Tras el decomiso de dos fincas del Clan Castedo ubicadas en la zona de frontera, el Estado Nacional deberá adoptar las medidas necesarias para dar el destino que entiende corresponde beneficiará al bien común.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y otras instituciones llevan adelante desde el martes y hasta mañana una inspección a las propiedades, “El Aybal” y “El Pajeal”, decomisadas al “Clan Castedo”.

Durante los juicios respectivos se dio por cierto que la organización criminal estaba involucrada en narcotráfico y lavado de activos.

Las fincas decomisadas, de 23,000 hectáreas, se encuentran en Salvador Mazza, Salta, cerca de la frontera con Bolivia.

Y en los juicios quedó demostrado que las tierras fueron utilizadas por el clan para establecer un paso fronterizo ilegal y contrabandear drogas.

El decomiso fue ordenado tras la confirmación en 2022 de condenas a los miembros del clan, Reynaldo “Delfín” y Raúl Castedo por asociación ilícita y otros delitos.

Donde la participación de Ernesto Aparicio, exdiputado provincial, como facilitador fue clave en las operaciones delictivas.

Según el decreto 598/2019, que respaldó al decomiso de estos bienes, se deben gestionar de tal forma que eviten riesgos de abandono, pérdida de valor, o inseguridad, promoviendo su utilidad pública.

Destino social de los bienes:

En línea con el artículo 305 del Código Penal, se debe buscar que, al usar las propiedades, estas deben atender necesidades sociales.

Se propone destinarlas a programas de salud, capacitación laboral y otros proyectos para beneficiar a sectores vulnerables de la zona.

En las inspecciones, que aún se continúan cumpliendo en ambas fincas, participan entidades como la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, y dependencias provinciales de Salta, bajo la coordinación de AABE y otros organismos judiciales y administrativos.

Este enfoque busca no solo garantizar un manejo responsable de los bienes incautados, sino también transformarlos en activos que beneficien directamente a la comunidad afectada por las actividades criminales.

Estas medidas se adoptaron merced al pedido de los fiscales generales Carlos Amad y Eduardo Villalba, con la asistencia de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos-SIFRAI, la Dirección General de Recuperación de Activos -DGRADB- y la PROCUNAR-Procuraduría de la Narcocriminalidad.

Más grande que la Ciudad Autónoma

Las fincas decomisadas El Pajeal y El Aybal, lindantes con Bolivia, suman una superficie de más de 236 kilómetros cuadrados, mientras que -por ejemplo- la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 203.

Para reflejar la importancia de la finca y el alcance delictivo, la investigación pudo contar con testigos y otras pruebas, de las que surgía la intervención, en su momento, del exdiputado Aparicio por “cualquier situación de denuncia contra los Castedo; lo primero que hacían éstos era comunicarse con el ex diputado -ya fallecido- porque tenía contactos con gente de la justicia, hablaba con los fiscales, con los jueces, o con cualquier otro político por el tema de los negocios o las fincas”.

Siempre se destacaba que los Castedo se preocupaban por el control de los caminos y el portón principal de paso a Bolivia era la obsesión y que Raúl era el más osado en esa tarea, pues en una ocasión junto a sus colaboradores impidió que el personal de la Gendarmería Nacional recorriera el lugar, “echando manos a la cintura como insinuando que iban a sacar armas, lo que determinó a los gendarmes a retirarse”.

Las condenas se dictaron en 2022

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta, presidido por Federico Santiago Díaz e integrado por Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, condenó en julio del 2022 a Delfín Reynaldo Castedo, a 16 años de prisión tras considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de dicha actividad.

Además, fue condenado como partícipe necesario del delito de “falsificación material de documento público” y coautor de “falsedad ideológica de documento público agravada por tratarse de un documento destinado a acreditar la habilitación para circular vehículos”.

Por otra parte, los jueces condenaron a Raúl Amadeo Castedo -hermano del jefe de la organización- y al martillero público Eduardo Torino, a nueve años de prisión como miembros de una asociación ilícita.

Fuente: Nuevo Diario de Salta

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