El máximo tribunal provincial rechazó los planteos de inconstitucionalidad presentados por dirigentes de distintos espacios políticos. La Ley 8535 establece nuevas reglas para la presentación de candidatos, la conformación de alianzas y la acumulación de votos, con consecuencias directas para las elecciones provinciales y municipales de 2027.

SALTA | 12 de noviembre de 2026. La Corte de Justicia de Salta confirmó la constitucionalidad de la Ley 8535 de Participación Democrática, sancionada el 30 de abril de 2026, y rechazó las acciones judiciales que cuestionaban distintos aspectos de la reforma electoral.

La resolución, difundida oficialmente el miércoles 11 de noviembre, sostiene que la Legislatura provincial actuó dentro de las atribuciones otorgadas por las constituciones Nacional y Provincial al establecer las nuevas reglas electorales.

El pronunciamiento adquiere especial relevancia de cara a las elecciones de 2027, cuando los salteños deberán elegir autoridades provinciales y municipales bajo un sistema que permite múltiples candidaturas dentro de una misma fuerza política y la acumulación de sus votos.

LA CORTE RESPALDÓ LAS FACULTADES DE LA LEGISLATURA

En sus fundamentos, el máximo tribunal recordó que los artículos 5, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional reconocen la autonomía de las provincias para organizar sus instituciones y establecer sus propios regímenes electorales.

Asimismo, consideró que el artículo 56 de la Constitución de Salta y el artículo 127, inciso 16, habilitan a la Legislatura provincial a reglamentar el sistema electoral.

Los magistrados señalaron que la elección de un determinado mecanismo electoral constituye una decisión de oportunidad y conveniencia que corresponde a los poderes políticos, siempre dentro de los límites constitucionales.

CANDIDATOS A GOBERNADOR: OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LISTAS EN 15 DEPARTAMENTOS

Uno de los aspectos centrales de la controversia fue la exigencia de que las fuerzas políticas que pretendan presentar candidatos a gobernador y vicegobernador deban competir con listas en todas las categorías de al menos 15 departamentos de Salta.

La Corte consideró razonable esta condición, al entender que guarda relación con la representación territorial que corresponde al titular del Poder Ejecutivo provincial.

El tribunal aclaró que esta obligación no modifica los requisitos personales establecidos por la Constitución para acceder a la Gobernación, sino que regula la organización y participación de las fuerzas políticas.

LA ACUMULACIÓN DE VOTOS: UNO DE LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DE LA REFORMA

La Ley de Participación Democrática introduce un mecanismo que permite que distintos candidatos pertenecientes a una misma fuerza política compitan en las elecciones generales.

En los cargos unipersonales, como gobernador e intendente, los votos obtenidos por los candidatos de un mismo partido, alianza o frente se suman y benefician al candidato más votado dentro de esa fuerza.

Esto significa que un candidato puede resultar electo gracias a la suma de votos de su espacio político, aunque otro postulante de una fuerza diferente haya obtenido individualmente más sufragios.

Este sistema ha generado controversias políticas por sus semejanzas con mecanismos de acumulación de votos asociados a la denominada Ley de Lemas.

Sin embargo, la Corte sostuvo que el procedimiento previsto por la legislación salteña respeta el principio de elección directa, al considerar que la designación de las autoridades surge de la voluntad del electorado sin intermediación de otro órgano.

LAS ALIANZAS DEBERÁN ESTAR FORMADAS POR AL MENOS DOS PARTIDOS

Otra disposición ratificada establece que los frentes electorales deben estar integrados por un mínimo de dos partidos políticos.

La Corte entendió que esta exigencia resulta razonable y que no vulnera el principio de igualdad, porque los partidos políticos individuales y las alianzas constituyen organizaciones de distinta naturaleza.

La norma también permite que las agrupaciones municipales integren estos frentes, siempre que cumplan las condiciones legales correspondientes.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS ELECCIONES MUNICIPALES?

La reforma tiene consecuencias concretas para municipios como Campo Quijano, Rosario de Lerma, Cerrillos, La Merced y las demás localidades salteñas.

En las elecciones municipales, los frentes y alianzas podrán presentar hasta tres listas de concejales por cada lista de intendente.

Además, para la elección de intendente, los votos de los distintos candidatos de una misma fuerza política se acumularán en beneficio de quien obtenga la mayor cantidad de sufragios dentro de ese espacio.

En cuanto a los concejales, la distribución de bancas se realizará mediante un sistema proporcional de cocientes que tendrá en cuenta el total de votos de cada fuerza política y, cuando existan varias listas internas, la proporción de votos obtenida por cada una.

Por lo tanto, la forma en que los partidos y frentes organicen sus candidaturas tendrá incidencia directa en la competencia electoral y en la posterior representación dentro de los concejos deliberantes.

¿QUIÉNES CUESTIONARON LA LEY?

Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas en tres expedientes judiciales diferentes:

• Carlos Raúl Zapata y Lourdes Ríos Ayllón: expediente CJS 978.543/26.

• Claudio Ariel Del Plá: expediente CJS 978.978/26.

• Alejandro Patrón Costas: expediente CJS 978.881/26.

Los planteos cuestionaban disposiciones del nuevo régimen electoral, pero fueron rechazados por el máximo tribunal provincial.

¿SE TERMINÓ LA DISCUSIÓN?

Desde el punto de vista de la justicia provincial, el pronunciamiento confirma la validez constitucional de las disposiciones examinadas.

Sin embargo, la sentencia no implica que la Corte haya declarado que este sistema sea políticamente superior a otros mecanismos electorales ni que cualquier aplicación futura de la norma quede fuera de control judicial.

La discusión política continúa abierta, especialmente respecto de la acumulación de votos, la representación de las minorías y las condiciones de competencia entre fuerzas políticas.

La norma también contiene disposiciones sobre la boleta electrónica, el escrutinio manual de las boletas impresas y las pruebas toxicológicas obligatorias para determinados funcionarios y candidatos, aunque no todos estos aspectos fueron objeto específico de los fundamentos difundidos por la Corte.

RUMBO A 2027: NUEVAS REGLAS PARA UNA ELECCIÓN DECISIVA

Con esta resolución, el sistema electoral establecido por la Ley 8535 mantiene su vigencia y se proyecta como el marco normativo para las próximas elecciones provinciales y municipales.

La nueva legislación obliga a partidos, alianzas y dirigentes a considerar no solamente el respaldo individual de cada candidato, sino también la estructura territorial y la acumulación de votos dentro de cada fuerza política.

Para los ciudadanos, el desafío será comprender cómo se contabilizarán los sufragios y de qué manera se determinarán los candidatos electos.

La Corte resolvió la controversia constitucional provincial. La discusión sobre la conveniencia, la transparencia y la representatividad del nuevo sistema electoral continuará en el terreno político y ante la ciudadanía.

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