El Observatorio señala que la no adhesión al protocolo 2019 "redunda en desigualdad y discriminación en el reconocimiento, acceso y ejercicio de los derechos humanos de las personas con capacidad de gestar de la provincia de Salta".

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres, recomienda al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Provincial, que implemente en todo el territorio de la provincia de Salta el acceso al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo 2019.

La Recomendación N° 8 del organismo creado por Ley Nº 7863, apunta a que en todos los casos se garantice el derecho a la realización de Interrupción Legal del Embarazo de acuerdo a los principios rectores de autonomía, transparencia activa, accesibilidad, no judicialización, confidencialidad, privacidad y celeridad.

Asimismo, la no adhesión a la 2da Edición del Protocolo (2019), redunda en desigualdad y discriminación en el reconocimiento, acceso y ejercicio de los derechos humanos de las personas con capacidad de gestar de la provincia de Salta, en particular el derecho a la salud y la utilización del progreso científico y tecnológico.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, brindó una conferencia de prensa, ayer, para aclarar que en Salta sigue vigente el protocolo de aborto no punible que la Nación elaboró en 2015 y al que la Provincia adhirió en mayo del año pasado.

El martes, desde el Gobierno provincial anunciaron que Salta no adherirá de forma automática a la nueva guía de procedimientos para la interrupción legal del embarazo (ILE) que elaboró la Nación y que entró en vigencia el viernes. Antes de hacerlo -o no-, analizarán los alcances de este protocolo y pedirán la opinión de los legisladores.

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