Una de ellas es de un primo lejano de Marcos Peña. Les aplicaron multas millonarias porque siguieron desmontando

Diez meses después de emitida la resolución 19/18, el Gobierno salteño multó a tres fincas por haber desmontado sus predios a pesar de la inmovilización que había impuesto el Poder Ejecutivo.

Curiosamente, la organización Greenpeace celebró la sanción como una victoria propia, a pesar de que sus reclamos anteriores al 24 de enero, cuando se emitió la resolución 19/18, fueron desestimados de hecho.

Trámite farragoso

Los supuestos ilícitos, que seguramente las empresas recurrirán judicialmente, nada tienen que ver con las incursiones de los mediáticos ambientalistas que acusaron al propietario de una de las fincas, Alejandro Braun Peña, poniendo llamativo énfasis en el lejano parentesco del inversor con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Entre noviembre de 2017 y enero de 2018, los activistas hostigaron a Braun Peña y al gobernador Juan Manuel Urtubey. En enero, el entonces ministro y ahora secretario de Ambiente, Sergio Bergman, envió un mensaje en el que impugnó las autorizaciones que en 2014 había emitido la provincia para que 32 fincas pudieran desarrollar sus campos. Allí comenzó un procedimiento extraño: el gobierno reivindicó sus facultades para tomar aquella decisión y desconoció la intromisión de Bergman. Pero igual ordenó suspender la actividad.

Si el ordenamiento territorial es una traba burocrática para cualquier desarrollador rural, lo que ocurrió este año con las 32 fincas paralizadas no hizo más que empeorarlo. En medio se constituyó una mesa con la inesperada presencia de activistas ambientales. No quedó claro si la actividad en los 32 predios quedó normalizada.

Ayer, el ministerio de Producción anunció que su secretaría de Ambiente, "sancionó con multas a una finca del departamento San Martín y dos del departamento Rivadavia, por incumplimiento de la Resolución 19/18 que estipula la suspensión de actividades de cambio de uso de suelo"

En el departamento San Martín, se impuso una multa superior a los $ 2.500.000 a Finca Cuchuy, de Braun Peña, por el desmonte ilegal de 546 hectáreas. Aclara el ministerio que "se emitió una notificación a la firma ordenándole paralizar toda actividad de desmonte". A través del sistema de teledetección (imágenes satelitales) constataron que las actividades de desmonte proseguían. El sumario administrativo se concretó en abril. La Finca Cuchuy deberá restaurar la superficie desmontada. En la misma situación y con una multa de más de 3 millones de pesos, se encuentran Finca Los Pozos, en la que se desmontaron ilegalmente 644 ha; y Finca La Peregrina, con un total de 167 ha desmontadas ilegalmente, ambas ubicadas en el departamento Rivadavia.

Denuncias cruzadas

El trámite no dejó de ser traumático para Greenpeace. Braun Peña había denunciado a Martín Prieto - el presidente suspendido, y al activista Hernán Giardini por calumnias. Y estos a él, por amenazas. La sanción que aplicó ayer el gobierno de Juan Manuel Urtubey no le da la razón a los "verdes" ya que sus denuncias anteriores al 24 de enero parecen haber quedado sin efecto. Se deduce que la ilegalidad fue después, y no por depredación sino por desobediencia. Ayer, la responsable de la campaña de bosques, Noemí Cruz, celebró en términos de epopeya que "el gobierno de Salta dictó una disposición inédita y sienta precedente".

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