En octubre de 2022, en la página web del Ministerio Público, quedó registrada una denuncia anónima contra una vecina del barrio Solidaridad. La acusaban de vender sustancias estupefacientes en su domicilio y también dentro del penal (Unidad Carcelaria 1).

El Grupo de Drogas Ufinar inició una investigación. Se solicitaron informes a empresas telefónicas y, posteriormente, la intervención de algunas líneas. Paralelamente se llevaron a cabo tareas de vigilancia. Se constató que la mujer señalada en la denuncia anónima vendía drogas en su casa y se comunicaba continuamente con determinadas personas. Se identificaron además llamadas al Servicio Penitenciario. Algunas de las conversaciones interceptadas hacían referencia a encargos realizados por internos que -incluso- ya habían recibido por adelantado (mediante transferencia) el pago por la droga que las imputadas debían ingresar al penal. 

La pesquisa concluyó en que las acusadas concurrían al establecimiento carcelario para visitar a familiares. Una de ellas, a su hermano y a su cuñado. Otra, a su hijo.

Se descubrió que entraban las sustancias prohibidas colocándolas en sus partes íntimas. De la misma manera ingresaban teléfonos celulares.

En un procedimiento abreviado llevado a cabo en la Sala III del Tribunal de Juicio, cuatro mujeres (dos de 38 años de edad, una de 63 y otra de 30), resultaron condenadas a cuatro años de prisión efectiva más multa por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por cometerse en un lugar de detención, en diferentes grados de participación (coautoras, partícipes secundarias).

Por el mismo delito, cuatro sujetos resultaron condenados a seis años de prisión efectiva y multa. Todos ellos se encontraban cumpliendo condenas anteriores, por lo que la pena fue unificada.

Fuente: Nuevo Diario de Salta

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