estratégico en los pueblos indígenas. Ya tenemos que dejar los parches. Ahora comienzan los calores y se suman al COVID-19, el dengue, la desnutrición y la falta de agua”, aseguró.

“Herramienta”

Es evidente que la carta de las comunidades indígenas le dieron una dinámica mayor a sus reclamos. 
El INADI Salta viene desarrollando unos conversatorios virtuales y en el último, realizado el viernes 21 de agosto, la referente sanitaria intercultural de Tartagal, Seila Pérez, pudo comunicarle la situación del norte salteño a Victoria Donda.
“Sin dudas que la carta redactada por las comunidades, por el hecho de la puesta en común, por los consensos para su redacción constituye ya una herramienta de trabajo que une y fortalece porque nos brinda su perspectiva de ver el mundo”, finalizó Farquharson.
 

Para agendar

Para el próximo miércoles 2 de septiembre el INADI Salta tiene programado el conversatorio “Justicia, Derechos Humanos y Discriminación”, a partir de las 17 por Facebook Live. Se trata de una actividad abierta, libre y gratuita.
El delegado Gustavo Farquharson moderará un conversatorio entre la titular del INADI, Victoria Donda; la delegada en Salta de la Secretaría de DDHH de la Nación, María Morales Miy; el defensor general de la Provincia, Pedro Castiella; el referente de la Asociación de Pensamiento Penal, Martín Plaza y el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo.

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