Un proyecto presentado por el diputado Luis Albeza busca poner bajo control a los delitos de usura en la Provincia de Salta y los aprietes de prestamistas ilegales a personas endeudadas. El comité actuaría como receptor de denuncias y tendría la atribución de investigar de oficio, para luego derivarlos a la justicia.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta se reunirá mañana en una nueva sesión ordinaria donde tendrán para tratar el proyecto de comité que propone el legislador Luis Albeza.

El autor del proyecto comentó a Nuevo Diario que la iniciativa surge para dar control a los apremios que sufren las personas que solicitan dinero urgente a prestamistas ilegales.

La propuesta del legislador prevé que el Comité actué como un receptor de denuncias y de difusión para relevar los casos e investigar de oficio y luego dar intervención a la justicia para que evaluará llevar adelante la causa y sancionar la usura.

Según prevé la propuesta un comité con un director contratado a través de financiamiento provincial, dispondría de empleados de distintas carteras ministeriales para su funcionamiento. Además establece que deberá haber una campaña de difusión para que los salteños sepan sobre el organismo para denunciar.

El legislador sostuvo que está tarea se tendría que realizar la Secretaría de Defensa al Consumidor de la Provincia, pero que "en estos casos hace agua”.

Albeza sostuvo que la cantidad de prestamistas ilegales de dinero crecieron en los últimos años en la Provincia y en el país, y mucha getne ha sido víctima de aprietes de quienes ejercen en el cobro con intereses usurarios de los préstamos.

“Lo que más vemos es la modalidad de pagos diarios o semanales, la mayoría de las personas que no pueden acceder al sistema formal de créditos terminan cayendo en estas alternativas ilegales, que no tributan y que terminan estableciendo tasas de interés altísimas”, explicó Albeza.

Para Albeza, las tasas que ofrecen los prestamistas ilegales llegan a superar hasta 10 veces el costo de la mayoría de los créditos formales. Además de un cobro que se caracteriza por mantener bajo constantes amenaza al deudor.

“Es una situación que ha llevado a vecinos de la provincia a vender sus propiedades para poder pagar las deudas usurarias o esconderse”, sostuvo Albeza.

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