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Detectan “numerosas irregularidades” en la administración provincial de Incluir Salud: interviene la justicia federal

La Sindicatura sugirió al Ministerio de Salud que también se remita la documentación a la Fiscalía de Estado de Salta. A nivel nacional, se manejan alrededor de 3000 millones de dólares anuales.


Por Aries, el síndico general de la Sindicatura General de la Provincia, Federico Mateo, afirmó que el programa Incluir Salud, el cual es gestionado a nivel provincial por la Unidad de Gestión Provincial, se encuentra inmerso en "una matriz de corrupción nacional", una situación que, según él, se origina en la misma Nación y afecta a todas las provincias.

Mateo detalló que uno de las principales irregularidades radica en la base de datos de los beneficiarios del programa, la cual, según el actual titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Dr. Diego Spagnuolo contiene más del 80% de datos que no corresponden, con la discapacidad misma, o que no son carentes de recursos. 


"La corrupción generada por este programa venía desde la cabeza de Nación", lamentó Mateo. 

“En este caso recomendamos al ministro Federico Mangione que presente la denuncia al juzgado Penal Federal y cayó en la fiscalía a cargo del Dr. Toranzos. En nuestras conclusiones consideramos que debía ser federal,  ya que no detectamos con pruebas suficientes daño al fisco provincial, sin embargo, sugerimos que el Ministerio de Salud también remita una copia a Fiscalía de Estado lo cual si sucedió”, explicó.

El monto defraudado es incierto, pero Mateo indicó que se trata de cifras muy considerables. Sólo en el período 2023, el programa contaba con un presupuesto mensual fijo de 60 millones de pesos para gastos básicos, mientras que los desembolsos más grandes, como los relacionados con medicamentos de alto costo y traslados de pacientes, eran realizados directamente desde Nación. 

Según estimaciones, a nivel nacional, se manejan alrededor de 3000 millones de dólares anuales.

Por último, Mateo advirtió que las investigaciones se ampliaran a períodos anteriores, ya que la denuncia presentada abarca únicamente el año 2023, y adelantó que funcionarios vinculados a la administración de estos fondos- como el caso de Emilce Maury- serán citados para dar explicaciones y confirmar o refutar las observaciones realizadas. 

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