La reiteración de cortes de energía eléctrica que dejaron durante enero a oscuras a amplias zonas del norte argentino volvió a exponer una problemática que en Salta y Jujuy se arrastra desde hace años, pero que en los últimos días alcanzó un punto crítico.

Más de 600 mil usuarios se vieron afectados por interrupciones prolongadas del servicio, con consecuencias directas sobre la vida cotidiana, la actividad económica y la seguridad sanitaria de miles de familias. En este escenario, el gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono del reclamo ante Nación y exigió sanciones concretas y mayores controles sobre la empresa transportista Transnoa, a la que responsabilizó por una “negligencia severa” en la gestión de la contingencia que derivó en los apagones masivos.

Un reclamo formal

Sáenz mantuvo una reunión de trabajo con el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, en la que planteó la necesidad urgente de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) realice auditorías exhaustivas sobre las inversiones y el funcionamiento operativo de Transnoa, empresa concesionaria del transporte de energía en alta tensión en el NOA.

El mandatario estuvo acompañado por la senadora nacional Flavia Royón y entregó formalmente la denuncia administrativa impulsada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp) junto a la Secretaría de Energía de Jujuy.

El documento detalla las fallas que derivaron en los cortes registrados los días jueves y viernes de la semana pasada, con interrupciones que, en algunos casos, superaron las siete horas acumuladas.

Desde la Provincia se remarcó que las líneas de alta tensión involucradas son de jurisdicción nacional, por lo que Salta no tiene injerencia directa en su operación ni mantenimiento, y que la responsabilidad recae de manera directa sobre la transportista.

Indisponibilidad logística y falta de inversiones

Según consta en la denuncia presentada, los cortes se originaron en una contingencia climática: la crecida del río San Francisco interrumpió la línea de alta tensión que corre paralela a la ruta provincial 5, lo que obligó a derivar la carga por la línea alternativa desde Ledesma hacia Pichanal. Esa vía, sin embargo, se vio rápidamente saturada.

Lo que encendió las alarmas fue la respuesta de la empresa. Transnoa demoró alrededor de tres horas en enviar personal técnico al lugar del incidente, una tardanza que las autoridades calificaron como “inaceptable” para una compañía que percibe un porcentaje de la facturación total del sistema eléctrico nacional. La denuncia habla de una base operativa insuficiente, falta de personal disponible y carencias logísticas que impidieron una respuesta rápida ante la emergencia.

Para el Gobierno provincial, estos elementos configuran una conducta negligente que debe ser sancionada con mayor rigor por parte del ENRE, con el objetivo de garantizar que la transportista mantenga operativas sus instalaciones y cumpla con los estándares de respuesta previstos por la ley.

El malestar social y el reclamo de los usuarios

Mientras se activaban los reclamos institucionales, el malestar social se hizo visible en las calles. En localidades del norte salteño, vecinos se manifestaron frente a oficinas de la empresa distribuidora Edesa, incluso durante la misma noche en que se producían los cortes.

Referentes sociales y organizaciones de Defensa del Consumidor comenzaron a difundir un modelo de nota de reclamo para que los usuarios afectados la presenten ante el Enresp. El documento, dirigido al presidente del organismo, Carlos Saravia, detalla una serie de puntos que, según los usuarios, agravan la situación: tarifas entre las más altas del país, falta de inversiones en generación, transporte y distribución, monopolización del servicio, incumplimiento del contrato de concesión y demoras en la respuesta ante reclamos por daños en electrodomésticos producto de las oscilaciones de tensión.

En el norte provincial, especialmente en el departamento General San Martín, los vecinos denuncian que a los apagones prolongados se suman “bajones” y picos de tensión casi diarios, que afectan artefactos, comercios y servicios esenciales.

Un problema histórico que vuelve al Congreso

La crisis reavivó además el debate político sobre el esquema energético regional. El diputado nacional Bernardo Biella, junto a la diputada provincial Marianela Ibarra, impulsan la presentación de pedidos de informe y un balance energético a nivel nacional para conocer el estado real de las inversiones y las responsabilidades de los distintos actores del sistema. Del trabajo conjunto también participa la ex diputada provincial María Cristina Frisoli, quien acompaña el reclamo y apunta a que se avance en soluciones de fondo para una problemática que, según coinciden, no es coyuntural sino estructural.

En el esquema energético del norte, la Central Térmica Güemes —operada por Pampa Energía—, Transnoa y Edesa cumplen roles clave en la generación, el transporte y la distribución. Desde los distintos sectores se remarca que la falta de coordinación y de inversiones sostenidas termina impactando siempre en el mismo eslabón: los usuarios.

Uno de los puntos más críticos señalados tras el último apagón fue la imposibilidad de activar las denominadas “reservas frías”, que deberían funcionar como respaldo ante emergencias. Según se indicó, estas no pudieron entrar en operación por falta de combustible, lo que derivó en cruces de responsabilidades entre la transportista y la distribuidora, sin respuestas concretas para los vecinos.

Las consecuencias de los cortes de energía exceden largamente la incomodidad doméstica. Comercios obligados a cerrar, pérdidas económicas, dificultades en el sistema de salud, riesgos para pacientes electrodependientes y problemas de seguridad ciudadana forman parte de un escenario que se repite cada verano en el norte salteño. Por eso, tanto desde el Gobierno provincial como desde el Congreso y las organizaciones vecinales coinciden en la necesidad de una solución integral y de largo plazo. La exigencia es clara: controles efectivos, sanciones cuando correspondan y un plan de inversiones que garantice un servicio eléctrico confiable y estable para una región que, desde hace más de dos décadas, convive con una crisis energética sin respuestas definitivas.

Fuente Nuevo Diario de Salta

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