Habló con Hugo Moyano y Héctor Daer para ayudar a que avance con una paz gremial el acuerdo de precios y salarios. También decidió volver a prorrogar los mandatos en los sindicatos y así se congelará la pelea por la renovación de la CGT hasta noviembre próximo o marzo de 2022.

Alberto Fernández está tan preocupado por la inflación como por las elecciones legislativas. Piensa, con toda lógica, que ambas cosas están relacionadas. Si no baja el costo de vida, se ponen en riesgo sus posibilidades y las del Frente de Todos para 2023. Por eso les pidió a dos de los principales dirigentes sindicales, Héctor Daer y Hugo Moyano, que bajaran los decibeles de sus enfrentamientos y compartieran pacíficamente la instancia de diálogo tripartito que se abrió la semana pasada con el acuerdo de precios y salarios.

Una señal de distensión que considera imprescindible en un momento en el que hay que serenar la economía y que se complementó con la promesa a los representantes del campo de no subir las retenciones si ayudan a controlar los aumentos de los alimentos.

El objetivo de armar mesas sectoriales para evaluar y monitorear los aumentos de salarios y de precios, de manera de encarrilarlos dentro de la pauta inflacionaria del 29% que figura en el presupuesto, fue presentada por el gabinete socioeconómico a empresarios y sindicalistas y será la gran apuesta de la Casa Rosada para evitar que se repita a lo largo del año la inflación de enero, que fue del 4%. A ese ritmo, si fracasara en su intento, la inflación de 2021 podría acercarse al 60% en lugar del porcentaje previsto, cercano al 30%.

“¿Qué pidió el Presidente? Que hablemos y que nos juntemos sin pelearnos”, admitió a Infobae un sindicalista de peso. El Presidente comenzó por Daer, cotitular de la CGT, jefe del Sindicato de Sanidad y uno de los dirigentes con los que tiene más afinidad, y siguió con Moyano, el líder del Sindicato de Camioneros, dos gremialistas que cumplieron tres décadas de una fuerte enemistad. Así logró que ambos compartieran en paz la reunión inicial del acuerdo de precios y salarios, el miércoles, en el Museo del Bicentenario.

Daer y Moyano se sentaron cerca, apenas separados por el otro cotitular de la CGT, Carlos Acuña, enrolado en el barrionuevismo, y cuando les tocó hablar se mostraron moderados. El camionero incluso fue conciliador hacia el resto de sus colegas sindicales: destacó que allí había dirigentes de distintos sectores, pero advirtió que “todos estaban unidos en defensa del salario y de los puestos de trabajo”.

La rivalidad entre los líderes de Sanidad y Camioneros comenzó en los años noventa, cuando “los Gordos” apostaron a la figura de Carlos Menem, apoyaron las privatizaciones y delinearon un modelo “empresarial” de gremialismo que incluyó la incursión en los negocios de las AFJP, pero la mala relación se profundizó desde 2003, cuando Moyano fue el principal socio sindical de Néstor Kirchner y logró ventajas políticas y económicas a expensas (y en desmedro) de sus colegas.

El Gobierno hubiera preferido que la CGT sumara a su delegación para el acuerdo de precios y salarios a Moyano, al bancario Sergio Palazzo y al mecánico Ricardo Pignanelli, quienes hoy no integran la central obrera, pero finalmente las invitaciones dirigidas a los sindicalistas corrieron por cuenta de la Jefatura de Gabinete, que incluso incorporó a último momento a la CTA Autónoma, de perfil combativo, a la que los funcionarios marginan sistemáticamente de toda reunión oficial para privilegiar a la CTA de los Trabajadores, liderada por el diputado ultra K Hugo Yasky y la favorita de Cristina Kirchner.

A pedido del Presidente, el espectro sindical que concurrió al Museo del Bicentenario fue muy amplio y representativo, aunque hubo ausencias indisimulables a la luz de cómo está dividido el mapa del gremialismo: no fueron invitados dirigentes de la poderosa Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), ni tampoco del SEMUN (Sindicatos En Marcha para la Unidad Nacional), un sector piloteado por Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y que integran unas 30 organizaciones como Luz y Fuerza, petroleros privados y trabajadores del Gas, entre otros.

Esas ausencias pueden interferir en los planes pacificadores del Gobierno: antes de la reunión con el gabinete económico, Omar Maturano, titular de La Fraternidad, alertó en el grupo de whatsapp de la CGT: “Quienes vayan (al acuerdo de precios de salarios) no es problema porque seguramente nos representarán como corresponde, pero el problema es que en el sector del transporte el único representante es el secretario general de la CATT, Schmid, y si no concurre seguramente no apoyaremos ningún acuerdo”.

El plan de Alberto Fernández, aun así, está funcionando. Los ministros Martín Guzmán, Santiago Cafiero y Claudio Moroni dijeron exactamente lo que querían escuchar los sindicalistas (no habrá techos para las paritarias y los salarios deberían ubicarse “dos o tres puntos por encima” de la pauta inflacionaria del 30%) y hubo devolución de gentilezas: a excepción de Ricardo Peidró, jefe de la CTA Autónoma, el resto de los dirigentes gremiales ni mencionó el reclamo de que en los convenios se incorporen cláusulas de revisión salarial por si se llegara a disparar la inflación (como hicieron los bancarios).

