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Tartagal: Imputan a una ex funcionaria junto a dos personas por cobro de coimas
- Publicado: Viernes, 03 Marzo 2023 17:41
La acusación se formalizó el último miércoles donde la ex funcionaria municipal Carla Cordero, junto a la empleada Sandra Domínguez y el hijo de esta última, Franco Hurtado, fueron imputados por la fiscal federal Maria del Carmen Nuñez.
Los delitos que se le imputan a Cordero y Domínguez son exacciones ilegales con dos agravantes en calidad de autoras, y en el caso de Hurtado, se lo juzga en calidad de partícipe.
Según la hipótesis que motiva la investigación, se plantea que los imputados cobraban coimas a beneficiarias tartagalenses de Plan Acompañar, que es un programa del Ministerio de la Mujer de la Nación que brinda una contención económica de $65.000 por 6 meses a mujeres víctimas de violencia de género y en condición de vulnerabilidad económica.
La querella busca probar que se cobraba una coima a las mujeres a cambio de dejarlas inscribirse dentro del programa cuyas admisiones localmente las coordinaba Cordero.
“Hay bastantes pruebas de depósitos de beneficiarias en las cuentas particulares de Banco Macro de estas personas y aparece también otra persona más que aparentemente trabajaba en la Municipalidad, que habría recibido también depósitos”, indicó la abogada querellante Sara Esper a Nuevo Diario, quien es defensora de una de las víctimas de las coimas.
El Banco Macro presentó un informe donde figuraban transferencias económicas desde cuentas de las beneficiarias del Plan a cuentas de las tres personas implicadas. Además también faltan conocer informes del Banco Nación y de la app Mercado Pago, donde testimonios indican que también se enviaba dinero.
Además, la fiscal Nuñez confirmó que en el transcurso de los días se va a avanzar con nuevas imputaciones. Esper comentó que hay más empleados municipales que habrían recibido depósitos y se detectó que el joven Hurtado retransfería dinero a otras personas.
Hablo Cordero
En la última audiencia de imputación, tanto Domínguez y Hurtado se abstuvieron de declarar, no así la ex funcionaria Cordero quien si prestó declaración.
Según consignó Esper, la funcionaria confirmó que la clave para el sistema de carga de nuevas beneficiarias figuraba a su nombre, pero que ella dejaba que esto lo administren por confianza sus empleadas, algo que la letrada consideró que califica en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Surgió que la clave de acceso para las tramitaciones que tenían que hacer en el marco del programa estaba a nombre de ella, pero ella dijo que el manejo lo hacían sus empleados por confianza, ahora eso no te libera de la responsabilidad”, dijo la abogada.
En cuanto a las transferencias que recibió de parte de beneficiarias, Cordero argumentó que fueron pagos que le dieron las beneficiarias en razón de la compra de una posesión, algo que Esper consideró incongruente, ya que las beneficiarias del Plan Acompañar es gente sin ingresos formales y casi en situación de calle dado su contexto de vulnerabilidad socioeconómica.
“El programa Acompañar requería que hayas sido víctima de violencia de género y que estés en un estado de vulnerabilidad económica, entonces si vos tenes plata para comprar una posesión, ¿dónde está tu vulnerabilidad económica?”, aseveró la abogada.
Se determinó una plazo de 6 meses de investigación penal donde se debe hacer las etapas de rejunte de pruebas, tiempo después se confirmará si la causa avanza a juicio o se sobresee a los implicados.
El municipio manejó 4.100 personas que fueron parte del Plan Acompañar. Todo el proceso está siendo atendido por la Fiscalía de Orán y desde allí solicitan que todas aquellas beneficiarias que hayan sido víctimas de este delito, que no solo continúen denunciando, sino que también se dispuso un correo electrónico para que se puedan hacerlo por ese medio. El mismo es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
