La provincia de Salta atraviesa desde 2022 un régimen permanente de Emergencia Hídrica declarado por escasez de agua.

Durante la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, la medida fue prorrogada sucesivamente mediante distintas leyes aprobadas por la Legislatura provincial, mientras persisten problemas estructurales de abastecimiento, infraestructura y acceso al agua potable en amplias regiones del territorio salteño.

El inicio: Ley 8355

La emergencia fue declarada oficialmente mediante la Ley Provincial Nº 8355, sancionada el 29 de noviembre de 2022. La norma declaró el “Estado de Emergencia Hídrica por escasez de agua” en todo el territorio provincial por el plazo inicial de un año.

La ley creó además:

• un Comité de Crisis de Emergencia Hídrica;
• facultades extraordinarias para distintos organismos;
• y mecanismos especiales para contrataciones, obras e intervenciones urgentes.

Entre los organismos involucrados quedaron:

• Ministerio de Infraestructura;
• Secretaría de Recursos Hídricos;
• Ente Regulador de los Servicios Públicos;
• Aguas del Norte;
• Defensa Civil;
• y ministerios sociales y sanitarios.

Las sucesivas prórrogas

Primera prórroga: Ley 8404

En diciembre de 2023, la Legislatura volvió a extender la emergencia mediante la Ley Nº 8404, prorrogando el régimen hasta diciembre de 2024.

La norma incorporó además:

• restricciones para nuevos desarrollos urbanos;
• obligación de macro y micro medición;
• controles sobre captación de agua;
• y prioridad absoluta para el abastecimiento poblacional.

Sin embargo, el propio Poder Ejecutivo reconoció objeciones constitucionales sobre algunos artículos por considerar que excedían el carácter “temporario” que debe tener toda ley de emergencia.

El decreto promulgatorio firmado por Sáenz advirtió expresamente que:

• varias disposiciones parecían permanentes;
• cuando jurídicamente una emergencia debe ser limitada en el tiempo.

Segunda y tercera prórroga

Durante 2024 y 2025, el Gobierno volvió a solicitar nuevas extensiones argumentando que:

• persistía la crisis de abastecimiento;
• existían problemas estructurales históricos;
• y aún no estaban finalizadas numerosas obras.

La Ley Nº 8527, sancionada en diciembre de 2025, prorrogó nuevamente la emergencia hídrica hasta diciembre de 2026.

En la práctica, Salta ingresó así en un esquema casi permanente de excepcionalidad administrativa en materia hídrica.

Las zonas más afectadas

Aunque la emergencia abarca formalmente a toda la provincia, los principales focos críticos durante la gestión Sáenz estuvieron en:

• San Martín;
• Rivadavia;
• Orán;
• Anta;
• Santa Victoria Este;
• y sectores del Valle de Lerma.

Particularmente grave fue la situación del norte provincial:

• colapso del sistema Itiyuro;
• problemas de potabilización;
• cortes reiterados;
• agua contaminada;
• y comunidades enteras abastecidas mediante camiones cisterna.

Obras, contrataciones y cuestionamientos

Durante la emergencia:

• se aprobaron perforaciones;
• reemplazo de acueductos;
• nuevas cañerías;
• y obras de captación.

Entre ellas:

• obras en Coronel Cornejo;
• sistema Itiyuro;
• acueducto Aguay–Vespucio;
• y refuerzos para General Mosconi y Tartagal.

Sin embargo, sectores opositores y organizaciones sociales cuestionaron:

• la lentitud de ejecución;
• la reiteración de emergencias;
• la falta de soluciones definitivas;
• y el uso prolongado de facultades excepcionales.

Debate político

La prórroga de la emergencia hídrica también dejó fuertes cruces políticos.

En 2023, legisladores vinculados a Javier Milei votaron en contra de la extensión impulsada por el oficialismo provincial.

Entre ellos:

• Roque Cornejo
• José Gauffin
• Sofía Sierra
• Griselda Galleguillos

Los cuestionamientos apuntaban a:

• falta de planificación;
• continuidad de la crisis;
• y ausencia de soluciones estructurales pese a las prórrogas sucesivas.

Emergencia permanente

Uno de los principales debates jurídicos y políticos gira justamente sobre ese punto:
¿puede una emergencia convertirse prácticamente en permanente?

La propia doctrina constitucional citada por el Ejecutivo provincial sostiene que:

• las leyes de emergencia deben ser temporarias;
• excepcionales;
• y limitadas estrictamente al período crítico.

Sin embargo, desde 2022:

• Salta mantiene vigente el régimen;
• las prórrogas se suceden año tras año;
• y la crisis hídrica continúa afectando a miles de familias.

El trasfondo estructural

Especialistas coinciden en que el problema excede la coyuntura climática.

Entre las causas históricas aparecen:

• falta de inversión sostenida;
• crecimiento urbano sin planificación;
• infraestructura obsoleta;
• pérdidas de red;
• deforestación;
• sequías prolongadas;
• y déficit histórico en saneamiento y captación.

Mientras tanto, la provincia sigue funcionando bajo emergencia hídrica y el gran interrogante político permanece abierto:
si las prórrogas constantes representan una herramienta necesaria frente a una crisis real o si terminaron consolidando un régimen excepcional sin resolver de fondo el problema estructural del agua en Salta.

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