La iniciativa distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Poder Ejecutivo, gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, "otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia".

El Gobierno nacional envió este lunes por la tarde al Congreso el proyecto de ley de emergencia Covid, que promueve la estandarización de los escenarios epidemiológicos y define las facultades del Presidente y de los gobernadores para dictar "medidas de cuidado de la población", según indicaron fuentes oficiales.

La iniciativa no distingue entre zonas geográficas sino que establece "parámetros epidemiológicos y sanitarios" conforme los cuales las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para evitar la propagación del coronavirus.

En este sentido, establece los criterios para determinar las condiciones de Bajo, Medio o Alto Riesgo Epidemiológico y de Alarma Sanitaria, por los cuales se regirán los distintos tipos de restricción.

Para que todas las medidas y facultades establecidas por el presente proyecto de ley puedan adoptarse en función de datos objetivos, según la situación de cada departamento, partido o aglomerado, se utilizarán tres indicadores:

1) la tasa de incidencia; 2) la razón del incremento de casos (asociada a los valores absolutos) y 3) la capacidad de respuesta del sistema de atención de la salud asociado con la ocupación de las camas de terapia intensiva.

Respecto de las clases presenciales, el proyecto indica que su suspensión "se dispone únicamente para los lugares de Alarma epidemiológica" y prevé que, previa consulta con las provincias, el Poder Ejecutivo "podrá morigerar o dejar sin efecto esa restricción".

Por su parte, la secretaría de Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, sostuvo este lunes que el proyecto de ley de emergencia Covid que fija restricciones sanitarias para afrontar la pandemia de coronavirus "atiende a las medidas y competencias que tienen cada uno de los gobernadores, los municipios y el Gobierno nacional", al advertir que el Estado está "obligado cuidar, preservar y proteger la vida de los habitantes".

Ibarra explicó que la iniciativa propone un "esquema general con parámetros epidemiológicos y sanitarios muy precisos" que establecen la aplicación de medidas de acuerdo a los niveles de riesgo bajo, medio y alto de cada jurisdicción.

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