Los gremialistas se fueron conformes del Museo del Bicentenario, aunque antes de llegar tenían otro motivo para no alterarse: ya nadie habla de la reforma del sistema de salud que impulsaba el kirchnerismo y que, como temían, iba a poner en jaque a las obras sociales. ¿También habrá sido Alberto Fernández el responsable de desactivar ese plan que tanto inquietaba al sindicalismo?

La semana para el sindicalismo fue tan buena que inclusive contempló el jueves pasado la visita del ministro de Educación, Nicolás Trotta, a la sede de la CGT. Allí, en un contacto tramitado por Sergio Romero, el líder de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Políticas Educativas de la central obrera, el funcionario escuchó el apoyo cegetista al regreso de las clases presenciales y convenció a sus interlocutores con un puñado de anuncios: la paritaria docente se reunirá el 18 de febrero para mejorar los sueldos del sector -el salario inicial es de $27.500- y habrá inversión en kits de protección para los maestros.

La tardía luna de miel con el Gobierno se completó con el anuncio de Sergio Massa sobre el proyecto para que sólo paguen el Impuesto a las Ganancias los trabajadores que ganan más de $150.000 por mes, un alivio en los sueldos para más de 1.250.000 personas. Era un reclamo del gremialismo desde el gobierno de Cristina Kirchner.

El clima sindical quedó tan distendido que tuvo derivaciones inesperadas: Luis Barrionuevo suspendió el asado que organiza todos los años en Mar del Plata para sus colegas sindicales y que siempre termina con críticas contra los gobiernos de turno. Estaba previsto para el sábado 20 de febrero, pero la jugada presidencial obligará a guardar la carne y los chorizos en el freezer. El líder gastronómicos admitió a sus allegados que por el momento no hay reclamos que hacerle al Gobierno.

¿Hasta dónde llegará la tregua sindical? Moyano aceptó el pedido de no confrontar hoy con Daer, pero, como anticipó Infobae, tiene en marcha un plan para conseguir la mayoría de los congresales de la CGT mediante el desplazamiento de Armando Cavalieri del Sindicato de Comercio de Capital, que desde la federación nacional aporta un número crucial de representantes en el congreso cegetista. Para ello comenzó a auspiciar política y económicamente la candidatura de Ramón Muerza, el principal opositor de Cavalieri, para los comicios en Comercio de 2022. El líder mercantil integra el sector de “los Gordos” junto con Daer.

En su afán de pacificación, y sin meterse en la interna sindical, Alberto Fernández también diseñó con el ministro Moroni otra herramienta decisiva: está por publicarse en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Trabajo que volverá a extender, esta vez por 90 días, los mandatos de los dirigentes gremiales con la excusa de que se mantienen los riesgos sanitarios por la pandemia.

El Gobierno lo había dispuesto por primera vez el 16 de marzo pasado, cuando estaba por comenzar la cuarentena obligatoria y la emergencia sanitaria tornaba imposible que los sindicatos realizaran elecciones, congresos y asambleas, por lo que suspendió por un mes todo lo que implicara movilización o aglomeración de trabajadores. La decisión fue prorrogada dos veces más y la última resolución de este tipo llevó la continuidad de los mandatos de los dirigentes gremiales hasta el 28 de febrero próximo.

Por eso la CGT debió postergar el congreso para renovar sus autoridades, previsto para marzo de 2020, y hasta el momento había planes para concretarlo en julio de este año. La nueva suspensión de los procesos electorales, que ahora llegaría hasta el 31 de mayo, probablemente obligue a pasar la elección cegetista para noviembre o marzo de 2022: es impensable que una decisión de alto voltaje político como el recambio de la conducción de la central obrera esté cerca de las PASO y de las elecciones legislativas.

De esta forma, el Presidente podrá evitar que la pelea entre Daer y Moyano por liderar la nueva CGT interfiera en los comicios nacionales y, además, tenga consecuencias negativas en la estabilidad económica. A menos que logre incidir para que ambos cedan sus posiciones tan intransigentes y accedan a compartir una amplia conducción colegiada de la central obrera.

Algunos estrategas sindicales imaginan una fórmula que podría conformar al Presidente: una CGT con cuatro cosecretarios generales, uno por cada sector interno. Daer, en nombre de “los Gordos” y los independientes; Pablo Moyano, por el moyanismo; Sergio Palazzo, por la Corriente Federal, y el lugar que resta podría ser para el barrionuevista Acuña o para Sasia, del ascendente SEMUN.

Todavía sigue siendo una ingeniería demasiado endeble porque antes hay que responder el interrogante que podrá amansar o no los ánimos sindicales en los próximos meses: ¿logrará el Gobierno ponerle un freno a la inflación? Es clave que Alberto Fernández haya podido aplacar temporariamente a los más indomables del gremialismo, pero en la Argentina hace décadas que nadie tiene la paz garantizada.

Infobae

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