Con composición unipersonal, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta dio inicio ayer el segundo juicio a funcionarios públicos de esta provincia investigados por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), beneficio implementado por el gobierno nacional tras la declaración de la pandemia por el COVID-19.

Bajo la presidencia del juez Marcelo Juárez Almaraz, el fiscal federal Ricardo Toranzos dio a conocer las acusaciones penales seguidas contra las personas acusadas, de las cuales tres (Paola Cantarella, Jesús Cuellar y Héctor Cari) mantienen su cargo legislativo, pues resultaron electos en los comicios del 2.021.

En este caso, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que Cantarella, Cuellar, Cari y Gabriela Cazón son juzgados por defraudación a la Administración Pública en concurso ideal, con el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de autores.

La misma acusación, pero en grado de tentativa, recae sobre el ex concejal Osvaldo Reynaga. En tanto que Nicolás Maras, Julio Pedro Laxi y Santos Palma llegaron a juicio por el delito de incumplimiento de deberes, en calidad de autores.

La fiscalía adelantó que apunta a probar que Cantarella, edil de Pichanal al momento del hecho, solicitó ser beneficiaria del IFE el 30 de marzo de 2.020, sabiendo que el decreto de N°310 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se puso en marcha el subsidio, impedía que los funcionarios públicos se postulen para cobrar esa ayuda excepcional, establecida en la suma de 10 mil pesos.

En los primeros testimonios, se mencionó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) acreditó el beneficio a Cantarella en su cuenta sueldo del banco Macro el 13 de julio de ese año. Con respecto a Cari, se indicó que el acusado, edil de Guachipas, repitió la misma maniobra y percibió una cuota del IFE.

A Cuellar, de la localidad de Urundel, el beneficio le fue acreditado en dos ocasiones. Idéntica situación fue descripta respecto a Cazón, quien era concejal de Aguas Blancas, en el límite fronterizo con Bolivia.

El fiscal señaló que las pautas de incompatibilidades para los postulantes estaban claramente establecidas en el decreto de implementación, en el que se aclaró que el ingreso de datos, al momento de solicitar el beneficio, tenía carácter de declaración jurada.

Respecto a estos cuatro imputados, el fiscal ratificó la acusación penal, en la cual resaltó que el subsidio había sido implementado para ayudar a las personas que no tenían relación de dependencia, las más vulnerables ante la medida de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, impuesta para prevenir la ola de contagios en la población.

Carácter de declaración jurada

El fiscal Ricardo Toranzos señaló, a su vez, que las pautas de incompatibilidades para los postulantes estaban claramente establecidas en el decreto de implementación, en el que se aclaró que el ingreso de datos, al momento de solicitar el beneficio, tenía carácter de declaración jurada.

En cuanto a la conducta de Reynaga, Laxi, Maras y Palma, quienes eran ediles en San Lorenzo, Animaná, Los Toldos y Rivadavia Banda Norte, el fiscal dijo que la situación es diferente, ya que se aprovecharon de una situación irregular, como la de ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), para percibir el IFE ilegalmente.

Entre otros aspectos, Toranzos afirmó que los acusados con su accionar hicieron incurrir en error a la ANSES, organismo que ante la premura de poner la ayuda social lo más rápido posible, dispuso que aquellos ciudadanos que ya percibían beneficios sociales, como la AUH, perciban el IFE de manera automática.

Dijo que, si bien algunos de los acusados se vieron favorecidos por esta decisión, por su condición de funcionarios electos debieron corregir de inmediato tal situación, lo que no sucedió, con excepción de Cari, que devolvió el dinero cobrado ilegalmente.

Toranzos destacó en este tramo el hecho de que, al tratarse de funcionarios elegidos por el voto popular, habían asumido -jura mediante- el deber de cuidar y velar por los bienes pertenecientes al Estado, premisa también establecida por el Código de Ética de la Función Pública, en el cual estaban comprendidos.

Adelantó que, a lo largo del debate, mediante la prueba documental y testimonial, la acusación penal quedará probada.

Primeros testigos

Concluida esta etapa, y dado que ninguno de los concejales aceptó declarar, el juez dio paso a la recepción de testimonios. En ese orden, la fiscalía llamó a funcionarios de la ANSES, tanto en el orden nacional como local, y a un asesor legal del Banco Macro.

En su mayoría, los testigos confirmaron los trámites realizados por los acusados y acusadas para el cobro del IFE y recalcaron los requisitos de admisibilidad para percibir tal beneficio, exposición de la cual surgió que ninguno de los ocho acusados cumplimentaban.

Susana Aramayo, ex directora local de ese organismo, ratificó los cobros ilegales y sostuvo que ante el escándalo suscitado quiso denunciar en la fiscalía federal lo ocurrido, razón por la cual fue objeto de hostigamiento interno dentro de la ANSES, en especial por parte de la escala superior.

Relató que la ex concejal Maras se presentó en su oficina y le reveló que había renunciado a cobrar la dieta para no perder el cobro de la AUH, cuyo monto era mayor.

Sheila Borzani, coordinadora de Asuntos Penales de la ANSES, dio detalles de las gestiones y el cobro del IFE por parte de los acusados y acusadas. Por ejemplo, aportó los números de IP de las computadoras desde donde solicitaron percibir ese beneficio.

Sostuvo que quienes lo percibieron de manera irregular recibían una carta documento con un plazo de 10 días para devolver el dinero, para finalmente señalar que desde la ANSES se radicaron alrededor de mil denuncias penales por el cobro ilegal de este beneficio.

Dada la cantidad de testigos pendientes, el presidente del tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes. La mayoría de los testigos restantes están vinculados a los organismos de implementación y control del IFE.

En el primer debate por estos delitos, realizado en agosto pasado, el mismo tribunal condenó a Viviana Fernández y Javier Navarreta, ex gerenta y ex gerente de las agencias del PAMI en las localidades de Orán y Embarcación, a la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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