La fiscal solicitó una pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo para Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo, junto con diez años de inhabilitación para ejercer cargos electivos en la Asociación Docente Provincial (ADP).

En la Sala VI del Tribunal de Juicio se desarrollan los últimos tramos de la audiencia de debate seguida contra cuatro personas acusadas por administración fraudulenta y estafas reiteradas en perjuicio de la Asociación Docente Provincial (ADP) y agremiados.

El último viernes comparecieron los últimos testigos y, seguidamente, solicitaron declarar dos de los imputados. Está previsto que hoy lunes se lleve a cabo la audiencia de alegatos.

En el juicio están imputados Patricia del Valle Argañaraz (exsecretaria general de la ADP) y Ana María Cerezo (extesorera) como coautoras de los delitos de  administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos), en concurso real; Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi como partícipes necesarios de administración fraudulenta y coautores de estafas reiteradas.

Durante la mañana del viernes, Raúl Dante Argañaraz amplió la declaración brindada el primer día del juicio. Se refirió a la creación del fideicomiso “Virgen de Urkupiña” y a las afirmaciones hechas por algunos testigos a lo largo de la audiencia.

Luego declaró Ana María Cerezo, ofreciendo también su versión sobre los hechos que se le imputan.

El juicio unipersonal es presidido por el juez José Luis Riera. Por el Ministerio Público interviene la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.

El pedido de la fiscalia

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al juez José Luis Riera, que declare culpables a Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la ADP, y a Ana María Cerezo, tesorera, por los delitos de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas, en calidad de coautoras.

También pidió que Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi sean considerados responsables de los mismos delitos, como partícipes necesarios.

En su alegato, Salinas Odorisio consideró que durante la audiencia de debate se presentaron pruebas que demuestran la responsabilidad de los acusados en el desvío de fondos de la Asociación Docente Provincial (ADP).

Según la fiscal, utilizaron diversos mecanismos administrativos, como la emisión de facturas y documentos falsificados, para justificar pagos y destinar dinero a fines personales.

Además, señaló que cometieron estafas en contratos que docentes firmaron con el Fideicomiso «Virgen de Urkupiña», un proyecto que promovieron entre los asociados con la promesa de acceso a viviendas a cambio de un desembolso inicial y pagos mensuales.

Por este motivo, la fiscal solicitó una pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo para Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo, junto con diez años de inhabilitación para ejercer cargos electivos en la Asociación Docente Provincial (ADP). Para Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, pidió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Fuente: Nuevo Diario de Salta

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